Y de repente, todos somos expertos en Afganistán. Especialmente quienes utilizan las grandes crisis como arma política arrojadiza. Lo hemos visto durante la pandemia, donde la oposición política a Pedro Sánchez y el Govern independentista, lejos de tener altura de miras y arrimar el hombro, esto es, tener sentido de Estado y lealtad institucional, aprovecharon una emergencia sanitaria mundial sin precedentes para dar rienda suelta a la queja y el agravio. Que el PP critique al presidente español por el “caos en la evacuación de los españoles” o que el partido de Carles Puigdemont ajuste cuentas con la UE en general y con Josep Borrell en particular, por el “fracaso diplomático” de la UE –no perdonan los neoconvergentes el rechazo de las instituciones europeas al procesismo--, merece varios calificativos. Ninguno positivo.

El más suave sería “previsible” o “cansino”. Porque una cosa es ejercer el control de la acción política de nuestros gobernantes, algo tan saludable como democrático y necesario, y otra el reproche automático o la censura de brocha gorda. Dicho de otra manera, no es lo mismo el sentido crítico que el espíritu de contradicción. Que los populares pidan compensaciones para las empresas “afectadas por la ley rider”, esto es, las que fueron condenadas por usar falsos autónomos, suena a tuit facilón al que suelen suceder rectificaciones y matizaciones.

Temas tan importantes como la crisis de Afganistán no se pueden sustanciar en 280 caracteres. Como tampoco puede soslayar Sánchez las explicaciones debidas sobre una repatriación de españoles que seguramente ha sido caótica, sí, pero ¿alguien esperaba una evacuación ordenada, rápida y guionizada en una crisis como ésta?

Respecto a la oferta de acogida de refugiados del president Pere Aragonès, destacar su rapidez y necesidad, aunque es inevitable recordar que el historial de ERC en materia de acogida de menores extranjeros no acompañados deja mucho que desear. La gestión ha sido nefasta debido a la falta de recursos personales y económicos, algo que ha sido aprovechado por la ultraderecha para dar rienda suelta a sus soflamas xenófobas. No obstante, sería de agradecer que la Generalitat abandonara el tono propagandístico que le suele dar a sus "responsabilidades internacionales" ya que, tras anunciar solemnemente que la red de catalana de espacios de acogida está a disposición de los refugiados afganos, Aragonès exigió al Estado que pague porque, admitió, es el que tiene competencias en esta materia.

Es decir, que cansa un poco tener que leer la letra pequeña de los anuncios que hace el Govern, pero es irremediable si se quiere separar el grano de la paja secesionista, que todavía tira de supuestas estructuras de Estado --diplomacia catalana inexistente-- y de embestidas contra una España opresora que, según el siempre bizarro Jordi Puigneró, el hombre fuerte de Puigdemont en el consell executiu, es líder en censura en Internet junto Ucrania, Turquía, Bielorusia y Montenegro. El vicepresidente cita un estudio con tres fuentes, pero solo una de ellas habla de las restricciones en la red. Y en el caso de España, la referencia es un artículo de la agencia Catalan News, que depende de la Generalitat. Por supuesto, nada ha dicho el elocuente Puigneró sobre el informe de Reporteros sin Fronteras que denunció el acoso de cargos del Govern a periodistas críticos con el procés. O que el propio Puigdemont y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, bloqueen a tuiteros a la más mínima discrepancia.

Lo dicho, la letra pequeña y las lecciones que pretende dar el independentismo.