Jordi William Carnes y un montón de documentos
Simplificar y desregular
"No se trata necesariamente de eliminar normas, sino de reducir complejidad, duplicidades y cargas administrativas sin renunciar a las garantías jurídicas, sociales o medioambientales"
La simplificación y la desregulación se han convertido en el nuevo mantra que recorre Europa. El objetivo se repite en todos los niveles de la administración —europea, estatal, autonómica y local— como respuesta a una realidad que ya pocos discuten: el exceso de regulación está generando más problemas de los que pretendía resolver.
La Unión Europea, desde Bruselas, junto con la transposición de sus directivas por parte de los Estados miembros, ha ido construyendo durante décadas un inmenso entramado normativo. Un edificio jurídico pensado para ofrecer más seguridad y más derechos, pero que hoy provoca sorpresa, frustración e incluso rechazo hacia el propio proyecto europeo.
El Brexit constituye, entre otros factores, un ejemplo de cómo la percepción de una burocracia excesiva puede acabar teniendo consecuencias políticas de enorme alcance.
Sin embargo, conviene preguntarse quiénes son realmente los responsables de este desaguisado. Quizá los primeros sorprendidos deberíamos ser nosotros mismos. Durante años hemos reclamado más leyes, más controles y más regulaciones para garantizar nuestra seguridad, prevenir riesgos y evitar cualquier posible abuso.
El resultado ha sido la regulación de ámbitos cada vez más amplios de la vida pública y privada, con un nivel de detalle y casuística que, en muchas ocasiones, acaba provocando parálisis, contradicciones y una enorme inseguridad práctica.
Los objetivos de estas normas suelen ser legítimos. Resulta difícil encontrar un sector económico o social que no se sienta representado en algún reglamento. Y, cuando aparece una laguna, la respuesta habitual consiste en aprobar una nueva norma que amplía o corrige la anterior. Rara vez se plantea eliminar las que ya han quedado obsoletas.
Las preguntas son sencillas de formular, aunque mucho más complejas de responder.
¿Es posible simplificar y desregular el inmenso volumen normativo creado por la Unión Europea y por el conjunto de las administraciones públicas?
No se trata necesariamente de eliminar normas, sino de reducir complejidad, duplicidades y cargas administrativas sin renunciar a las garantías jurídicas, sociales o medioambientales. Naturalmente, cualquier intento de simplificación encontrará resistencias entre quienes consideran que cada regulación constituye una protección irrenunciable.
¿De dónde surge esta hipertrofia normativa? Las causas son múltiples.
Cada gran crisis ha generado nuevas regulaciones: la crisis financiera de 2008, la pandemia del Covid-19, la transición energética, la ciberseguridad o la protección de datos. Sin embargo, las normas anteriores casi nunca desaparecen.
A ello se suma una sociedad cada vez más compleja y fragmentada. La economía digital, la globalización y las nuevas tecnologías requieren marcos regulatorios más especializados. Si antes el foco era la proximidad, hoy vivimos en un mundo plenamente glocal, donde lo local y lo global conviven permanentemente.
También se ha consolidado el denominado principio europeo de precaución: ante la duda, una nueva regulación. Este enfoque ha permitido proteger mejor a consumidores, trabajadores y medio ambiente, pero también ha reducido, en algunos sectores, la competitividad frente a economías asiáticas y norteamericanas, mucho más ágiles desde el punto de vista regulatorio.
A ello debemos añadir la coexistencia de normas europeas, estatales, autonómicas y locales, que con frecuencia generan duplicidades, solapamientos y requisitos prácticamente idénticos. En definitiva, suele ser mucho más sencillo crear una nueva regulación que revisar o eliminar una existente. Nadie quiere asumir el riesgo político de parecer poco diligente.
La simplificación normativa no exige grandes revoluciones, sino voluntad política y sentido práctico.
Cada nueva regulación debería ir acompañada de la derogación de otra equivalente o redundante, aplicando el principio de "una norma nueva, una antigua fuera", defendido hace años por Pasqual Maragall.
Sería igualmente conveniente incorporar cláusulas de caducidad (sunset clauses) para determinadas disposiciones, de manera que, si dejan de estar justificadas, desaparezcan automáticamente.
Otro cambio imprescindible consiste en que ciudadanos y empresas solo tengan que presentar una vez la misma documentación ante cualquier administración. Resulta difícil explicar que un organismo público solicite repetidamente información que ya obra en poder de otra administración. Cuando existe voluntad, como demuestra la gestión tributaria, los datos circulan.
También convendría sustituir muchas autorizaciones previas por declaraciones responsables y controles posteriores, extendiendo este criterio al conjunto de la administración. Debemos abandonar la cultura de la desconfianza permanente.
Hoy, navegar por el laberinto administrativo exige conocimientos propios de un experto. No es un sistema pensado para la mayoría de los ciudadanos.
En España sigue siendo necesario avanzar hacia una mayor homogeneización administrativa. No resulta razonable que una misma actividad económica requiera procedimientos distintos en función de la comunidad autónoma o del municipio donde se desarrolle. La singularidad territorial debe ser compatible con el sentido común.
Por último, muchas normas son técnicamente impecables, pero prácticamente incomprensibles para quienes deben cumplirlas. La simplificación también pasa por un lenguaje jurídico más claro y accesible. De lo contrario, aquello que pretende proteger al ciudadano acaba generando confusión e incluso indefensión.
Naturalmente, una desregulación indiscriminada también entraña riesgos: menor protección de los consumidores, más inseguridad jurídica, mayores riesgos financieros, una protección ambiental insuficiente o una competencia desigual entre empresas.
Por ello, quizá el verdadero objetivo no deba ser hablar de menos regulación, sino de mejor regulación.
En definitiva, la hipertrofia normativa es el resultado de décadas de acumulación legislativa, del aumento de la complejidad social y de la superposición de distintos niveles de gobierno. La solución no pasa por eliminar normas de forma indiscriminada, sino por revisar sistemáticamente las existentes, suprimir duplicidades y diseñar regulaciones más sencillas, comprensibles y eficaces.
La irrupción de la inteligencia artificial abre una oportunidad extraordinaria para avanzar en esta dirección. También supone una amenaza para quienes siguen defendiendo procedimientos y normas que han perdido hace tiempo su utilidad.
Con demasiada frecuencia vivimos instalados en la ficción de que las responsabilidades siempre corresponden a otros. Tal vez haya llegado el momento de hacer las cosas más fáciles, más rápidas e inteligentes. Porque, si seguimos dudando indefinidamente, acabaremos acumulando muchas razones... y muy pocas realidades.
