Según el ministro Óscar Puente, la red de cercanías catalana acaba de sufrir un ciberataque malévolo (con la intención de hacerle quedar mal, se entiende).

Al catalán medio le suena a una nueva excusa del señor ministro para justificar su incompetencia, que debería llevarle a presentar la dimisión si fuese una persona decente (lo que no es el caso) en vez del sicofante mayor del reino, el hombre para el que Pedro Sánchez es “el puto amo” porque sabe inglés, una proeza que, al parecer, a él le supera.

Da la impresión de que, en España, la dimisión de los políticos es algo que ni se contempla. Ni siquiera en casos de incompetencia transversal tan sangrantes como la situación de nuestro sistema ferroviario. Dimitir no es, en principio, algo deshonroso Y ante los desastres generalizados, la opinión pública tiene derecho a que rueden cabezas.

En vez de dimisiones, se nos ofrecen denuestos contra los que gobernaron antes, a veces justificados ante los ataques de la oposición. Veamos los de Junts, que ahora cargan contra el PSC y se olvidan de todos los años que estuvieron al mando y no consiguieron que nada mejorara porque desviaron su atención a chorradas patrióticas sin ninguna utilidad.

O de cuando, para cobrarse el apoyo al Gobierno de Sánchez, colaron en empresas estatales a algunos de sus más prominentes secuaces: Eduard Gràcia en Renfe, el infame Mikimoto en TVE, el conspirador Ramon Tremosa en Aena…

El nacionalismo cuida de los suyos, y cuando se pierden las grandes causas, se intenta salvar a algunos de sus más fieles servidores, que no mueven un dedo en esas empresas estatales donde los colocan y de las que levantan un buen sueldo mientras siguen quejándose de la “puta Espanya” (¡olé la coherencia!).

Tras el 155, Junts deviene agencia de colocación, empezando por la parienta del jefe, a la que se le acaba de renovar el contrato de su programa de televisión en inglés que no ve nadie. Esto se entiende aún menos que lo de los paniaguados de ámbito nacional (o estatal), que es algo que obedece a un claro chantaje.

Chantaje al que Sánchez está sometido si quiere seguir protegiéndonos del fascismo, pero que no existe en el caso de Illa, quien ha decidido por su cuenta que a la señora Marcela Sopor (perdón, Topor) hay que seguir soltándole 6.000 euros de dinero público al mes hasta el día del juicio.

Le recuerdo al señor Illa que, cuando mandaban los convergentes, no dilapidaban ni un euro en enemigos de la Cataluña catalana. ¿O es que se ha olvidado de todas aquellas tertulias televisivas y radiofónicas en las que no se colaba un constitucionalista ni por casualidad? ¿A qué vienen esos miramientos con la esposa de un fugitivo de la justicia?

Parece que a esa gente que no hacía prisioneros y que nos llevó al desastre, con la complicidad pusilánime de una gran parte de la población, empezando por los sociatas, la tenemos que alimentar con dinero público, que ya se sabe que no es de nadie.

Volviendo a los trenes. Aquí ha habido dejación de responsabilidades. No se ha invertido el dinero necesario para impedir accidentes y descarrilamientos. La pasta se invirtió en otros asuntos o en llenarle los bolsillos a alguien (vuelven a sonar los nombres de Koldo y Ábalos en torno al actual desastre).

Los convergentes, mucho hablar, pero miraron hacia otro lado mientras les buscaban un buen pasar a sus más distinguidos secuaces. Salvador Illa se ha comido el marrón y se lleva todas las bofetadas de los que no hicieron nada.

Pero, como dicen los americanos, eso era entonces y esto es ahora.