Durante años he sostenido que la atomización de la representación empresarial que existe en Cataluña, lejos de suponer una riqueza es una auténtica disfunción, más propia de virreinatos que no quieren dejar de serlo y de una historia que ha ido edificando pequeñísimos grupúsculos de poder empresarial, pero en su mayoría con recursos suficientes para existir. Pasa con las asociaciones patronales, incapaces de aunar esfuerzos en los mínimos denominadores comunes, y con las cámaras de comercio, que son 13 distribuidas por el territorio catalán con distintas fisonomías, potenciales y posibilidades de supervivencia.

Dicho esto, el Gobierno de la Generalitat ha vuelto a dar una nueva muestra de desbarajuste con el proyecto de ley de cámaras catalanas. Se puede elaborar mucha teoría pero, en síntesis, el proyecto legislativo se las carga como realidad empresarial del país. Lo que siempre se había discutido en un tono de consenso, diálogo y respeto mutuo salta por los aires y los presidentes de esas instituciones montan en cólera porque, de lo dicho previamente por Artur Mas, nada.

Se puede elaborar mucha teoría sobre el proyecto de ley de cámaras catalanas pero, en síntesis, se las carga como realidad empresarial del país

Ni financiación, ni atribuciones, ni delegación de funciones en cuestiones como la verificación u otras análogas formarán parte del futuro de esas 13 cámaras de comercio territoriales que, en su medida, intentaban ayudar a las empresas de sus demarcaciones. Eso sí, habrá una especie de nueva estructura de Estado, que pasará a llamarse Cámara General de Cataluña. Acabáramos, una sola; el resto, unas delegaciones en el territorio. Y todo más fácil de controlar por quienes sean sus nuevos responsables. No vaya a ser que las empresas de Tàrrega o de Palamós vayan a poner algún palo en las ruedas del proceso independentista.

Cuentan los que saben de qué va la cosa que ni el presidente Puigdemont ni el consejero de Empresa Baiget están por la labor de mantener una cierta autonomía de criterio entre las cámaras del territorio, y que, fruto de esa visión jacobina (¡ay! ¿les suena?), prefieren cambiar las normas para mandar sobre unas instituciones con décadas de historia y servicio a las empresas del país. Añaden que el tema está en que se acabaron los sistemas de elecciones por ramas de actividad, que de lo que se trata ahora es de que quienes ellos consideren que son las personas más próximas a sus tesis se sienten al frente de los principales sillones. Según ese relato procedente de las propias entidades, desgarrado por cómo han ido los acontecimientos, lo que supura la nueva ley de cámaras que intenta llevar el Govern al Parlamento catalán es más vida para aquellos que jamás han ganado unas elecciones (o que, cuando lo han intentado, han perdido clamorosamente) entre las empresas y que, sin embargo, se sienten escogidos para ser sus representantes. Se trataría --insisto en que esta tesis nace de entre los afectados-- "del pijerío barcelones que apoya a Femcat".

En parte está bien que algunas cámaras, que tonteaban con milongas nacionalistas, vean cómo las gastan quienes sólo las quieren para hacer bulto y salir en la foto

Vaya, ahora empezamos a entender algunas cosas. A los empresarios y ejecutivos de esa asociación soberanista no les debe gustar que el dueño de una o dos ferreterías sea el que lidere una cámara en un punto del territorio donde seguro que conoce mejor que nadie las necesidades y la pulsión empresarial de la zona. Es mejor, nuevamente, dárselas de demócratas de postín mientras se preparan las llamadas estructuras de Estado para controlar las cámaras con una soga atada corta y a la cabeza de los disidentes.

En parte me parece bien que algunas cámaras, que tonteaban con el derecho a decidir y otras milongas de la agenda nacionalista del Ejecutivo catalán, vean cómo las gastan quienes sólo las quieren para hacer bulto y salir en la foto. Así se van dando cuenta de que la rotllana de la sardana soberanista ha tomado tal velocidad que ni la fuerza centrífuga impedirá que algunos bailarines acaben disparados hacia los laterales con riesgo obvio para su integridad política, empresarial o social.