Tailandia tiene el récord en golpes de Estado. Tanto es así, que incluso tiene una ley que los regula. Visto que el desafío independentista va para largo ¿por qué no regularizar también el procés?

De los autores de “presidente desde el exilio”, llega “presidente desde la cárcel”. La propuesta es tan manicomial que suena a nueva estratagema de ERC para enrocar todavía más las negociaciones y forzar unas nuevas elecciones catalanas. Una estrategia perversa, la de los republicanos, que un día abrazan la bandera de la moderación y al siguiente, se envuelven de nuevo en la estelada. De esa bipolaridad da buena cuenta Roger Torrent, quien gana enteros como futurible presidente catalán cumpliendo la ley dentro del Parlament mientras protagoniza arengas rupturistas fuera del hemiciclo. Institucional de día, antisistema de noche. Es posible que esa dualidad apuntale su carrera política, pero lo único que ha conseguido hasta ahora el presidente de la Cámara catalana es que los abogados barceloneses se insultaran unos a otros en la calle tras el discurso de la espantá.

Tailandia tiene el récord en golpes de Estado. Tanto es así, que incluso tienen una ley que los regula. Visto que hay desafío independentista para rato ¿por qué no regularizar también el procés?

Cataluña vive en ese estado de ansiedad permanente desde que Artur Mas decidió sentar las bases de un proceso secesionista del que luego ha renegado. Asegura que todo fue un engaño. Le faltó decir que la culpa es nuestra, por habernos creído que lo de la república catalana iba en serio. “Larga vida al autoengaño”, proclama el entorno de Carles Puigdemont, que exige la restitución de las instituciones catalanas. ¿Qué instituciones? ¿Las que impulsaron y aprobaron la DUI? ¿Las que reincidieron en el incumplimiento de la ley, del Estatut y de la Constitución?

Es incuestionable, al tiempo que legítimo, que más de dos millones de personas crean en la independencia y voten a favor de ella en las elecciones del 21D. Y no por ello son encarcelados, lo que demuestra que en España no hay presos políticos por profesar una ideología. Como muy bien explica el abogado penalista Carles Monguilod en una entrevista con Crónica Global, si se otorga la categoría de preso político a quien impone su ideario de una forma determinada, también lo serían Antonio Tejero, responsable del golpe del 23F o los miembros de ETA.

Por tanto ¿por qué no regular por ley el golpismo del procés?