Manuel Gómez Acosta opina sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El ultranacionalismo español de Aznar y Ayuso: los ilustres ”cayetanos” de la Villa y Corte
"Una estrategia de exclusión de los partidos nacionalistas periféricos dificulta la formación de mayorías estables, lo que imposibilita alcanzar mayorías de Gobierno en el Congreso. En escenarios tan fragmentados, la renuncia previa a negociar con determinadas fuerzas reduce las opciones de investidura y aprobación de leyes"
Hace solo unos pocos días, José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso —el dúo de Chamberí—, plantearon que la gobernabilidad de España debería descansar exclusivamente en acuerdos entre partidos de ámbito estatal, a los que consideran “constitucionalistas” y, por lo tanto, “españoles”.
Lo anterior supone impedir cualquier “acuerdo” que no sea con Vox, PP, UPN... "fieles" y "leales" a su España: "Una, grande y libre".
Desde una perspectiva política, la propuesta busca reforzar la idea de una gobernación basada en proyectos “nacionales”, reduciendo la capacidad de influencia de partidos de ámbito territorial que puedan representar intereses específicos de determinadas comunidades autónomas. Sus defensores sostienen que esto aportaría mayor estabilidad institucional, evitando concesiones ligadas a demandas territoriales y reforzaría la “igualdad” entre ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
Sin embargo, la viabilidad práctica de esta estrategia es más que discutible. El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales, ha favorecido históricamente la presencia de partidos nacionalistas y regionalistas en el Congreso.
Desde la Transición, tanto gobiernos del PSOE como del PP han recurrido en numerosas ocasiones a acuerdos con estas formaciones. De hecho, los propios gobiernos de Aznar entre 1996 y 2000 dependieron de pactos con el PNV y con fuerzas nacionalistas catalanas para alcanzar la mayoría parlamentaria.
Una estrategia de exclusión de los partidos nacionalistas periféricos dificulta la formación de mayorías estables, lo que imposibilita alcanzar mayorías de Gobierno en el Congreso. En escenarios tan fragmentados, la renuncia previa a negociar con determinadas fuerzas reduce significativamente las opciones de investidura y aprobación de leyes.
Por otra parte, es poco realista identificar solo como plenamente “nacionales” o “constitucionalistas” a unos partidos —excluyendo a otros— que también operan legalmente dentro del marco constitucional. Lo que supone olvidar que los partidos “nacionalistas” representan a millones de votantes y forman parte de la pluralidad política reconocida por la Constitución de 1978. La negociación parlamentaria con ellos sería una consecuencia natural del sistema representativo que nos hemos dado.
En definitiva, la propuesta de Aznar y Ayuso supone una estrategia de fortalecimiento de una gestión de Gobierno muy centralizada y significa un claro mensaje político dirigido a su electorado. Sin embargo, choca con una realidad institucional en la que el pluralismo territorial ha sido una característica permanente de la democracia española. El realismo y pragmatismo político nos muestra la dificultad matemática y parlamentaria de construir mayorías estables sin contar, al menos ocasionalmente, con fuerzas nacionalistas o regionalistas.
Otro elemento muy significativo del “nacionalismo” madrileño a tener en cuenta, y que tan bien representan Aznar-Ayuso, es la “obsesión enfermiza” por parte de la Comunidad de Madrid de controlar los medios de comunicación públicos, que deben estar al servicio de su ideología. La reforma de la Ley 1/2021 de Radio Televisión Madrid supuso un cambio profundo, que se materializó en el nombramiento de una nueva dirección subordinada a la mayoría parlamentaria del PP.
Su tramitación se hizo mediante el procedimiento de lectura única, una vía excepcional que permite aprobar una ley en un solo debate en el Pleno de la Asamblea, sin pasar por comisión y, sobre todo, sin posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Por ello, la oposición llevó la reforma al Constitucional que, el pasado abril, la anuló parcialmente, asestando el primer revés judicial al modelo impulsado por el Ejecutivo madrileño.
Una segunda modificación de la ley terminó de nuevo ante el alto tribunal . La Ley 3/2022 terminó de consolidar el nuevo modelo de la televisión pública, reforzando el control de la mayoría parlamentaria sobre su estructura interna. El Constitucional volvió a considerar que esta segunda tramitación también vulneraba los derechos de la oposición al impedir su participación efectiva en el proceso legislativo.
A resaltar que todas las “reformas” emprendidas por el Gobierno de Ayuso, relacionadas con la televisión pública madrileña, tienen el mismo objetivo —la misma obsesión—, concentrar todo el control político en su figura. Forma parte de una estrategia continuada de control de los medios de comunicación al servicio de una ideología el liberal-totalitarismo. Lo que apunta a anular cualquier tipo de participación ciudadana y deriva en una gestión con un profundo déficit democrático.
Para la presidenta madrileña, lideresa del ultranacionalismo español, las “reformas”, expresan la necesidad de controlar los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos , los cuales deben estar al servicio de su estrategia política. Todo ello con el objetivo, no ocultado, de ejercer el máximo control sobre los órganos de participación, excluyendo cualquier consideración sobre la calidad y mejora del servicio público. Todo apunta en la misma dirección: mayor dependencia y mayor control por parte del Gobierno regional ayusista.
