Varios artículos difundidos en medios internacionales en las últimas semanas alertan de la grave crisis política que sufre España y advierten de que esa inestabilidad dificultará considerablemente la lucha contra el coronavirus y lastrará la recuperación económica.

Entre ellos, destacan los textos de Friedrich Leopold Sell (alemán, catedrático de economía en la Universidad Bundeswehr de Munich) --¿Es España un estado fallido, y cómo debería tratar la UE a este miembro?, publicado en el diario suizo Neue Zürcher Zeitung-- y Benoît Pellistrandi (francés, profesor del Liceo Condorcet y miembro de la Real Academia de la Historia) --¿España fracasada?, publicado en la web del centro de estudios Telos--.

En ambos casos, los analistas hacen una radiografía de la situación global de país, poniendo el acento en la tensión generada por las peleas partidistas con la excusa de cómo afrontar la pandemia; los escándalos que azotan al rey Juan Carlos; los casos de corrupción que salpican al PP; la fragilidad de la coalición gubernamental PSOE-Podemos y la falta de unos presupuestos actualizados.

Los articulistas hablan de “crisis constitucional”, de que España “no está lejos” de ser un estado fallido, de “crisis sistémica”, e incluso de una supuesta “descomposición política del país”.

No me parece que ninguno de los elementos anteriormente citados sean suficientemente preocupantes como para llegar a las dramáticas conclusiones de Sell y Pellistrandi. Sin embargo, hay otros aspectos recogidos por estos analistas que deberían encender la luz de alarma de los partidos constitucionalistas.

Así, el economista alemán advierte de que “el Gobierno de Cataluña, que en el mejor de los casos representa a una minúscula mayoría de la población, sigue un curso irreconciliable de secesión del centro de España”.

Y añade: “Esto se lo facilita el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque se ha expuesto al chantaje en el Parlamento por la necesaria tolerancia parlamentaria del partido de izquierda catalán ERC”.

Por su parte, el historiador francés se sorprende de la descoordinación entre CCAA: “Más grave fue la demostración de la incapacidad del sistema para organizar la solidaridad interterritorial. ¡Solo dos pacientes fueron trasladados del hospital de una comunidad a otra! Nada comparable a lo ocurrido en Francia en marzo y abril”.

E insiste en que “el conflicto adquiere proporciones preocupantes al revelar que el Estado central tiene pocas palancas de acción sobre las comunidades autónomas y por tanto crea una competencia de poderes basada únicamente en la lucha partidista”.

Pellistrandi, además, alerta de que “los separatistas catalanes, que siguen siendo la clave última de la estabilidad parlamentaria de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, están subiendo las apuestas a medida que se discute el proyecto de presupuesto 2021”. Y subraya que “su demanda no es fiscal ni económica” sino “política”, pues “se trata de obtener del Gobierno español nuevas concesiones ante el conflicto catalán”.

El profesor apunta que, en este escenario, los independentistas “obtuvieron una primera victoria simbólica” con el veto a la presencia del Rey en Barcelona con motivo de los nombramientos de los nuevos jueces. “Los nacionalistas catalanes quieren expulsar al Rey de Cataluña. El presidente Sánchez parece estar de acuerdo”, avisa.

Cada vez son más los observadores extranjeros que constatan la inestabilidad, ineficiencia y fragilidad de la estructura institucional y política en España. Y muchos de ellos coinciden en el diagnóstico: una excesiva descentralización, unas asimetrías territoriales ineficaces y una dependencia parlamentaria de los partidos nacionalistas que causan disfuncionalidades.

La pandemia del coronavirus ha ayudado a evidenciar --aún más-- esa realidad insoslayable. Tal vez ha llegado la hora de corregirla, antes de convertirnos en un verdadero estado fallido o ingobernable.