Ahora que en España los juicios se han convertido en espectáculos transmitidos en directo, la escenificación de la defensa y de la acusación son piezas fundamentales. Lo han entendido los abogados, pero no los fiscales. Por eso, a media mañana de ayer un conocido periodista difundió este tuit: “Si se pudieran ganar los juicios a los puntos, Trapero le estaría haciendo un España-Malta a la Fiscalía”.

El mayor de los Mossos, efectivamente, se ha preparado el papel y lo interpreta lo mejor que puede. Mientras, el fiscal se empeña en cometer los errores propios de quien no ha hecho los deberes, dando pábulo así a los que descalifican la justicia española, a quienes antes de empezar la vista ya habían negado legitimidad al tribunal usando argumentos de tanto peso como que su presidenta está casada con un coronel de la Guardia Civil.

Es difícil, quizá imposible, saber a ciencia cierta si Josep Lluís Trapero cometió un delito de rebelión, o siquiera de sedición, durante los hechos del 20S y del 1-O. Pero su letrada tiene mucho trabajo para convencer al tribunal de que en aquellas dos ocasiones obedeció en la forma debida las órdenes judiciales. Y esa es la cuestión que se juzga.

Cada ciudadano, convertido en juez-árbitro frente a la televisión, podrá considerar si las imágenes que ha visto del amotinamiento frente a la Consejería de Economía para impedir una inspección judicial se compadecen con el testimonio de la cúpula de los Mossos d’Esquadra. Como podrá hacerlo si contempla los vídeos de los mossos rogando a los votantes que depusieran su actitud el 1-O, incluso abrazándose a ellos entre sollozos.

Trapero juega bien la carta del e-mail que envió al TSJC a dos días de la declaración de la DUI poniendo la policía autonómica a disposición de los jueces, y acierta reiterando que a su juicio aquellas decisiones del Parlament eran una “barbaridad”. Pero no es eso lo que está sobre la mesa, sino si desobedeció a los jueces en los dos días críticos del otoño de 2017 en que éstos efectivamente se pronunciaron. Hasta ahora, se ha escudado en que las órdenes en unas ocasiones no le llegaron, en otras eran de imposible cumplimiento y, también, en que la responsabilidad máxima policial no era suya sino de Diego Pérez de los Cobos, otro coronel de la Guardia Civil.

No parecen argumentos muy sólidos, máxime cuando él mismo insiste además en que no se percató de los preparativos de la votación ilegalizada y prohibida para el 1-O, y que por eso no puso en marcha un dispositivo de prevención. Quiere competir en incompetencia con Enric Millo, entonces delegado del Gobierno en Cataluña, que vivió todo aquello en la inopia más absoluta y sirvió en bandeja al independentismo el documental más valioso del procés. Pero no es creíble: Trapero es mucho más listo. Ahí ha sobreactuado y no precisamente en el sentido que cabe esperar de un policía o un militar, sino justo en el contrario. Su abogada debería introducir unos retoques en el guion. ¿Se puede disponer el arresto de todo un Gobierno en previsión de una votación parlamentaria a 48 horas vista y, sin embargo, no ser capaz de diseñar un operativo contra una consulta ilegal que se preparaba sin recato en las escuelas catalanas con 48 horas de antelación?