Con el juicio que arranca esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se inaugura mucho más que un acto judicial. Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega deben comparecer ante la justicia para dar cuenta de qué sucedió con la convocatoria del famoso referéndum de cartón del 9 de noviembre de 2014.

Aquel día casi la mitad de Cataluña participó en un acto político de ruptura con la democracia española. Eso es de lo que deberán juzgar los magistrados encargados de evaluar la actuación de los tres encausados: ¿cómo participaron, quebraron o no la legalidad en tanto que cargos públicos, se saltaron a la torera principios del estado de derecho para imponer su interés político? Es decir, presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en términos jurídicos.

Todo se ha preparado para que ese juicio sea, en sí mismo, un acto político más. El independentismo, cada vez más menguante y hastiado, regresará a la calle para acompañar al expresidente Mas. Una vez más, el márketing político de sus organizaciones repite hasta la saciedad que el acto que comienza es un juicio político. Pero, por más que se emperren, allí no se evaluará las ideas independentistas de nadie. Lo que juzgará el tribunal es otra cosa: ¿los dirigentes públicos se saltaron el orden jurídico constitucional aquellos días para obtener réditos políticos?

Lo grande de este festival está por llegar, el resto son fuegos de artificio y los últimos coletazos de un partido agonizante y atenazado por la corrupción

Las presiones previas al tribunal que juzgará los hechos son tan gigantescas que pueden conseguir un efecto nulo por cuanto inmunizan a sus integrantes ante la desfachatez con que se despliegan. En todo caso, la movilización permitirá atesorar una nueva jornada de gloria a los partidarios del secesionismo a la par que una nueva ventana de oportunidad mediática para dar a conocer sus tesis y sus críticas al Estado.

El juicio del 9N, no obstante, tiene la virtualidad de ser la primera estación que el tren del soberanismo aspira a recorrer en este curso político. Más que una estación, en realidad es un apeadero en el que se bajarán tres dirigentes públicos amortizados que ya no forman parte del Gobierno de la Generalitat y que sólo pueden ser utilizados por sus partidarios para forjar el martirologio que su causa necesita. Poco más.

Lo grande de este festival está por llegar y es muy probable que el nerviosismo que comienza a percibirse entre sus promotores obligue a avanzar su propio calendario de desconexiones, leyes propias y otras actuaciones del llamado proceso hacia la independencia. Ahí es donde descansan todos los interrogantes sobre la Cataluña del futuro. El resto son fuegos de artificio y los últimos coletazos rabiosos de una formación política agonizante por su propia deriva política y la corrupción que la atenaza.