Cuentan en Argentina que durante el segundo mandato del presidente Hipólito Yrigoyen (1928-30) sus colaboradores le preparaban un periódico especial solo con noticias amables y positivas para que viviese feliz. La dicha acabó el 6 de septiembre de 1930, cuando una junta militar con gran apoyo civil le depuso del cargo porque la realidad no era como la reflejada en el Diario de Yrigoyen.

No son pocos los historiadores que ponen en ese momento el inicio de la decadencia de Argentina, otrora una de las naciones con mayor PIB per cápita del mundo. En 1913 ocupaba la posición 6 del ranking mundial, por delante de todos los países de la Europa continental.

Un entorno acrítico hace mucho daño a los gobernantes. Un gobernante maduro tiene que entender que una crítica de una persona o medio cercano puede hacerle mucho bien porque nadie es perfecto. Una cosa es tratar de controlar el relato de los medios, otra crear un abismo entre medios amigos, impulsores de la propaganda gubernamental y el resto, acusándoles de ser una máquina creadora de fango.

La explosión del caso Zapatero constituye un punto de inflexión en el clima informativo nacional. En TeleYrigoyen (La1) se trató de extender el bulo de que todo provenía de una demanda de un sindicato ultraderechista (el mismo que, por cierto, sentó en el banquillo a S. A. R. la Infanta Cristina y a su marido). Pero no, todo arrancaba de una comisión rogatoria y de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

Y aunque no importa quién denuncia, sino la instrucción en sí misma, al analizar el auto de imputación muchos se echaron atrás.

El diputado Gabriel Rufián dijo, de una manera más cruda, que si lo que se exponía en el auto era cierto, era malo. Y si no, peor. Y, como muchas veces que habla sin exceso de ideología, tiene razón. Que un expresidente del Gobierno lidere una trama corrupta sería malo, que todo sea un montaje sería aún peor.

Si el imputado merece la presunción de inocencia, quienes instruyen el caso merecen también la presunción de independencia y profesionalidad. Si fuese el primer caso, lo prudente sería esperar antes de hablar. Claro que no es el primer caso. Hay más de 30 personas del partido del Gobierno o del entorno del presidente investigadas cuando no ya en medio de juicios.

Dos secretarios de organización, un hermano, su mujer, colaboradores… muchos casos, muchos juzgados diferentes, muchos investigadores, muchos datos, muchos fiscales… para que todo sea una confabulación. Y si alguien cree que hay prevaricación, que la denuncie de frente en lugar de hacer jueguecitos con palabras inglesas de moda.

Salvo en el caso de Ábalos, visto para sentencia gracias a tener una instrucción rápida al mantener su aforamiento en una estrategia que nadie entiende, la instrucción del resto de casos va a durar años, como acabamos de ver en el juicio de la Operación Kitchen, que juzga en 2026 hechos de 2013 en una instrucción que arrancó en 2018.

Quienes hoy vemos con problemas judiciales no se sentarán en el banquillo, si así lo deciden los jueces que instruyen los casos, hasta dentro de seis u ocho años debido al grave problema de saturación que asola a nuestro sistema judicial.

Si tuviésemos unos políticos con miras altas, que no tenemos, todo lo que está pasando debería servir para reforzar la independencia judicial y de los fiscales, para reforzar las unidades de investigación de policía y de guardia civil, para estrechar nuestros lazos con agencias internacionales, para agilizar la justicia, para limitar el control público de los medios de comunicación, para regular de manera más eficaz los servicios de lobi, para concretar los estatutos tanto de los expresidentes del Gobierno como de los cónyuges de los presidentes en ejercicio…

Estamos viendo muchas imágenes más que lamentables estos días, pero que una unidad de élite de la Guardia Civil entre, con mandato judicial, a llevarse los expedientes en contra de los agentes que investigan casos “complicados” es un límite que nunca debió haberse cruzado. Jueces y fuerzas del orden deben trabajar con total libertad, si no lo pueden hacer es que nuestro Estado muestra serios síntomas de putrefacción.

Más allá de la carnaza que dan, y darán, estos casos a las tertulias de todo tipo y condición deberían hacer reflexionar a los partidos políticos, especialmente a los dos más grandes, sobre las causas de la desafección y la polarización.

No hay otra causa que la baja talla de la clase política actual. Sea verdad o no todo lo que ahora se dice del presidente Zapatero todo este ruido solo sirve para fortalecer a los partidos de la izquierda extraparlamentaria y a los de extrema derecha, los que lanzan mensajes muy sencillos que calan en la gente.

Para defender nuestra democracia no necesitamos fabricar noticias positivas ni bucear en el fango, necesitamos que las instituciones funcionen de manera independiente, hay que limitar el aforamiento de los políticos, tiene que evitarse que el tribunal Constitucional actúe como tribunal de casación y de facto reduzca las penas de ciertos políticos, hay que prohibir indultos a políticos y a cargos de confianza y, sobre todo, necesitamos políticos de altura que entiendan que más allá de las consecuencias penales que puedan derivarse, o no, hay suficientes elementos para pensar en que suceden cosas en nuestro país que deberían regularse de manera diferente mediante acuerdos de Estado.

Me temo que nada de eso pase y cada día sigamos hundiéndonos un poco más en el lodazal, con consecuencias políticas, institucionales y económicas, porque en este entorno son más que improbables unos presupuestos y los inversores internacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir en un entorno tan convulso.