Albert Gimeno
Entre las múltiples medidas que se toman en la esfera pública, pocas son las que tanto la presión de la sociedad como la decisión de las administraciones se convierten en un auténtico desastre.
Es lo que sucedió en su día cuando los gobernantes cedieron ante la famosa campaña de eludir el pago de los peajes en las autopistas catalanas y se materializó la idea de anular el pago por circular en las autopistas catalanas más importantes.
Viene a cuento esta vieja historia por la intervención de algunos miembros de la Generalitat poniendo encima de la mesa la posibilidad de volver a plantear el retorno de los peajes en las principales vías de comunicación de Cataluña.
La interrupción de los peajes en autopistas como la AP-7, la joya de la corona de las vías de comunicación que atraviesan Cataluña, fue una decisión equivocada. Lo asume el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otros miembros de la administración catalana. Desde que se interrumpió el pago por uso de la gran autopista, circular por esa vía se ha convertido en un infierno. No es una figura retórica. Conducir por esa vía es jugarse el cutis. El tema de fondo es por qué.
La falta de inversión ha sido clave. No ha habido peajes y ninguna administración ha colocado el dinero necesario para mantener la vía. Su estado es como mínimo mejorable y su uso abusivo un vía crucis para los automovilistas. ¿El peaje arreglaría de nuevo la situación? Está por ver, pero sin duda limitaría el uso excesivo de la vía por parte de camiones y vehículos. Particularmente, la experiencia que se vivía en esas principales autopistas cuando había peajes era de mayor control, mejor mantenimiento y menos presencia de vehículos pesados.
De todos modos, los ciudadanos deberíamos plantearle a la administración la obligación que tiene de mantener esas autopistas en condiciones, aunque no haya ingresos vía peajes.
Personalmente creo que jamás habría que haber eliminado esos peajes. La sociedad catalana, en esa locura colectiva que la caracterizó a partir del 2012, se puso en modo rauxa salvaje y consiguió que sus gobernantes, débiles y temerosos, doblegaran el statu quo que existía hasta el momento. Se acabó el pago que muchos consideraban una discriminación respecto a otras zonas de España y paulatinamente se cerró el caos sobre el asfalto cada vez más maltrecho de esas autopistas en las que actualmente circular es lo más parecido a jugarse la vida.
Volver a un tipo de peaje parece lo más sensato, tal y como ya ha intuido la Generalitat de Illa. Pero el caso es que el ciudadano tiene cuestiones pendientes que plantearle a su administración, la que toque. La catalana o la nacional. ¿El ciudadano debe circular por esas autopistas que ponen en riesgo su integridad física aunque no haya peajes?
Quizás la administración, si aprobara presupuestos de vez en cuando, podría destinar un dinero para que esas vías sean más seguras, aunque no existan peajes convencionales. El peaje nunca debió desaparecer, y menos como una reivindicación alocada del mundo independentista en ciernes.
Pero tras la aprobación de la desaparición de esa tasa, quien gobierna tiene la obligación de cubrir con impuestos el gasto de mantenimiento de unas autopistas que afectan a miles de ciudadanos diariamente. Hasta que vuelva a implantarse un peaje, del modo que se especifique, decenas de miles de catalanes volverán a circular por la AP-7 y otras vías clave y seguirán desafiando a camiones sin escrúpulos que ocupan viales de la autopista sin rubor y eso tendrá mala respuesta en las urnas. Aunque la solución se prometa a un par de años vista.
