La prensa independentista ha puesto en marcha una campaña para crear un nuevo relato sobre la fuga de depósitos de las entidades bancarias catalanas a causa del procés. El objetivo es librar de toda responsabilidad a los promotores del intento de secesión unilateral. Se trata de atribuir al Estado español los efectos catastróficos que supuso --y supondrá-- para la economía catalana el desafío al orden constitucional y, a la vez, indultar a los verdaderos culpables: el Govern. No es más que un episodio más del victimismo al que el nacionalismo nos tiene acostumbrados.

Empresas y entidades estatales --como Renfe, Adif, Puertos del Estado, RTVE, etc.-- retiraron miles de millones de euros de las cuentas que tenían en Caixabank y en Banco Sabadell en los días posteriores al 1-O. El secesionismo mediático cuantifica --según una metodología de cálculo rudimentaria y poco precisa-- que el Gobierno retiró aquellos días unos 10.000 millones de euros, casi un tercio de los 35.000 que supone que en total emigraron de las dos entidades.

A partir de ahí, el nuevo relato independentista lanza su tesis: la retirada de depósitos de las empresas estatales fue un “castigo” premeditado contra Caixabank y Sabadell; “el movimiento sacudió los mercados, los mercados castigaron el precio de la acción y el miedo llegó a la calle”; todo eso llevó, finalmente, al cambio de sede de ambos bancos. “El efecto buscado se había conseguido”, concluyen.

Sin embargo, este relato presenta serias lagunas. En primer lugar, la retirada de fondos por parte de las empresas estatales de los principales bancos catalanes no puede considerarse un “castigo” --ni una medida para alterar el precio de las acciones, como insinúa Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont--, sino una obligación. La Generalitat había anunciado en repetidas ocasiones que haría efectivo el resultado del referéndum secesionista ilegal del 1-O, es decir, que Cataluña se convertiría en las siguientes semanas en un Estado independiente. Era razonable --o, más bien, indispensable-- que el Gobierno velase por sus intereses económicos y, por tanto, trasladase a bancos con sede en territorio nacional los fondos que --según la promesa del Govern--, en breve, iban a estar en entidades radicadas en el extranjero, y sin la protección del paraguas financiero de la UE.

En segundo lugar, el nuevo relato del independentismo presta poca atención a que la mayor parte de la retirada de depósitos --unos dos tercios, según sus propios cálculos-- la llevaron a cabo los particulares. Además, admiten que los movimientos realizados por el Gobierno “fueron invisibles para los ciudadanos”. ¿Cómo argumentan entonces la supuesta relación causa-efecto entre la retirada del dinero del Estado y la retirada del dinero de particulares --que supuso el volumen principal--? Pues según el neorrelato indepe, “la noticia” de las caídas del precio de las acciones de Caixabank y Sabadell --de entre el 8% y el 12% en una semana-- “llegó a la calle” y “la bola creció”. No parece muy verosímil que los particulares acudiesen en masa a sus bancos a retirar sus ahorros por una caída del precio de las cotizadas de esa magnitud. Es más razonable concluir que la gente se llevó su dinero a otra parte preocupada por la inestabilidad política y la tensión social que aquellos días alcanzó niveles nunca vistos hasta entonces y que podría derivar en un episodio de pánico bancario.

Y en tercer lugar, la retirada de depósitos era una opción que meses --e incluso años-- antes del 1-O muchos particulares ya valoraban en caso de que las cosas se pusiesen feas. De hecho, en noviembre de 2015, Joaquín Romero reveló en Crónica Global que las sucursales bancarias situadas en Cataluña recomendaban a sus clientes más preocupados por la deriva secesionista abrir cuentas-espejo fuera de la comunidad para garantizar sus ahorros.

Que no les engañen, la retirada masiva de fondos de las entidades bancarias catalanas por particulares no fue provocada por el Gobierno. Fue una respuesta de buena parte de la ciudadanía que estaba harta del procés. Sí, fue una medida para proteger el patrimonio personal, pero también una forma discreta y a la vez efectiva y contundente de mostrar el rechazo de muchos catalanes a la determinación de unos dirigentes independentistas dispuestos --así lo aseguraban entonces-- a llegar hasta el final en su locura rupturista ilegal y unilateral. Fue la gran manifestación sigilosa contra el procés.