En febrero, la tasa de inflación general se situó en un 7,6% y la subyacente, que no tiene en cuenta las variaciones de los precios de la energía y los alimentos no elaborados, en un 3%. La primera fue 1,7 puntos superior a la de la zona euro, siendo la segunda una décima inferior a la del área común. Una aparente contradicción muy probablemente explicada por la desigual variación del importe de la electricidad en ambos territorios en el último año.

Entre marzo de 2021 y febrero de 2022, el precio de la luz en España aumentó un 80,5%, pero no sabemos cuánto lo hizo en la zona euro, pues Eurostat aún no la ha publicado. En cambio, sí conocemos que los productos energéticos se encarecieron en nuestro país un 44,3% y en la Unión Monetaria Europea un 32%.

De ningún modo, una diferencia atribuible a un distinto coste del crudo y solo parcialmente al del gas, pues la importación por gaseoducto es más barata que a través de metaneros. Por la segunda vía, España obtiene el 60% del suministro de la anterior materia prima, siendo dicho medio de transporte residual para muchos países del norte de Europa.

La principal causa de la disparidad es una tarifa regulada de la luz en nuestro país ligada a las variaciones diarias del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Un método de cálculo que conduce a una gran volatilidad del importe sufragado, pues lo reduce considerablemente si el coste del gas se desploma y lo aumenta mucho cuando este incrementa en gran medida, tal y como ha sucedido durante el último año.

En los otros países del área, la tarifa regulada afecta a un porcentaje inferior de consumidores y tiene un método de cálculo muy distinto. Por regla general, aquella es reservada únicamente para las familias con menores ingresos. Así, por ejemplo, en Portugal la poseen un 14,7% de los consumidores, mientras que en España alcanza a un 39,9%. Su cuantía la determina la Administración cada tres o seis meses en base a las variaciones en el coste de la energía. No obstante, si éste sube mucho, el precio del kWh lo suele hacer bastante menos.

Por tanto, para reducir el precio de la luz, la primera medida adoptada por el Gobierno español debería haber sido la reforma de la tarifa regulada y la adopción del modelo previamente explicado. La anterior es una de las causas por las que compartiendo mercado mayorista, la tasa de inflación en Portugal es mucho menor que la nuestra (7,6% versus 4,2%).

La otra es una medición incorrecta por parte del INE de la inflación generada por el aumento del precio de la electricidad. De forma increíble, el indicado organismo considera que todos los consumidores poseen la tarifa regulada, cuando es sabido y conocido que únicamente la tienen el 39,9%. Según CaixaBank Research, si el INE midiera correctamente la subida de los precios, en diciembre de 2021 el IPC hubiera sido del 4,8% en lugar del oficial 6,5%.

En todos los países de la Unión Europea, los consumidores pagan más de lo debido por la electricidad, siendo el culpable el sistema marginalista de fijación de precios. La clave del exceso está en la determinación del importe de mercado por parte de la energía que entra en la subasta a un precio más elevado.

Un sistema que proporciona grandes beneficios extraordinarios a las eléctricas y un gasto suplementario a las familias y otras empresas, pues el precio percibido por las energías más baratas (hidroeléctrica y nuclear) es muy superior al coste incurrido en su producción.

Ante dicha negativa repercusión, la decisión más acertada sería sustituir una única subasta por múltiples. En concreto, una para cada distinta tecnología de producción de electricidad. No obstante, su mantenimiento constituye una línea roja para la mayor parte de los países del norte de Europa. Consideran que facilita la transición energética hacia una economía más verde, al generar incentivos para la sustitución de las energías caras por las baratas y dotar de una gran capacidad de inversión a las empresas eléctricas.

La anterior oposición ha llevado a diversos países del sur a solicitar la exclusión de la subasta de la energía generada con gas natural, dada la gran diferencia de coste que en la actualidad existe entre ella y la obtenida mediante centrales hidroeléctricas y nucleares. Una actuación que reduciría notablemente el importe pagado por parte de los países que utilizan poco la anterior materia prima (España y Portugal) y bastante menos por los que dependen mucho de ella (Alemania y Países Bajos).

Una alternativa tampoco aceptada por las dos últimas naciones porque, según ellas, supondría la ruptura del mercado único de la electricidad. Además, sus dos líderes, Scholz y Rutte, están convencidos de que los desajustes generados en el anterior sistema son temporales y pronto serán solventados por la interacción entre la oferta y demanda. Una posición que puede responder a su pensamiento o ser únicamente una excusa para beneficiar a las grandes empresas medioambientales de sus países.

En el último Consejo Europeo, la solución de consenso entre España y Portugal y las naciones del norte de Europa ha consistido en reconocer la singularidad del mercado eléctrico de la Península Ibérica. Las escasas interconexiones con Francia (un 2,8% de la capacidad instalada) casi la convierten en una isla energética. Debido a ello, la Comisión Europea (CE) considera que la adopción de medidas por parte de ambos países para bajar el precio de la electricidad no pone en riesgo la unidad de mercado.

Bajo dicho pretexto, ambas naciones pueden topar el precio del gas y a través de él reducir el de la electricidad. En teoría, si la primera materia prima es más barata, la oferta de energía en el mercado mayorista por parte de las centrales de ciclo combinado será realizada a un importe inferior y la factura de la luz bajará sustancialmente.

No obstante, el precio máximo fijado lo deben negociar con Bruselas. El Gobierno español intentará que sea inferior al de 2021 (47,31 €/MWh) y la CE más parecido al promedio actual europeo. El primero porque su prioridad es bajar la inflación y, a través de ella, mejorar el poder adquisitivo de las familias y los resultados de las empresas. La segunda por su pretensión de impedir que las empresas españolas obtengan una ventaja competitiva respecto a las europeas debido al menor importe de la energía sufragado.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista equivale a la suma de tres factores: el coste del gas multiplicado por dos, el importe de los derechos de emisión de CO2 y los peajes pagados por las compañías eléctricas por el acceso a las redes de transporte y distribución. Por tanto, si el ejecutivo pretende que el primero no sobrepase los 100 €/MWh, el importe máximo del gas no debe superar los 35 €/MWh.

Si así sucede, la factura de la luz del mes de mayo bajará sustancialmente, siendo este el primero donde se podrá aplicar la nueva regulación. En el mercado mayorista, en comparación a febrero, lo hará en un 50%, pues en dicho mes el precio medio ascendió a 200,22 €/MWh. Una disminución que supondrá una reducción de la factura de alrededor de un 15%, pues en la actualidad el consumo de electricidad supone aproximadamente el 30% del recibo.

En definitiva, en febrero España alcanzó la tasa de inflación (7,6%) más elevada desde diciembre de 1986. Un nivel que compromete la recuperación económica y merma de manera importante el poder adquisitivo de las familias y los beneficios de las empresas. Para reducirla, es imprescindible disminuir el precio de la luz, pues éste ha sido el principal factor impulsor de la gran subida de los precios.

Con dicha finalidad, Pedro Sánchez ha conseguido que la CE le permita establecer un precio máximo del gas, dada la gran vinculación existente entre este y el de la electricidad. Para el consumidor medio, si posee una tarifa regulada, la probable disminución del importe de la luz será de alrededor del 15%. En el caso de que esté adscrito al mercado libre, la reducción de la factura será nula, pues en el reciente pasado no le han afectado directamente las grandes subidas observadas en el mercado mayorista.