Joaquim Coll opina sobre la crisis de vivienda en España
La responsabilidad individual también existe
"España arrastra un déficit de unas 750.000 viviendas, concentrado especialmente donde hay más demanda. Tampoco tiene un parque público de alquiler suficiente para ofrecer una alternativa a quienes no pueden acceder al mercado. Ese es el problema"
Llama la atención la enorme empatía social, política y mediática hacia Maricarmen y, en cambio, el nulo reproche hacia su decisión de no buscar, cuando aún podía intentarlo, otra alternativa. Tiene 87 años y llevaba 71 viviendo en el mismo piso. La escena de una anciana desahuciada saliendo en camilla duele. Es imposible no sentir compasión, pero tampoco debemos aparcar el sentido crítico.
¿Dónde queda la responsabilidad individual? Maricarmen no fue sorprendida de un día para otro. Su contrato de renta antigua tenía fecha de caducidad. Desde hacía muchos años sabía que aquella situación no podía prolongarse indefinidamente. Durante ese tiempo no intentó adquirir otro inmueble como alternativa.
Conozco un caso próximo: una familiar también soltera de edad similar, con renta antigua por vía paterna, compró cuando la ley puso fin a aquella situación. Asumió el esfuerzo económico y la hipoteca porque entendió que no podía dar por supuesto que aquella ventaja duraría para siempre. No es una comparación para culpabilizar a Maricarmen. Sirve para recordar que había otras opciones y que hubo personas que decidieron anticiparse.
Hablamos, además, de los años 90, no del mercado actual. Entonces, una persona sola, con un empleo estable y algunos ahorros, podía plantearse comprar un piso en una zona relativamente céntrica de Barcelona. Y en Madrid, también. No era fácil, pero era posible. Quienes compraron asumieron un esfuerzo; quienes siguieron con renta antigua conservaron una ventaja, pero también el riesgo de que terminara mal.
No conozco las circunstancias que tenía Maricarmen entonces. Sí hay un dato relevante: en 2005, cuando se produjo la segunda subrogación del contrato tras la muerte de su madre, no constaba ningún grado de discapacidad reconocido ni se alegó entonces esa circunstancia como excepción para prolongar el contrato. La vulnerabilidad de hoy no puede proyectarse sin más sobre las decisiones de hace más de dos décadas.
Y aquí aparece lo más desconcertante: haber convertido a Maricarmen en un icono de la crisis de la vivienda. ¿Qué tiene que ver una mujer que ha vivido siete décadas en renta antigua con el joven que hoy no puede emanciparse o la familia que no encuentra un alquiler asequible? Muy poco. Son problemas distintos. Además, sorprende que, entre los más de 24.000 lanzamientos que se producen cada año en España, algunos en circunstancias mucho más dramáticas, este caso se haya convertido en catalizador de la protesta.
España arrastra un déficit de unas 750.000 viviendas, concentrado especialmente allí donde hay más demanda. Tampoco dispone de un parque público de alquiler suficiente para ofrecer una alternativa a quienes no pueden acceder al mercado. Ese es el problema que debería ocupar el centro del debate.
Sin embargo, a la izquierda del PSOE hay sectores que plantean otra respuesta: recortar por ley los alquileres, prolongar indefinidamente las situaciones contractuales y hacer recaer sobre el Estado la responsabilidad de garantizar una vivienda. Llevada al extremo, esta concepción termina configurando un Estado asistencial encargado de corregir cualquier consecuencia adversa.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ayudar a quien queda en una situación de vulnerabilidad. Pero una cosa es ofrecer una red y otra convertirla en sustituto de la responsabilidad personal. La protección social no puede borrar las consecuencias de cualquier decisión individual.
Maricarmen finalmente regresará al piso que ocupaba, tras el acuerdo alcanzado con Urbagestión, sociedad a la que se ha demonizado desde el principio del desahucio, aunque también es evidente que, sin la bomba sociopolítica que se ha desatado, no habría habido este desenlace. Es una buena noticia para ella. Pero su caso no diagnostica la crisis ni justifica una política que solo proteja lo ya existente.
La vulnerabilidad merece protección. Pero una sociedad adulta también debe aceptar que las decisiones individuales tienen consecuencias.
