El segundo aniversario del 1-O ya está aquí --la sentencia del procés no tardará en llegar-- y el clima político, mediático y social del nacionalismo catalán vuelve a ser insurreccional.

Es cierto que --como no me canso de repetir-- las cargas policiales del 1-O y el encarcelamiento de los cabecillas del intento de secesión ilegal han tenido un efecto pedagógico impagable y que buena parte del independentismo ha asumido que nunca conseguirá la separación de forma unilateral (ni de ninguna otra, seamos sinceros).

Pero no es menos cierto que todavía queda otra parte significativa del movimiento empeñada en tomar carrerilla una y otra vez para golpear sus cabezas contra la roca del Estado democrático de derecho. Y que los que están al frente del régimen nacionalista son fervorosos aficionados a esa inútil actividad.

Torra y su guía Puigdemont siguen mandando mensajes incendiarios a sus secuaces. Sus socios de gobierno los suscriben sin apenas matices. Los partidos nacionalistas aprueban en el Parlament resoluciones a favor de la desobediencia. Los CDR flirtean cada vez con mayor nitidez con la violencia (y aparecen inquiteantes conexiones con el Govern). La ANC y Òmnium Cultural caldean el ambiente sin contemplaciones y con actitud desafiante. Y la prensa independentista --espoleada por sus creadores de opinión más mediáticos-- construye un relato ficticio de victimismo y de criminalización del Estado sin límites.

Los constitucionalistas que aseguraban que existía un nacionalismo moderado con el que se podía dialogar --los más guasones hasta se atrevieron a augurar la consolidación de un “independentismo constitucionalista”-- se han dado de bruces con la terca realidad.

Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez advierte una y otra vez de que aplicará el 155 si la cosa sigue por este camino, y los Mossos se han visto obligados a reforzar sus dispositivos antidisturbios, síntomas inequívocos de cómo están las cosas.

Uno de los supuestos que habilita al Gobierno a activar el artículo 155 de la Constitución es aquella situación en la que una Comunidad Autónoma “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. Juzguen ustedes mismos si estamos o no en ese escenario.

En todo caso, y constatada la resistencia a asumir la realidad de una porción nuclear del independentismo, sí que parece evidente que la aplicación del 155 que se realizó bajo el auspicio del Gobierno de Mariano Rajoy no fue la apropiada.

No son pocos los analistas que consideran que aquella prerrogativa constitucional se implementó demasiado tarde, durante muy poco tiempo y con excesiva superficialidad. Algo así como cuando se deja de tomar los antibióticos antes de acabar el tratamiento completo recetado por el especialista, que lo que suele ocurrir es que la infección vuelve a aparecer en unos días.

Tal vez el otoño caliente que se avecina sirva para aprender la lección de cómo aplicar el próximo 155. Porque no duden que se volverá a aplicar. Solo nos falta por despejar las incógnitas del cuándo, del cuánto y del hasta cuándo.