Si no llega a ser por el TSJC, los miembros de la policía nacional y de la guardia civil destinados en la catalana tierra habrían sido vacunados contra el coronavirus en fecha no determinada del año 2025 (¡con suerte!). Nuestro gobiernillo, que domina como nadie los pellizcos de monja, se estaba haciendo el longuis confiando en que no se notara mucho, pero, claro, lo de vacunar a los Mossos d'esquadra mientras se ignora a maderos y picoletos era algo que, tarde o temprano, sería advertido por la autoridad competente.

Ante la orden del TSJC, la reacción de nuestros gobernantes (por llamarles de alguna manera) ha sido la habitual: la de la doncella violada que no da crédito a la malvada lujuria de su atacante. La consejera Vergés ha acusado al tribunal de interferir en su gestión de la pandemia, cuando alguien como ella debería agradecer cualquier interferencia en lo que ella considera gestionar algo. El epidemiólogo lazi Argimon se ha descolgado con que, por culpa de la pasma opresora, los mayores de 70 años oriundos del lugar se van a quedar sin vacunar. Como era de prever, el que ha llegado más lejos en su indignación ha sido el fugado Puigdemont, quien, por lo menos, no disimula como los otros dos y va al grano de la cuestión: ¿para qué vacunar a los de la porra cuando hay tantos del porrazo? (fina alusión a la heroica jornada del 1 de octubre). Por muchas excusas que se inventen los lazis al seudo mando, la intención del gobiernillo con respecto a policías y guardias civiles era clara y transparente: que los zurzan, que los vacune su tía, que revienten. De hecho, suerte tenemos los botiflers de haber sido vacunados (aunque haya sido con AstraZeneca y nos hallemos a la espera del trombo), pues en una Cataluña ideal, los votantes de Junts x Cat, ERC y la CUP tendrían prioridad sobre los del PSC, PP y Ciutadans.

Lamentablemente para el lazismo, esta semana San Joderse ha caído en martes, pues anteayer fue también el día en que el PSOE --en la mejor tradición Donde dije digo, digo Diego-- se pensó mejor lo de convertir la comisaría de Vía Laietana en uno de esos centros de la memoria histórica antifranquista que tanto les gustan a los indepes para disponer de otro lugar en el que manipular a su conveniencia la historia reciente de Cataluña. El ministro Marlaska se lo ha pensado mejor y ha llegado a la conclusión de que los maderos están estupendamente donde están, y lo ha comunicado también en plan pellizco de monja, con ese brillante sarcasmo según el cual él no se siente autorizado a privar a los barceloneses de los servicios de las fuerzas de seguridad del estado (comentario que, con toda seguridad, habrá sentado como un tiro entre los lazis ya calentitos por la orden de vacunar a policías y guardias civiles como si fueran seres humanos).

Yo no sé si la dilación para vacunar a las fuerzas de ocupación puede incluirse en eso que Puchi llama “confrontación inteligente”, pero todo parece indicar que no. Por zotes que sean (que lo son), políticos y epidemiólogos deberían haberse dado cuenta de que los pillarían en un renuncio más pronto que tarde. Una vez desenmascarados como los racistas que son, lo único que pueden hacer es echarle la culpa de todo lo malo que suceda a partir de ahora a los chicos de azul y a los de verde. Y al gobierno central, claro. Y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo ello, entre grandes aspavientos y mucha indignación, mucha reivindicación de supuestas profesionalidades que muchos no vemos por ninguna parte y un subtexto que hacer correr: a partir de ahora, cada vez que muera de coronavirus un catalán de verdad, ya sabemos que el responsable es el que le abrió la cabeza a la tieta el 1 de octubre. O un amigo suyo.