A la vista de los últimos acontecimientos, el que necesita una ley de claridad es el Govern y no las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Junts per Catalunya (JxCat), que en cualquier otro país ya habría abandonado el Govern, ha decidido tirar por la calle de en medio y someter a la militancia la decisión de abandonar o no el Consell Executiu después del cese fulminante de su principal representante en el Ejecutivo, el vicepresidente Jordi Puigneró. Junts quiere negociar hasta el domingo con el president, Pere Aragonès, concreciones sobre los tres puntos que planteó como ultimátum (compartir la estrategia independentista, coordinar los grupos parlamentarios en Madrid y limitar la mesa de diálogo con el Gobierno a tratar de la amnistía y de la autodeterminación) y después consultará a los militantes los días 6 y 7 de octubre si sale del Govern o continúa.

El cese de Puigneró está muy justificado porque el presidente de la Generalitat no puede consentir que su número dos le oculte que el grupo parlamentario de JxCat iba a exigir en el Parlament una moción de confianza si no se cumplían las tres condiciones que habían puesto para seguir en el Govern de coalición.

La política catalana, especialmente en los últimos 10 años, ha deparado muchas sorpresas y muchas iniciativas inéditas, pero la de que un partido del Govern pida al otro socio que el president se someta a una moción de confianza puede pasar a los anales de la ciencia política. Entre las últimas primicias pueden incluirse también dos aportaciones de Laura Borràs: criticar en la última Universitat Catalana d’Estiu a todos los partidos, incluido el suyo, Junts, del que es presidenta, y su afirmación de que quien debía abandonar ahora el Govern es Esquerra porque incumple los pactos de legislatura en lugar de JxCat, siendo como es ella la principal valedora de salir del Ejecutivo.

La consulta a la militancia no deja de ser una nueva manera de ganar tiempo. Cuesta mucho dejar el Govern porque fuera hace mucho frío y se tienen que desalojar más de 200 altos cargos ocupados por miembros de Junts. Pero lo que es evidente es que, tal como han ido las relaciones entre ERC y Junts desde que lograron un trabajoso pacto tras dos investiduras de Aragonès fallidas por culpa de JxCat, la cuestión o la verdad, como cantaba Serrat, no tiene remedio. Es un parche para ver si la militancia apacigua a los impacientes por salir del Govern.

Es también una contradicción con las declaraciones del secretario general, Jordi Turull, quien ayer mismo decía que con el cese de Puigneró se sentían expulsados del Govern y con la calificación de “error histórico” contenida en el comunicado que Junts emitió para responder a la destitución.

El estrambote de la moción de confianza, que el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, planteó por sorpresa y con nocturnidad, y las consecuencias que se derivaron han ocultado las dos propuestas que el president presentó en la Cámara: la desjudicialización del procés y la vía canadiense al referéndum.

Lo que Aragonès llama la desjudicialización lo explicó esta vez más claramente. Consiste, ni más ni menos, en que los juicios pendientes por actividades realizadas antes o durante el 1-O culminen sin condenas o al menos sin penas de cárcel. Eso es lo que el independentismo llama “acabar con la represión” cuando en realidad se trata de aplicar la ley. El objetivo es conseguir los mismos efectos de la amnistía sin una amnistía. Es un planteamiento que el Gobierno nunca puede aceptar, entre otras razones porque la separación de poderes le impide inmiscuirse en el terreno judicial.

El otro planteamiento, la vía canadiense, ya ha sido rechazado por la Moncloa. En el fondo, es el mismo referéndum acordado que se solicitaba hace tiempo, aunque con una disposición más clara a pactar la fórmula concreta. Pero sigue siendo un referéndum para la secesión, que no acepta ninguna Constitución europea y que la UE tampoco avalaría, y menos tal como está la situación internacional, con la guerra de Ucrania y sus consecuencias.

Aragonès reconoce con su propuesta que el procés ha muerto y que la única salida es política y acordada, a la vez que intenta superar el estancamiento de la mesa de diálogo. Pero la vía canadiense no admite el derecho a la secesión, aunque sí la consulta a los ciudadanos, y pone tantas trabas para ejercer la autodeterminación que desde que se aprobó la ley de claridad en Canadá en el año 2000 nunca más se han celebrado referéndums en Quebec como los de 1980 y 1995. La ley establece que la claridad de la pregunta del referéndum y la mayoría necesaria para validarlo dependen en última instancia de la Cámara de los Comunes de Canadá, equivalente al Congreso de los Diputados español. ¿Alguien se imagina al Congreso dando validez a la pregunta y a la mayoría para poder negociar la secesión?