Ha llegado el momento. Se puede demorar unos meses, los que sean necesarios para acompasar las estrategias de cada partido y del Gobierno. Pero es la hora. El Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá asumir el pase que le brinda el Tribunal Supremo, que ha rechazado el tercer grado para los políticos presos. Y deberá ejercer el papel que le asigna el Estado para conceder indultos. No puede haber nada más grande ni generoso, desde un punto de vista democrático, que el indulto de un Estado ahora a quienes se saltaron la ley y pusieron en peligro, de forma grave, la convivencia social en Cataluña. Porque ese Estado tuvo la capacidad para ofrecer respuestas: un discurso sólido del Rey Felipe VI, necesario para dejar claro a los catalanes que respetaban la ley que no serían abandonados a su suerte, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que asumieron --¡atención!-- todos los altos dirigentes de la Generalitat, tan rupturistas como Elsa Artadi, que dice ahora que no se puede pactar nada con el Gobierno. ¿Mande?

Ese mismo Estado también tiene ahora la capacidad y la legitimidad para ofrecer los indultos pertinentes a todos los políticos presos que llevan ya tres años en prisión. No es un regalo a los independentistas. Es una oportunidad para el propio Estado, que abre una vía para superar el problema político que planteó un grupo de dirigentes nacionalistas, pero que abrazó una parte significativa de la sociedad catalana. Y puede permitir, y eso es lo más importante, que esos mismos políticos se responsabilicen desde la calle de las enormes carencias de los gobiernos de la Generalitat.

Sin excusas, sin utilizar de nuevo la retórica de la represión, Junqueras, Forcadell, Rull o Jordi Sànchez deben dar cuenta, cuando se expliquen y se les pregunte una vez en la calle, de las enormes barbaridades que cometieron, frente a los suyos y ante el resto de ciudadanos catalanes. Y deberán asumir que ese cuento ya se ha acabado, y que Cataluña necesita de un nuevo impulso, marcado por la gestión y el buen gobierno, si no se quiere consolidar un camino decadente. ¿Podrá Junqueras repetir mirando a los ojos de todos que sólo pretendía poner las urnas? ¿Podrá Forcadell esconderse en esa infantil posición para reiterar que ella no podía negarse a lo que reclamaba una mayoría parlamentaria en los fatídicos días de septiembre de 2017?

Las sociedades deben ofrecerse mutuamente nuevas oportunidades. Y es justo el momento, cuando la pandemia del Covid, para bien o para mal, ha cambiado todas las perspectivas, abriendo una ventana --vaya paradoja-- para rehacer muchas cosas en el conjunto de España: desde un cambio en el modelo productivo hasta un mayor reequilibrio territorial, con inversiones y avances en comarcas con una densidad de población muy pequeña, sea en Castilla-León o en los pueblos del interior de Tarragona y de las Terres de l’Ebre.

¿Que no quieren los indultos? Mejor, a la calle. El Gobierno tiene la última palabra y todo entra perfectamente en el terreno legítimo del Ejecutivo.

Haría bien el PP en secundar esa decisión. Porque no se trata de una victoria de un partido determinado, sino de la victoria del Estado, de un país democrático, con enormes carencias y problemas institucionales, pero que puede decirle al mundo que ha experimentado una transformación en todos los ámbitos que muy pocos imaginaban al inicio de la Transición. En vez de ver siempre derrotas, en todas las decisiones, el conjunto de fuerzas políticas constitucionalistas debería celebrar esos posibles indultos y emplazar a que todos esos políticos independentistas den la cara en la calle, con sus correspondientes inhabilitaciones, pero capaces de ser referentes, de nuevo, para los suyos, con el riesgo de que sean ellos quienes los dejen de lado por haber llevado a Cataluña a la actual situación de desgobierno e incapacidad.

Es un Estado, el español, que pese a todos sus fallos --los mismos que pueda tener Francia o Italia o Alemania --¿cambió la administración de un día para otro tras la caída del régimen nazi como defienden los independentistas?, más bien no, y deberían leer la literatura especializada para comprobarlo-- ha logrado importantes avances y conseguido notables victorias. ¿Una muestra? Resulta que Bildu aprueba los presupuestos de España para 2021 y pugna con el PNV para atribuirse que ha logrado la cesión de los terrenos del cuartel de Loyola en San Sebastián, una petición que aplaude... ¡el PP de San Sebastián! No tiene otro nombre que una victoria de la democracia española, después de que ETA, tras una sanguinaria carrera terrorista haya dejado de existir, sin haber logrado ninguno de sus objetivos políticos.

Y puede obtener otra gran victoria si deja a un puñado de políticos independentistas catalanes en la calle, políticos que han fracasado por completo con un proyecto que no iba a ninguna parte, poniendo en riesgo, eso sí, la convivencia entre catalanes.

Que brinde el Estado por sí mismo y se dé nuevas oportunidades para mejorar en todos los ámbitos. Exhibirá generosidad, justicia y poder.