Joaquim Coll opina sobre la inmersión lingüística de Cataluña
Inmersión: el fracaso que no se puede nombrar
"Impedir la ejecución de las resoluciones judiciales se ha convertido en un objetivo político e institucional en Cataluña. Los gobiernos catalanes, incluido el del PSC, han retorcido la legislación y los decretos para seguir imponiendo la inmersión lingüística"
Hay algo más difícil de admitir en Cataluña que un mal resultado educativo: que pueda tener algo que ver con la política lingüística. Los datos empeoran y los tribunales dictan sentencia, pero hay una pregunta incómoda: ¿y si la inmersión empeora los resultados de buena parte de los alumnos, particularmente de aquellos a los que pretende integrar?
La paradoja viene, sorprendentemente, de Euskadi. Mientras en Cataluña sigue siendo tabú plantearlo, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera, consejera de Cultura y Política Lingüística y dirigente del PNV, ha reconocido que los malos resultados de PISA obligan a estudiar el factor lingüístico y el modelo D.
PISA 2025 sitúa a Euskadi en 419 puntos en lectura, solo por delante de Ceuta y Melilla. Más de tres cuartas partes del alumnado cursa en el modelo D, mientras el euskera no es la lengua familiar de la mayoría.
En Euskadi, alguien en el mundo nacionalista ha tenido la valentía de abrir el debate, aunque ya veremos cuánto tiempo la señora Bengoetxea durará en el cargo; en Cataluña, donde cuestionar la inmersión equivale a atacar el catalán, ni siquiera el PSC se atreve. Cualquier demanda de bilingüismo escolar se etiqueta como ofensa identitaria y políticamente ser etiquetado de extrema derecha o españolista.
Y, sin embargo, la investigación académica existente desde hace tiempo obliga a tomar en serio esa cuestión. Luis López-Agudo, Sara González-Betancor y Óscar Marcenaro-Gutiérrez, en Economic Analysis and Policy (2021), analizaron cinco ciclos de PISA y encontraron 0,24 desviaciones estándar menos en lectura y 0,06 en matemáticas cuando la prueba se realizaba en una lengua distinta de la hablada en casa: unos 24 puntos PISA en lectura. En Cataluña, las pruebas se realizan en catalán, con independencia de la lengua hablada en casa.
Otro estudio de Jorge Calero y Álvaro Choi, centrado específicamente en Cataluña y publicado en 2019, detectó también una desventaja del alumnado castellanohablante. Controlando variables socioeconómicas y escolares, sus autores encontraron diferencias negativas en Ciencias y Lectura, aunque no en Matemáticas. No permite atribuir toda la diferencia al modelo de inmersión, pero sí muestra que la lengua familiar está asociada al rendimiento.
![Jesús Rul, exprofesor y ex inspector de Educación / CEDIDA](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/13270.jpg?p=w:320\/h:240&h=MpZIcP5x"])
Cataluña ha construido un modelo en el que el catalán ocupa prácticamente todo el espacio vehicular en la enseñanza obligatoria. El problema no es darle un trato privilegiado ni que sea el centro de gravedad, como en su día ya aceptó el Tribunal Constitucional. El problema es cuando el objetivo político es relegar al castellano a su enseñanza como materia.
El TSJC fijó el 25% de enseñanza en castellano —primero en aulas concretas y, en 2020, para todo el sistema— que el Tribunal Supremo había avalado en 2015. La legislación catalana de 2022 quiso eludir ese porcentaje con fórmulas vagas como “presencia adecuada” para incumplir las sentencias.
![La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / EUROPA PRESS](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/32027.jpg?p=w:320\/h:240&h=tUkA0y-O"])
Estrasburgo ha añadido recientemente otro elemento de peso. El TEDH ha declarado inadmisible la demanda de otras familias de Canet de Mar que afirmaban sentirse perjudicadas por el 25% obligatorio en castellano. Recordó que Cataluña es una región bilingüe y que ambas lenguas son oficiales, lo que tiene que reflejarse en el modelo educativo. Evidentemente, la cuestión no va de porcentajes, sino de si el castellano tiene derecho también a ser lengua vehicular. La justicia ha dictaminado reiteradamente que sí.
![De izquierda derecha, la expresidenta de SCC, Elda Mata, y los actuales presidentes de Fundación Impulso, AEB e Impulso Ciudadano, José Domingo, Ana Losada y Javier Arenas](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/554390.jpg?p=w:320\/h:240&h=y1GSl6Id"])
No obstante, impedir la ejecución de las resoluciones judiciales se ha convertido en un objetivo político e institucional en Cataluña. Los sucesivos gobiernos catalanes, incluido el del PSC, han retorcido la legislación y los decretos para seguir imponiendo la inmersión.
Tras los malos resultados que vuelve a mostrar PISA, ahora ya se empieza a cuestionar abiertamente el modelo de “escuela inclusiva”. Lo que resulta incomprensible es que no se abra también un debate sobre un dogma lingüístico que restringe derechos y perjudica como mínimo a una parte del alumnado en su aprendizaje.
![El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto en el monasterio de Santa Maria de Valdonzella](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/538721.jpg?p=w:320\/h:240&h=95FW4XHF"])
No se trata de imponer un 50-50 ni de minusvalorar el catalán. Una sociedad bilingüe necesita garantizar el pleno dominio de sus dos lenguas oficiales. El problema desde hace décadas es que la defensa del catalán se confunde con la exclusión del castellano. El peor servicio que se puede hacer a los jóvenes es impedir que esas preguntas puedan formularse.
