El Congreso de los Diputados tiene una comisión de investigación de la crisis económica por la que están desfilando estos días algunos de los protagonistas de esa época. Es una especie de tomadura de pelo.

Los partidos que no gobernaron durante la recesión tratan de sacar tajada a toro pasado, pero los comparecientes lo saben. Desde el chulo Rodrigo Rato al cartesiano José Ignacio Goirigolzarri, pasando por Elena Salgado y Pedro Solbes, todos tiran pelotas fuera porque saben que es un circo, nada de sacar conclusiones y actuar en consecuencia.

Es una pena, porque hay muchas cuestiones trascendentales que tienen que ver con esos años de plomo. La reforma laboral de 2012, por ejemplo, elaborada por el PP y apoyada por CiU en lo más profundo de la crisis. La nueva regulación ha permitido la precariedad contractual y las bajas cotizaciones que hacen que la Seguridad Social tenga un déficit anual de 18.000 millones, pese a que se reduce el paro, crece el empleo y la recaudación aumenta por fin a un ritmo superior al de la afiliación.

El sistema de pensiones necesitó el año pasado 127.000 millones, y creciendo. Los cambios que se han introducido en las retribuciones --retraso hasta los 67 años, ampliación del periodo para calcular la cuantía y la congelación de la subida al 0,25%--, no son suficientes.

El déficit ha devorado la hucha y va camino de convertirse en crónico; ya es una amenaza para el futuro. Urgen soluciones, pero en el Congreso pierden el tiempo simulando que ponen en apuros a elementos como Rato, que ve normal que los accionistas de la banca hayan perdido 170.000 millones --“Es el mercado, amigo”, le dijo despectivo a su interlocutor--, Solbes o Salgado, que no han tenido problema en ganarse la vida en el sector energético después de haber sido sus reguladores.

Y, encima, se permiten el lujo de rechazar las pocas propuestas que se ponen encima de la mesa para contribuir al futuro del sistema, como la de Pedro Sánchez, que defiende la creación de impuestos especiales sobre la actividad financiera.

Es posible que la idea del secretario general del PSOE de respaldar esa iniciativa --y otras-- a través de 50 asambleas abiertas suene a populista, a podemita. Pero no es razón para echarla en saco roto.

El efecto para el Estado de los fondos privados es prácticamente neutro, porque la falta de ingresos fiscales durante la vida de los planes se compensa en el rescate. Para los ciudadanos no lo es

Un sistema de pensiones público débil solo beneficia al negocio financiero. El efecto para el Estado de los fondos privados es prácticamente neutro, porque la falta de ingresos fiscales durante la vida de los planes se compensa después, en el rescate. Pero para los ciudadanos no lo es.

El argumento socialista de que con el nuevo impuesto se compensarían las ayudas que recibió la banca en la crisis es un poco demagógico, sí, pero ¿quién es el principal beneficiario de la alternativa privada sino la banca?

Un pequeño simulacro es elocuente. Un ahorrador que haya conseguido reunir 100.000 euros en un plan privado conservador --renta fija-- puede haber perdido perfectamente desde 2012 medio punto cada año por la caída de tipos. A esa cantidad, unos 2.450 euros, tendrían que añadirse las comisiones de gestión y de custodia que las gestoras aplican y que no tienen que ver con los beneficios, sino con el patrimonio: unos 7.200 euros una de ellas es del 0,5% y la otra del 1% (moderadas). Una pérdida total del 10%. Pero, como dice el pájaro que estuvo tres años y medio al frente del FMI y que el martes se pasó por el Congreso, “es el mercado, amigo”.