Hemos entrado en la séptima semana del juicio al procés y la expectación inicial lógicamente ha decaído. Llevamos casi dos semanas escuchando una sucesión de guardias civiles sin rostro que desmenuzan los mismos hechos sucedidos entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Sus testimonios van añadiendo información que mayoritariamente sirve a los intereses de las acusaciones. Ayer sin embargo fue un día muy especial. El testimonio del teniente-coronel Daniel Baena, cuya imagen tampoco pudimos ver y que se presentó por su número de TIP, ha sido de una importancia capital. Tanto es así que días antes su identidad ya fue revelada por algunos medios de comunicación y se le intentó desacreditar como autor de una cuenta en twitter hostil al independentismo. Él lo negó rotundamente a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde.  Baena se encargó desde 2015 de liderar una investigación judicial relativa a posibles delitos por utilización ilícita de dinero público con el fin de crear estructuras de Estado para desconectar Cataluña del resto de España y materializar la secesión.

Todo arranca con la consulta soberanista del 9-N y el acuerdo que firman Artur Mas y Oriol Junqueras, en marzo de 2015, para declarar la independencia en 18 meses con el apoyo de la ANC y Òmnium Cultural. Quien ordena en ese momento a la Fiscalía que empiece a investigar es la Audiencia Nacional. En 2017 se añaden las pesquisas del juzgado 13 de Barcelona tras las escandalosas declaraciones del juez Santiago Vidal, quien en una conferencia alardeó de que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes. Ello conduce a investigar a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Govern, y Josep Maria Jové, secretario general de la Consejería de Economía, ambos bajo las órdenes de Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat. La importancia de Baena es que fue comisionado para llevar a cabo todas esas averiguaciones, también las que en relación a la organización del referéndum ilegal encargó el TSJC en septiembre de aquel año. Inicialmente indagaba solo por malversación pero más tarde también lo hizo por sedición y rebelión, siempre con autorización u orden judicial. En definitiva, el teniente-coronel estaba en todo y por eso ayer pudo dar al tribunal una cantidad de información demoledora y apabullante.

Sin entrar a especular sobre la calificación penal que puede derivarse de todo ello, para lo que todavía falta mucho juicio, lo esencial es que las investigaciones llevadas a cabo por Baena coinciden con el contenido del documento Enfocats, que se encontró en el registro del despacho de Jové, pero que todos los acusados han negado conocer e incluso descalificado con adjetivos como “estrambótico”, “apócrifo”, “genérico” o “extravagante”. Sin embargo, es indudable que había una hoja de ruta para la secesión que pasaba por la creación de estructuras de Estado y también que habría un momento en el que dos legalidades y poderes entrarían en colisión. Cada actor del procés jugaba su papel de forma coordinada, el Govern, las entidades soberanistas, el Parlament, etc. La testifical de ayer confirma lo que otros testigos ya habían apuntado, que es falsa la imagen de que los líderes del procés jugaron a hacer actos simbólicos o que iban de farol, como concluyó la consejera Clara Ponsatí semanas después de su huida en forma de reproche hacia sus compañeros de Govern. Había un plan para intentar llevar a cabo la secesión utilizando las estructuras de la Generalitat para el nacimiento de un nuevo Estado. En realidad, no es nada nuevo ni original, pues como el propio Baena declaró espontáneamente ayer todo eso se explicaba por televisión.

Lo esencial de su testimonio es que, en contra de la imagen infantilizada que últimamente se ha impuesto sobre lo que fue el procés, como un juego de políticos bravucones que amenazan pero que no tenían nada preparado, la realidad es más compleja. Por lo menos la parte del Govern que dependía de ERC en Economía se tomó en serio lo de dotarse de una base de datos para apoderarse de los ingresos fiscales de los catalanes. Y hubo suculentos encargos a empresas como IBM y otros gastos cuya finalidad última era la desconexión. Si el objetivo de desbordar al Estado hubiera funcionado, había un paquete de medidas estratégicas para consolidar ese poder. La celebración del referéndum era la piedra angular para legitimar el asalto. Por eso cuando se producen las detenciones y los registros del 20 de septiembre, estalla la rabia en la calle y se entra en la fase insurreccional sobre la que Baena insistió en su relato.

Hay una tendencia a rebajar los hechos que sucedieron durante el procés porque afortunadamente no hemos tenido que lamentar ni muertos ni heridos graves. Se prefiere pensar indulgentemente que todo fue simbólico o una mera ilusión. Es una forma de exculpar a los que hoy están sentados en el Tribunal Supremo y descalificar las acusaciones por rebelión y sedición. Es cierto que tras haber obtenido un éxito claro el 1-O, los líderes independentistas perdieron la iniciativa y no supieron qué hacer. No esperaban que el Estado se decidiera a plantarles cara, empezando por el envío de refuerzos policiales para impedir el referéndum y sobre todo con el discurso de firmeza del Rey la noche del 3 de octubre. Tampoco que la sociedad catalana contraria a la secesión saliera masivamente a la calle. La intentona separatista fracasó en octubre, y seguramente estaba condenada a ello, pero es falso que fuera un farol.