La reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra, el jueves, en el Palau de la Generalitat corre el riesgo de pasar a la pequeña historia política como la “cumbre del protocolo”.  Torra recibió a Sánchez a las puertas del Palau, ambos pasaron ante una formación de Mossos d’Esquadra en traje de gala, recorrieron la galería gótica, contemplaron la escultura El desconsol, de Josep Llimona, y se sentaron en una sala presidida por las banderas española y catalana.

La derecha política y mediática ha querido ver en ello una “humillación”, una “rendición de pleitesía” y una manera de recibir a Sánchez como si se tratara de un “mandatario extranjero”. Cuando gobiernan los socialistas, “rendición” y “humillación” son los términos más utilizados por la oposición en cualquier circunstancia y lugar.

Pero en este caso ni siquiera han acudido a las hemerotecas antes de lanzar sus descalificaciones. Si lo hubieran hecho, verían que Pasqual Maragall y José Montilla recibieron del mismo modo a José Luis Rodríguez Zapatero, mucho antes de que se iniciara el procés y se pudiera acusar al anfitrión de dar al visitante tratamiento de “mandatario extranjero”.

Claro que Zapatero ha sido el único presidente del Gobierno español que ha visitado el Palau de la Generalitat para entrevistarse con el president de turno. Mariano Rajoy y José María Aznar nunca lo pisaron y quizá por eso el PP no está acostumbrado a recibimientos de ese estilo.

Pero, más allá de la querella sobre el protocolo, ¿qué puede esperarse de la reunión Sánchez-Torra? Sobre el fondo de lo tratado, el escepticismo debe ser la impresión dominante. El presidente del Gobierno español acudió a la cita con un detallado documento de 41 puntos, denominado Agenda del Reencuentro, que responde a las antiguas demandas presentadas en su momento por Artur Mas (un texto de 23 puntos) y Carles Puigdemont (46 puntos), reivindicaciones que van desde la reforma de la financiación autonómica y el corredor mediterráneo a las mejoras en infraestructuras ferroviarias o el traspaso de las becas pasando por el cumplimiento de lo que fija el Estatut en materia de inversiones del Estado en Cataluña, el blindaje de la inmersión lingüística y la financiación de los Mossos. En 35 de estos puntos ya hay un sí de partida y los nueve restantes contienen la leyenda “se estudiará”.

Con esta estrategia, Sánchez demuestra que está decidido a tomar la iniciativa para avanzar en el diálogo, después de una década de desencuentro, aunque esta voluntad deberá concretarse en la práctica porque en otras ocasiones las “lluvias de millones” –la última, la prometida por Rajoy— han quedado en nada y suele ocurrir que las previsiones presupuestarias están siempre muy por encima de lo que después se ejecuta.

Por la otra parte, Torra planteó su agenda de máximos, basada en el derecho de autodeterminación, la amnistía y “el fin de la represión”, propuestas que solo sirvieron para que Sánchez confirmara lo alejadas que están las posiciones.

Ambos presidentes encabezarán antes de que termine febrero la primera reunión de la mesa de diálogo –también se reunirá la comisión bilateral Estado-Generalitat--, pero hay signos que abonan el escepticismo ante los resultados de ambas instancias. En primer lugar, el vicepresidente Pere Aragonès ya no asistió el viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En segundo, Torra volvió el mismo viernes a reclamar un “mediador internacional” para la mesa de diálogo con el argumento de que así lo ha aprobado el Parlament y es de “obligado cumplimiento”. Torra anunció también que reunirá a los partidos y a las entidades independentistas para preparar la mesa de diálogo, prescindiendo, como suele, del resto de las fuerzas políticas.

En tercer lugar, a la portavoz del Govern, Meritxell Budó, no se le ocurrió otra cosa al día siguiente de la cumbre que afirmar que el expresident Carles Puigdemont y los políticos presos deben participar en la mesa de diálogo, aunque no concretó la forma de hacerlo.

Esta petición o es una manera de empezar a boicotear la mesa de diálogo o es una muestra de estulticia política. ¿Quiere decir Meritxell Budó que el Govern de la Generalitat no representa a Puigdemont y a los presos y por eso tienen que estar presentes?

En fin, la presión de ERC para constituir la mesa en previsión de un retraso de las anunciadas elecciones bajo amenaza de no respaldar los Presupuestos Generales del Estado es comprensible para que Junts per Catalunya (JxCat) no capitalizara el aplazamiento de las negociaciones, pero es difícil pensar que antes de esa convocatoria electoral puede haber avances.

Si ERC gana las elecciones distanciando a JxCat y reafirma su apuesta por el pragmatismo, entonces sí que se abrirá un tiempo nuevo con posibilidades reales de buscar soluciones. Antes es prácticamente imposible.