La histriónica reacción de Ciudadanos y PP a la designación de un mediador en el diálogo entre Gobierno y Generalitat dice mucho del agotamiento opositor. Contra el procés la derecha española vivía mejor, pero la realidad es que el independentismo irredento y unilateral está muerto y el reto ahora es buscar una salida lo menos traumática posible. Esa es la realidad que no quieren asumir estos partidos, a los que se les agotó la estrategia del 155 de tanto usarla y ahora se rasgan las vestiduras ante una propuesta de 21 puntos que no aporta nada nuevo.

El resumen es simple: Quim Torra insiste en reclamar un derecho a la autodeterminación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez niega por activa y por pasiva. Otra cosa es que la vieja guardia del PSOE se sume a los aspavientos, más por rivalidad partidista que por convencimiento. Porque ¿para qué sirve un mediador si Torra no quiere bajarse del burro? Pues para que ambas partes ganen tiempo ante la tramitación de unos presupuestos que el PSOE necesita y que ha hecho aflorar la división de los independentistas. Así, mientras la consejera Elsa Artadi lidera la negociación y admite gestos positivos, el enlace de Carles Puigdemont en el Congreso, Míriam Nogueras, asegura que antes muerta que apoyar las cuentas. ¿Choque de trenes?

Asegurar que el presidente español "accede al chantaje de los independentistas" por aceptar la presencia de un mediador resulta ridículo y abundar en la polémica generada induce a pensar que, en realidad, el relator es el relato de Sánchez. El juego de palabras tiene que ver con las críticas que, durante años, se hizo al constitucionalismo debido a la ausencia de un discurso que contrarrestara la exitosa propaganda rupturista. Tal como explicaba a Crónica Global el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, “el Gobierno de Mariano Rajoy renunció a hacer una política destinada a corregir la deriva independentista. ‘Externalizó’ la respuesta a la vía judicial como única respuesta”. Añadía Arbós que, hasta la llegada del Gobierno de Sánchez, “la única cara del Estado en el asunto catalán fue la Justicia, que no dialoga políticamente, sino que actúa y decide por y en el marco del Derecho”.

Con mayor o menor fortuna, Sánchez ha querido protagonizar esa otra cara del Estado que implica utilizar la vía política para buscar soluciones. Y si de paso puede aprobar sus presupuestos, mejor. Está obligado a hacerlo. Si Cs y PP creen que nombrar un relator supone una gran concesión a los independentistas, es que la oposición se ha quedado sin discurso. Sin relato. Hacer extensiva su indignación a la calle en forma de manifestación suena a desespero.

El domingo volveremos a ver a Rivera y Casado empeñados en ser una copia discursiva de Vox, partido del que luego reniegan. Pactaron en Andalucía, pero no pueden evitar, dicen, que la formación de Abascal le dé sus votos. Convocan una concentración contra Sánchez, pero no pueden impedir que Vox se sume. Y así todo.