Jordi Mercader
El Estatut cumple 21 años atrapado en una anomalía democrática
"Todavía nadie se ha atrevido a enfrentarse al colosal déficit democrático que arrastra desde que el Tribunal Constitucional dribló la voluntad popular expresada en el referéndum"
El Estatut ha cumplido 21 años y todavía nadie se ha atrevido a enfrentarse al colosal déficit democrático que arrastra desde que el Tribunal Constitucional dribló la voluntad popular expresada en el referéndum.
Esta anomalía democrática es la culminación de una historia convulsa. El Parlament aprobó un estatuto de ambición federal y trato bilateral, nacido de un pacto nocturno cerrado a última hora entre el primer gobierno tripartito y Artur Mas, jefe de la oposición.
A aquellas horas, el presidente José Luís Rodríguez Zapatero dormía plácidamente, convencido de que no habría estatuto. Sus fuentes catalanas de confianza así se lo habían transmitido y los cronistas más afamados ya lo habían insinuado.
El susto al leer el texto del nuevo estatuto debió ser de campeonato. Para el PP, España estaba con pie y medio en el precipicio. Para el PSOE, era solo el pie. Luego, ya lo saben. El Congreso liderado por los socialistas modificó a su gusto y a la baja, naturalmente, el acuerdo del Parlament. Aun así, los votantes catalanes lo aprobaron con entusiasmo contenido. Sin embargo, para el PP seguía siendo demasiado, instando al TC a rematar la jugada.
El Estatuto original estaba condenado. Era un sesudo compendio de derechos redactados al abrigo de una interpretación constitucional heterodoxa. Durante años, algunos renombrados juristas catalanes defendieron una tesis arriesgada. Decían que al formar parte el estatut del denominado núcleo constitucional, su texto podía impulsar cambios en la carta magna. Los garantes oficiales de la Constitución dijeron que ni pensarlo.
Y así quedó la cosa tras conocerse la sentencia de 2010: un texto irreconocible, instalado en una especie de limbo institucional, tras haberse burlado la voluntad popular.
La posibilidad de que el TC no aceptara la vía catalana fue contemplada por el impulsor del nuevo estatuto, desde antes de iniciarse los trámites y las negociaciones. El presidente Maragall lo explicó en el Parlament antes de que todo empezara, aunque, al parecer, nadie le escuchó. Si Madrid no acepta nuestra propuesta, lo que supondría un error histórico, vino a decirles a los diputados, entonces el texto retocado debería ser sometido a consulta ciudadana para ver qué se hace.
Zapatero no estaba para nuevas consultas y el segundo tripartito tampoco. Los dos gobiernos se resignaron al déficit de legitimación y al recorte final. Aunque se declararon capaces y dispuestos a arreglar el entuerto con unas cuantas leyes orgánicas.
CiU y ERC desconectaron de la vía estatutaria y se dedicaron a pasar pantalla tras pantalla hasta llegar a la del fracaso. El PSOE se olvidó de todo aun estando en la oposición. Hasta que Salvador Illa y el mismo Pedro Sánchez, estando en campaña, recordaron el agravio institucional que supone para Cataluña vivir con un estatuto impuesto. Parece, de nuevo, que todo se reconducirá con leyes orgánicas.
Un día, más tarde que temprano, se llegará a la conclusión de que la ambición del estatuto aprobado en 2006 por el Parlament exige una profunda reforma constitucional previa para materializarse. En realidad, la necesidad de esta reforma constitucional previa para hacer viable el Estatut ya se propuso en 2004, pero como en tantas otras cosas, Pasqual Maragall se quedó solo defendiendo la idea. El resto se puso las manos en la cabeza ante tanta osadía.
