Todos sabemos por anticipado lo que pasará hoy en el Parlament. Se votará la ley del referéndum, quedando patente la Cataluña rota que nos deja el proceso separatista con la foto de un hemiciclo semivacío sin la presencia de los diputados de C's, PSC y PP, mientras los comuns estallan en diversas sensibilidades frente al referéndum unilateral. Poco después, en una sala de la misma cámara, el Govern se reunirá para firmar colectivamente el decreto de convocatoria ante los flashes de los medios. También es probable que hoy mismo, mañana, o el viernes a más tardar, se apruebe la ley de transitoriedad jurídica para que la parroquia independentista pueda ir ufana y contenta a la manifestación de la Diada. Y es de esperar igualmente que el ejecutivo de Carles Puigdemont nos tenga reservadas algunas sorpresas en las siguientes horas en el terreno de la propaganda para intentar dar verosimilitud a la cita del 1-O.

La respuesta de La Moncloa esta vez no se va a limitar, a diferencia del 9-N, a recurrir únicamente al Tribunal Constitucional. En estos últimos días las señales han sido claras

Pero también sabemos que la respuesta de La Moncloa esta vez no se va a limitar, a diferencia del 9-N, a recurrir únicamente al Tribunal Constitucional. En estos últimos días las señales han sido claras. El lunes Mariano Rajoy trasladó a Pedro Sánchez su apoyo a una comisión monográfica para evaluar y “actualizar” el modelo autonómico. La importancia de la noticia ha pasado algo desapercibida cuando en realidad esconde un acuerdo de mínimos entre ambos partidos. En la rueda de prensa, el líder socialista planteó que la crisis política catalana debería resolverse en el Congreso de los Diputados. Y de ahí su propuesta. Pero al mismo tiempo garantizó su total apoyo al Estado y, consecuentemente, al Gobierno para adoptar las medidas proporcionales necesarias frente al evite separatista. Fuentes del ejecutivo y del propio PSOE confirmaron que ambos políticos habían mantenido una extensa conversación telefónica donde abordaron la globalidad de la problemática. La única condición de los socialistas era el apoyo a esa comisión y el PP se la ha dado.

En el frente de Ciudadanos, Albert Rivera se reunió ayer con Rajoy en La Moncloa. Le trasladó su apoyo “sin fisuras” para que el ejecutivo haga lo que tenga que hacer ante “el desafío más grande que tiene la democracia española”. Seguro que entraron en los detalles sobre las posibles medidas, pero oficialmente la única condición de Rivera es estar informado y ser consultado.

Si a ello añadimos la reiteradas afirmaciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de que no habrá urnas ni referéndum, está claro que el Gobierno se dispone a adoptar acciones coercitivas en paralelo a lo pueda acordar el Tribunal Constitucional. Descartado por ahora la aplicación del artículo 155, las medidas se desarrollarán en el marco de la ley de seguridad nacional que permite un amplio abanico de posibilidades, desde tomar el control del Boletín Oficial del Parlament y del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, para evitar que la intentona separatista se revista de fuerza legal, hasta asumir la coordinación de los Mossos y garantizar así que harán de policía judicial.

Lo importante es abortar la sensación de que existe un doble poder en Cataluña, dos legitimidades en conflicto y que son los ciudadanos los que tienen que elegir

Las medidas pueden ser graduales e irse ejecutando en función de los acontecimientos con el objetivo de pinchar el globo separatista con finos alfileres evitando los cañonazos. Lo importante es abortar la sensación de que existe un doble poder en Cataluña, dos legitimidades en conflicto y que son los ciudadanos los que tienen que elegir. De ahí la dura nota de Cristóbal Montoro alertando de que no pagar los impuestos directamente al Estado es un delito.

Las próximas horas van a estar cargadas de enorme tensión y el clima político va a ponerse al rojo vivo algunos días. Mejor vivir con una cierta distancia personal el desarrollo de los acontecimientos. Se proferirán amenazas y puede que haya violencia de baja intensidad en algún momento si damos crédito a ciertas cosas que se dicen entre líneas. Esperamos que impere el sentido común y el discurso del odio quede reducido al espacio de las redes sociales. Más allá de lo profundamente decepcionante que es ver cómo el Parlament y el Govern se sitúan al margen de la legalidad del propio Estatuto, la parte buena es que por fin el procés se acaba. Si el Gobierno actúa con determinación y acierta en sus medidas, lo que venga después del 1-O será forzosamente diferente. Crucemos los dedos.