La falta de hombres de Estado es un lastre del que siempre ha adolecido nuestro país. Y no me refiero solo a los gobernantes --que es a quienes habitualmente se aplica el término--, sino a aquellos funcionarios de todos los niveles que tienen la responsabilidad de defender la estructura administrativa que nos protege a todos los ciudadanos, que nos hace iguales ante la ley en derechos y obligaciones.

Es evidente que en España la mayoría de profesionales públicos (sanitarios, educadores, administrativos, juristas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, empleados de prisiones, etc.) desarrollan su labor con una encomiable dedicación, abnegación y eficacia. Pero también es cierto que, en ocasiones, se echa de menos que los altos funcionarios actúen como se esperaría en relación a las tareas que tienen atribuidas.

Así ha ocurrido con muchos miembros de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la Alta Inspección Educativa --especialmente en Cataluña--, de los que tenemos innumerables ejemplos de rendición a las presiones del ejecutivo de turno.

Por eso, cuando alguno de estos funcionarios asume el papel que se le ha encomendado sin miedo a las represalias, es digno de elogio. Es el caso de Severo Bueno de Sitjar de Togores, el abogado del Estado jefe en Cataluña que falleció hace poco más de una semana con tan solo 53 años de edad.

Tuve la suerte de conocer a Bueno hace algunos años. Era un hombre de leyes. Su tono sosegado y apacible era plenamente compatible con su pasión por el derecho. Lejos de soslayar sus deberes y de disfrutar de una vida más tranquila, asumió su responsabilidad como hombre de Estado y honró el cargo que ostentaba. Era consciente de la importancia de su cometido y aceptó el compromiso sin titubeos.

Bueno lideró algunas de las actuaciones del Estado contra el intento de secesión unilateral y violento de otoño de 2017. Destaca su posición para solicitar la investigación de algunos de los participantes en el referéndum ilegal por formar una “masa tumultuaria” e “intimidatoria” contra los policías encargados de retirar las urnas. Un planteamiento incómodo para los que siempre tratan de poner paños calientes ante los excesos del nacionalismo pero jurídicamente impecable.

Sin embargo, el abogado catalán fue más allá de sus obligaciones. A nivel personal pleiteó durante largos años con la Generalitat de Cataluña para que sus hijos recibiesen educación bilingüe --en español y catalán-- como ordenan los tribunales pero incumple sistemáticamente el ejecutivo autonómico. Y, pese a la poca ayuda que tuvo para afrontar el colosal reto, ganó.

En mis conversaciones con él para conocer cómo evolucionaba su caso descubrí a una persona exquisita en el tono pero empecinada en la lucha por lo que creía justo. Sus razonamientos siempre versaban en torno a cuestiones jurídicas. Sus argumentos revelaban el gran jurista que sus compañeros dicen que era.

Su incansable labor ha sido fundamental para que la lacra de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán esté actualmente más cerca de ser desmantelada.

Sin duda, este país es hoy un lugar mejor gracias a Severo Bueno. Su trayectoria es una referencia. Los insultos que le han dedicado nacionalistas desalmados al conocerse su fallecimiento lo demuestran. Ojalá eso sirva de consuelo para su esposa y sus hijos.