El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Sánchez es diferente. Algunos dirán que es peor que los anteriores, otros lo preferirán, pero nadie sentenciará que es más de lo mismo. Su diferencia se sustenta en tres principales motivos: incorpora contenidos propios de un programa electoral, supura marketing económico y supone un aumento de la presión fiscal. Aunque las cifras de ingresos y gastos continúan teniendo importancia, esta vez no son lo más transcendental.

El formato de la presentación ha sido inhabitual. No lo ha hecho la ministra de Hacienda, sino los líderes del PSOE y Podemos. Debido a ello, la imagen ofrecida fue más propia de una acuerdo de coalición entre ambos partidos que de un consenso para determinar en qué gastar el dinero y de dónde sacarlo. En los años anteriores, en estos días Montoro se volvía omnipresente; en cambio, en las últimas fechas la presencia de Montero ha sido casi testimonial.

El documento firmado incorpora contenidos impropios de un presupuesto. Por ejemplo, el epígrafe sobre calidad democrática y la mayoría de los apartados dedicados a juegos de azar y a una sociedad más feminista. Tampoco el redactado es el más habitual, más propio de un programa electoral que de un escrito técnico. Además, proliferan más las promesas y las medidas generales que las concretas.

Por una vez, con el presupuesto del Estado, la izquierda ha sabido realizar marketing económico. Una característica que suele bordar la derecha. Lo ha hecho a través de incorporar partidas que usualmente no estaban dentro de él. Las más significativas son las que se refieren al salario mínimo (SMI) y la mayoría de las relacionadas con la vivienda.

Históricamente, el SMI se fijaba en el último Consejo de Ministros del año previo, después de consultar el gobierno a patronal y sindicatos. Esta vez se establece con mucha antelación. Dos son los principales motivos: beneficiar a los trabajadores que menos cobran y contrarrestar las voces críticas por la subidas de impuestos con las favorables por el incremento de salarios.

En 2019, el SMI subirá un 22,3% y pasará de los 735,9 a los 900 €. Un aumento que llevará un corrimiento al alza de los salarios y beneficiará a casi cualquier asalariado. La medida, además de permitirles ganar votos en unas próximas elecciones, tiene la virtud de atacar una de las principales debilidades actuales de la economía española. Las bajas retribuciones, unido a la reducción de la tasa de ahorro al mínimo histórico, complican mucho que la principal partida del PIB (el gasto de las familias) impulse la economía. En la actual etapa expansiva, éste siempre ha crecido menos que aquél y en el segundo trimestre lo ha hecho únicamente al 0,1%

Los principales problemas generados por la subida salarial serían el aumento de la tasa de inflación estructural y de las importaciones. La primera está en el 0,8% y se encuentra muy por debajo de su nivel óptimo (algo inferior al 2%). Las segundas continúan siendo menores que las exportaciones, un aspecto que nos permite devolver deuda o financiar con nuevos fondos al extranjero. Por tanto, su aumento no perjudica nuestra salud económica.

El incremento de la duración mínima de los contratos de alquiler de 3 a 5 años supone una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tiene como objetivo reducir el componente especulativo de los alquileres y responde a una petición casi unánime de los inquilinos. Como no implica ningún ingreso ni gasto por parte de la administración, jamás una reforma de dicha ley se había incorporado previamente a unos presupuestos del Estado.

En un contexto de expansión económica, las subidas de impuestos constituyen una novedad. No obstante, son esenciales para hacer frente al mayor gasto social que implican muchas de las medidas pactadas. Un aumento perfectamente justificable, pues nuestro país es el segundo de la zona euro con menos ingresos públicos en relación al PIB. En 2017, el porcentaje se situó en el 37,9%, muy debajo de la media de la UME (46,2%).

El aumento de los impuestos afectará principalmente a los perceptores de salarios más elevados (por encima de 130.000 €), a las mayores fortunas (las que superan los 10 millones €), a las empresas multinacionales (especialmente por los dividendos provenientes del extranjero) y a los inversores que más ganan por intereses, dividendos y plusvalías (exceden los 140.000 €). La repercusión sobre la clase media y trabajadora será muy escasa.

En definitiva, unos presupuestos muy hábiles y de izquierdas. Lo último una auténtica novedad. Tienen unos grandes ganadores: los asalariados (trabajadores y clase media). Su mejora vendrá dada por el aumento de su salario y el aumento de las prestaciones sociales. También unos claros perjudicados: los accionistas de las grandes empresas y los rentistas. Ellos serán los principales paganos del nuevo enfoque de la política económica.

No obstante, diga lo que diga el cuadro macroeconómico del gobierno, si los presupuestos acordados se aprueban en el Congreso y sus principales medidas se cumplen, el déficit público no se reducirá desde el 2,7% (el previsto en 2018) al 1,8% en 2019. El ajuste fiscal será mucho menor. No lo veo como un problema, sino como una virtud. ¡Ya era hora que los pequeños números (los de las familias) tuvieran más importancia que los grandes (las cifras macroeconómicas)!