Hace seis años y medio que en Cataluña se firmó la principal concesión de un servicio público: la licitación de ATLL a un consorcio liderado por Acciona. A renglón seguido, se anuló tras detectarse errores en el calendario de obras. La ganadora de un concurso público polémico había incumplido el pliego de condiciones al planificar las mejoras en una red de agua que abastece a más de cinco millones de personas. Pero ni siquiera se han ejecutado.

Como es lógico, la multinacional de la familia Entrecanales ha frenado sus inversiones en la gestora de agua. No se debe olvidar que hace años que está en falso al frente del servicio. En todo este tiempo, el Gobierno catalán de Artur Mas primero y de Carles Puigdemont después se ha resistido a ejecutar las sentencias judiciales del caso que acumulaban en su contra.

Un periplo que incluye llegar hasta el Tribunal Supremo para confirmar el rechazo de las medidas cautelares --mantener a Acciona al frente del servicio-- y hasta la misma sala para que confirmase que, efectivamente, la adjudicación que se firmó en 2012 era incorrecta. Pero en ningún momento se movió un dedo para intentar cumplir con los mandatos judiciales.

La batalla se mantuvo con el pretexto de que las arcas públicas estaban vacías, incapaces de abonar la indemnización de Acciona. Con un efecto perverso. Cuanto más tiempo se ha dejado pasar más ha crecido el importe de la compensación.

Ahora, y cinco meses después de que el Supremo emitiera la última resolución, el Gobierno de Quim Torra se ha puesto manos a la obra para desmontar la chapuza de sus predecesores políticos. Parte desde cero y con todos los problemas jurídicos que comporta el hecho de desmontar una macroconcesión que llegaba a los 995 millones de euros y duraba 50 años.  

Ha reconocido públicamente que ni siquiera sabe cómo desconsolidará los casi 1.000 millones del déficit catalán que se apuntó en ese ejercicio. Es decir, el fracaso del caso ATLL incluso implica un mayor incumplimiento del límite de endeudamiento de la Generalitat. Pero, sorpresivamente, en todo este tiempo nadie ha hecho autocrítica ni ha asumido ni una sola consecuencia ni ha entonado el mea culpa. Una línea de actuación que también ha heredado Torra.

ATLL fue la mayor concesión de un servicio público en Cataluña. Es también uno de los mayores fracasos con responsables políticos identificados. Aunque se resistan a dar un paso al frente.