Coincidiendo con la Diada, la ANC ha decidido cuantificar el supuesto expolio fiscal que sufre Cataluña en términos de material sanitario:

1 día de expolio fiscal= 1.550 respiradores.

8 días de expolio fiscal= 1 test PCR para todo el mundo.

15 días de expolio fiscal= 9.542 médicos/médicas.

Es lo que nos explican en la campaña El derecho a ser independientes que intenta ganar adeptos apelando a las necesidades surgidas a raíz de la Covid-19. Los respiradores y los test PCR no son lo único. Se invocan también leyes que mejoren la calidad de vida, la posibilidad de tener una sanidad pública y de calidad, e impuestos solidarios. Cosas que, según nos dicen, el Estado español impide llevar a la práctica. Cada mensaje se acompaña de un lema secundario: El deber de construir un futuro mejor.

Asombra descubrir una campaña que apela al mismo tiempo y en un mismo mensaje a valores de justicia social y a un concepto, el expolio fiscal, que representa justamente lo contrario. Mientras la justicia social persigue la igualdad y el bienestar de los seres humanos, de todos los seres humanos sin excepción, los colectivos que han acuñado y abrazan el concepto de expolio fiscal proponen levantar fronteras que les permitan disfrutar del bienestar y los bienes en solitario, compartirlos les parece un saqueo.

El expolio fiscal es lo contrario al ideal de las izquierdas que aspiran a construir un proyecto global de justicia social que suprima, o al menos reduzca, las desigualdades que impiden a las personas disfrutar de cuestiones básicas como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Es también lo opuesto al ideal federalista que propone hacer frente a los grandes problemas de la humanidad, como el hambre, el cambio climático o las epidemias, mediante la colaboración, la solidaridad y el esfuerzo colectivo de todos los seres humanos.

El expolio fiscal abraza aquello que denunciaba Zygmunt Bauman antes de morir en su ensayo Extraños llamando a la puerta: la creación de personas secundarias, o excedentes humanos, que no merecen la misma consideración que “los nuestros” que sí tienen derecho a todo el bienestar. En este caso respiradores, test PCR y atención sanitaria. Los que están más allá de este círculo, no importan mientras “los míos” mantengan sus privilegios.

La campaña sorprende por esto pero también por su falta de sensibilidad y de tacto frente a las personas que han perdido a un ser querido por la Covid-19, las que tienen miedo a enfermar, y ven banalizado su dolor en una fórmula populista que reduce la salud de la población a supuestos días de expolio fiscal. Sorprende aún más que esta campaña nos prometa una sanidad pública y de calidad cuando han sido justamente las fuerzas independentistas las que han gobernado Cataluña durante la última década recortando sin piedad la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Podrían haber optado por utilizar las amplias competencias de Cataluña para fortalecer el Estado de Bienestar, todo aquello que es público y garantiza la redistribución y la equidad. Pero han preferido impulsar la privatización de sectores esenciales convirtiendo Cataluña en la comunidad líder en listas de espera sanitarias y de dependencia.

Con medio millón de trabajadores y trabajadoras viviendo bajo el nivel de la pobreza y otro medio millón de personas en situación de pobreza severa producto de su nefasta gestión, hay que tener mucha cara para afirmar ahora que lo que necesitamos es la independencia y no otros gobernantes que sí prioricen aquello que prometen sus slogan.

Cataluña tiene el deber de construir un futuro mejor, claro que sí, pero este futuro pasa por reemplazar a unos gobernantes que alientan discursos populistas por otros que atiendan las necesidades urgentes de una ciudadanía castigada por unas políticas neoliberales que se ocultan siempre bajo las banderas.