Este lunes Comuns e independentistas unieron sus votos para impedir la retirada del premio Ciutat de Barcelona al demagógico documental Ciutat morta, otorgado por el Ayuntamiento en febrero de 2015. Recordemos que semanas antes de recibir el galardón, TV3 lo había emitido en el programa Sala 33 precedido de una entusiasta entrevista a sus autores Xavier Ortigas y Xapo Ortega, como si se fuera a revelar una horripilante verdad oculta: la inocencia de tres jóvenes sudamericanos de estética contracultural acusados de haber agredido gravemente a un guardia urbano, dejándolo tetrapléjico, en unos incidentes ocurridos el 4 de febrero de 2006 cuando intentaban acceder a una fiesta ilegal en una casa okupada del carrer Sant Pere Més Baix. El pase televisivo, convenientemente publicitado por la cadena pública catalana, tuvo un éxito enorme (20% de cuota y 569.000 telespectadores) y levantó una ola de indignación general ante la denuncia de un caso en el que se relataban torturas policiales, indiferencia médica, silencios mediáticos, complicidad política e irregularidades judiciales. El documental del llamado “caso 4F” quería evidenciar “el corrupto funcionamiento de los desagües del sistema y la muerte de una ciudad sometida a un proceso de gentrificación social y vendida al turismo”, declararon los autores.

La semana pasada el dirigente socialista Carles Martí, que en 2006 era concejal del distrito de Ciutat Vella y que fue poco después primer teniente de alcalde con Jordi Hereu, publicó en su blog personal (Socialisme ve de societat) una extensa reflexión sobre todos esos hechos y lo que significó políticamente ese documental en un momento en el que la crisis de 2008 había golpeado la credibilidad de las instituciones. Si hacemos memoria recordaremos que su emisión produjo un fenómeno de alineación colectiva, un delirio sociopolítico que arrastró a muchísimos opinadores y periodistas a exigir la revisión del caso. Incluso más, el Parlament de Cataluña aprobó una declaración institucional (a instancias de la CUP, cuyo líder David Fernández había estado presionando durante meses para que TV3 emitiera el audiovisual), pidiendo a la Fiscalía que se reabriera la investigación en base exclusivamente al documental. Y el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se pronunció en términos parecidos, corriendo a llevar el audiovisual ante la justicia. El apoyo político a ambas resoluciones fue casi unánime, lo que refleja hasta qué punto en Cataluña se había perdido el sentido critico y había una tendencia muy extendida a dejarse llevar por la ola nacionalpopulista o, como mínimo, a no plantarle cara.

Frente al vendaval de acusaciones contra las instancias judiciales, el TSJC tuvo que emitir una extensa nota, un hecho sin precedentes, donde lamentaba que desde otras instituciones (el Parlament y el Ayuntamiento) se diera credibilidad a unas descalificaciones de parte en lugar de leer antes las sentencias. Recordaba que el caso había sido juzgado en 2008 y revisado por el Tribunal Supremo, y repasaba las pruebas esgrimidas para condenar a cada unos de los acusados, así como los argumentos del juez para rechazar los supuestos malos tratos, entre otras cuestiones. Por último, recordaba que ningún condenado había solicitado la revisión y que para hacerlo hacían falta nuevas pruebas. El ridículo institucional y político catalán fue clamoroso pero en la sociedad caló hondo la idea de que se había cometido una injusticia y que el sistema estaba podrido.

Poco importaba también que una comisión del Colegio de Abogados hubiera examinado el caso, sin encontrar ninguna vulneración de derechos ni elementos que permitieran dudar de la imparcialidad del tribunal sentenciador. Curiosamente, Jaume Asens, que en el documental aparece acusando duramente a los jueces, estaba de observador en dicha comisión, y el hoy célebre abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, había llevado la defensa del principal acusado, Roberto Lanza. Las dudas sobre la inocencia de este se acabaron de hundir cuando, dos años después, protagonizó otro luctuoso incidente en Zaragoza, con el asesinato a golpes de Víctor Laínez, y por el que ha acabado condenado a 20 años de cárcel. Por último, la disolución este verano de Metromunster, la productora del documental, en medio de graves acusaciones de abusos sexuales y manipulación contable contra uno de sus impulsores y co-director de Ciutat morta, Xavier Artigas, ha acabado por hundir ya no solo la veracidad del audiovisual sino la ética de la propia plataforma.

Ahora bien, que tanta gente diera credibilidad a ese documental en 2015 sin hacerse más preguntas fue indicativo de que en Cataluña la histeria contra todo lo que oliera a establisment y Estado de derecho tenía el terreno abonado, lo que en paralelo explica el éxito de las ensoñaciones secesionistas hasta el otoño de 2017. Que ayer comunes e independentistas (ERC y JxCat) se negasen a retirar el galardón al infame documental, refleja que todavía no se han dado de cuenta de la pérdida de su sentido critico. Ada Colau sabe que la emisión de Ciutat morta fue otro de los escalones que le permitió alcanzar unos meses más tarde la alcaldía, junto a Asens como lugarteniente hasta 2019. Y para el conjunto del independentismo, aunque la CUP que fue la otra agitadora de la campaña haya desaparecido hoy del consistorio, el documental fue otro momento catártico que echó leña al fuego del procés. Si todo estaba podrido como denunciaba el caso 4F, la república catalana iba a servir también para purificar las instituciones. Como concluye el exconcejal Martí, “la vida y muerte del documental Ciutat morta es una experiencia colectiva que debemos guardar en el fondo de nuestra memoria, tener siempre presente porque se cruza y enlaza con aspectos esenciales de nuestra realidad social y política”.