La mayor parte de las reacciones que ha provocado el acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 han sido negativas. Algo que, de momento, no deja de ser lógico: es la izquierda española en estado puro, casi el equivalente a una mayoría absoluta socialista. Pero en realidad, Pedro Sánchez solo tiene el apoyo incondicional de 85 diputados, más el condicional de los 71 de Pablo Iglesias. El triunfo de la moción de censura y la minoría parlamentaria del PSOE lo mantienen deslegitimado ante una parte de la población.

Pero eso son planteamientos ideológicos que nada tienen que ver con el contenido del pacto sellado por la izquierda y que ahora debe convencer a otras fuerzas políticas.

Parece bastante claro que con estos Presupuestos, como con los que elaboraba el PP, España no va a cumplir con el objetivo de déficit, que seguirá por encima del 3%. Aunque no es lo fundamental: este país ha sufrido como pocos los efectos de las políticas de recortes, ha vivido en una intervención no declarada, y al final no ha salido de la crisis en mejores condiciones que otros. La experiencia demuestra que no hay recetas infalibles y que todo el mundo se ha saltado a la torera las indicaciones de Bruselas cuando lo ha necesitado. ¿Y hay mayor necesidad que ganar las próximas elecciones?

Como ha dicho la voz sensata de Aitor Esteban, son solo las líneas generales de las cuentas del Estado, luego vendrá el encaje de bolillos para llegar a los 176 votos imprescindibles. Algunos aspectos del pacto dan pistas claras sobre lo que será el final. Por ejemplo, los que se refieren a la legislación laboral. Los enunciados son muy prudentes y se centran más en los mecanismos de negociación colectiva --básica para la supervivencia de los sindicatos, condenados por la reforma laboral de Fátima Báñez-- que en los aspectos concretos que podrían inquietar a las empresas. Por supuesto, la reforma laboral no se deroga.

Dejar el mínimo efectivo del impuesto de sociedades en el 15% para empresas que facturen menos de 20 millones no es una medida revolucionaria, sobre todo si tenemos en cuenta que el tipo normal de la retención a cuenta del IRPF para los pensionistas es del 14%. Tampoco parece disparatado gravar más los grandes patrimonios o las rentas del capital, que en nuestro país --como en la mayoría de los europeos-- tributan menos que las del trabajo.

Más polémica es la nueva tasa a las transacciones financieras, no por justa o injusta, sino porque puede ser ineficaz para luchar contra la especulación, como ha ocurrido en Francia. Es imprescindible que la medida se aplique en un número elevado de países al mismo tiempo para que dé algún resultado.

Uno de los puntos inquietantes del esbozo presentado ayer en la Moncloa y en el Congreso es el que se refiere a las medidas para combatir la subida de las rentas del alquiler de las viviendas, un auténtico desastre que expulsa a la gente joven de las zonas mejor comunicadas de las ciudades.

Es difícil dar con un remedio que frene esta escalada, pero ponerlo en manos de los ayuntamientos no parece muy serio. Es más una clara cesión populista a Podemos que una medida útil: si estamos ante un fenómeno que supera el ámbito autonómico, como todo ciudadano puede comprobar, ¿qué ganamos dejando la solución en manos municipales?

Es uno de los borrones más claros del proyecto de Presupuestos que conocimos ayer y que recoge cuestiones tranquilizadoras en cuanto a la madurez de los protagonistas, pero que tiene también otras tan bisoñas como perturbadoras.