El exministro de Justicia Rafael Catalá ha sido el último en la larga lista de miembros de gobiernos salientes que se han unido a empresas que estaban relacionadas, aunque fuera de forma tangencial, con las actividades que habían desempeñado en sus cargos. En este cómputo hay políticos de todo signo, ni derechas ni izquierdas se libran de las temidas puertas giratorias.
La relación de Catalá con la compañía donde ha ido a parar, la empresa del juego Codere, es indiscutible. Él puso las bases de la regulación del sector de las casas de apuestas que en los próximos meses se deberá completar. Y ejercer de lobby ante este cambio será, precisamente, su cometido en su nueva ocupación. Se encargará del asesoramiento en las relaciones institucionales que se emprendan desde el grupo ante la inminente concreción del entorno legal del sector. Tan pronto como la capacidad que tenga el PSOE y Pedro Sánchez de conseguir las alianzas necesarias que eviten unas nuevas elecciones, si así lo desean.
Catalá ya había estado en Codere entre 2005 y 2011. Ejercía de secretario del consejo de administración. Así pues, como mínimo cuenta con una relación anterior con la compañía fundada por la familia Martínez Sampedro. En algunos sectores se defiende incluso que regresa a casa, algo que le diferencia de otros políticos que le han sido predecesores en estos lares.
Uno de los más polémicos fue el anuncio que hizo en su momento Felipe González de que había decidido dejar el consejo de administración de la entonces Gas Natural porque “se aburría”. Generó mucha polémica y continuó un año más en el cargo. Sin definir si continuaba ocioso o si había encontrado alguna ocupación en el órgano directivo.
Está claro que los políticos deben continuar con sus vidas laborales cuando dejan sus responsabilidades públicas. De hecho, es también motivo de crítica carreras que se han forjado sólo al calor de un partido sin experiencia en una empresa privada. Algo que debería ser un requisito necesario para los que van a gobernar un sector. Tan imprescindible como la necesidad de un régimen de incompatibilidades que impida que las puertas giratorias se conviertan en centrifugadoras para que el legislador acabe buscando los recovecos de una normativa que él mismo ha definido. O, como mínimo, para disipar cualquier duda de que esto sea posible.
Y las incompatibilidades pasan muchas veces por las arcas públicas, que ya facilitan la transición entre los dos mundos. El debate se debería como mínimo abordar sin demagogias ni discursos populistas que son difíciles de mantener en el tiempo. Así se ha demostrado entre los que defendían que el salario digno de un político no podían sobrepasar los 2.000 euros netos al mes. Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha superado esta posición. Aunque ha necesitado cuatro años y asumir todas las responsabilidades asociadas a su cargo para hacerlo.
