Juan Antonio Gallo y un documento sobre una investigación de contratación pública
El teatro de los controles
"El fraude sistémico en contratación pública no es un accidente que los controles no detectaron, sino que es un proceso que los controles, en su diseño actual, simplemente no están pensados para impedir"
A la vista de lo que pasa estos días y al hilo de un artículo anterior en el que hablaba del gasto público, publicado aquí en Crónica Global, mucha gente me pregunta lo mismo, con ese tono entre la indignación y la perplejidad: si hay tantos controles, ¿cómo es posible que se robe tanto en la contratación pública?
La pregunta lleva implícita una hipótesis consoladora y es que los controles existen para evitar el robo. Llevo muchos años en esto, y ya no sé si esa hipótesis es ingenua o simplemente falsa. Y que no se enfade nadie, pero es así.
He intentado cambiar muchas cosas del control, al hilo de lo que he aprendido en otras Administraciones del norte de Europa, pero no se ha considerado conveniente.
Soy interventor y he sido presidente de un tribunal de contratos. Es decir, soy, teóricamente, uno de esos mecanismos de control. Entre otras cosas, fiscalizo contratos, emito informes, levanto reparos. Y sin embargo, si tuviera que responder con honestidad a la pregunta de si los controles sirven para algo, la respuesta sería que depende de lo que entiendas por servir.
Ahora, tengo que decir que esos mecanismos deben, con obligatoriedad, existir y que realizan una labor muchas veces no considerada suficiente por terceros y es agotadora. Pero dicho esto anterior, si sirve significa evitar, en muchas ocasiones, que ocurra el fraude, la respuesta es no, con una frecuencia que debería alarmar a más gente.Si sirve significa documentar que ocurrió, entonces sí sirven siempre, con una fidelidad casi poética.
El problema no es la ausencia de controles. España tiene, en materia de contratación pública, una de las arquitecturas de control más densas de Europa. Hay intervención previa, fiscalización limitada, control posterior, Tribunal de Cuentas, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órganos autonómicos equivalentes, juzgados de lo contencioso, tribunales de recursos contractuales...
La lista impresiona. Y sin embargo, los escándalos de corrupción en contratación pública han sido, en las últimas décadas, una constante que ninguna arquitectura de papel ha logrado detener. Lo vemos estos días con algunos juicios.
¿Por qué pasa? Porque el fraude sistémico en contratación pública no es un accidente que los controles no detectaron, sino que es un proceso que los controles, en su diseño actual, simplemente no están pensados para impedir. Están pensados para que, cuando el fraude salga a la luz, haya un rastro documental que permita atribuir responsabilidades. Eso es útil para los fiscales. Para la ciudadanía, algo menos.
El mecanismo real es este. El político o el gestor que quiere favorecer a una empresa determinada no necesita saltarse los controles. Necesita dominarlos.
Controla quien redacta el pliego, que es donde realmente se adjudica el contrato antes de que nadie haya presentado nada.
Controla los criterios de valoración subjetivos, que permiten puntuar alto a quien ya se ha elegido de antemano.
Controla los plazos, que pueden diseñarse para desalentar a competidores incómodos.
Y, en muchos casos, controla también al interventor, no necesariamente mediante corrupción directa, sino mediante los mecanismos más ordinarios del poder.
El interventor municipal, por poner el ejemplo más evidente, depende del alcalde para su nombramiento en la inmensa mayoría de municipios de este país. El auditor interno responde ante la misma dirección que fiscaliza. El órgano de control vive dentro del sistema que controla, y esa es una contradicción que ningún reglamento, por prolijo que sea, resuelve.
Lo que los controles sí hacen, y hay que reconocerlo para ser justos, es elevar el coste del fraude improvisado que es el del funcionario corrupto de bajo nivel que actúa solo y de forma torpe. Para ese perfil, el sistema funciona razonablemente bien.
El problema es que ese no es el fraude que más cuesta a las arcas públicas. El que más cuesta es el institucional, el que se ejecuta con meticulosa corrección formal, el que pasa todos los filtros porque los filtros no estaban diseñados para detectarlo, o porque quienes debían hacerlo formaban parte del mismo sistema de incentivos que lo producía.
La solución, si es que la hay, no pasa por añadir más capas de control a una arquitectura que ya nació torcida. Pasa por controles estructuralmente independientes, dotados de recursos propios, con carreras profesionales desvinculadas del poder que fiscalizan, y con mecanismos reales de denuncia y protección para quienes los activan.
Mientras eso no ocurra, los controles seguirán siendo lo que son en demasiados casos. Son el decorado del teatro en el que la corrupción actúa sin taquilla ni escándalo, con todas las entradas vendidas. Esta es mi opinión personal. Y no, no es optimista.
