Francesc Arroyo cuestiona la imparcialidad de la justicia en los casos de gran repercusión mediática Europa Press
El problema judicial
"Se trata de un sector que ha perdido los modales y que ya no cree necesario que la mujer del César, además de ser honrada, lo parezca"
El procesamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tendrá el recorrido que tenga, pero ha mostrado con claridad la falta de confianza en el sistema judicial. En general. Un sector de la población reaccionó, en primera instancia, con incredulidad.
Una de las asociaciones conservadoras, la Francisco de Vitoria, ha hecho público un comunicado lamentando las críticas al juez. Quizás tengan razón y se trate de un magistrado honrado y cumplidor, pero el silencio de las asociaciones de jueces y fiscales en multitud de casos anteriores hace que sus quejas no sean creíbles. Aunque esta vez sean razonables.
Que un juez no sea capaz de averiguar a quién corresponde la expresión “M. Rajoy” encontrada en un escrito en la sede del PP cuando Mariano Rajoy era su máximo dirigente no mereció comentario alguno.
Que un juez decidiera descartar montones de grabaciones que hubieran podido sentar en el banquillo a ese mismo Rajoy y a algunos de sus ministros y ministras no mereció comentario alguno.
Tampoco se exclamaron ante la intimidad mostrada por la jueza Concepción Espejel (promocionada al máximo por el PP) y la exministra Dolores de Cospedal.
Las andanzas del juez que indaga cada paso que haya podido dar Begoña Gómez no han merecido comentario alguno, pese a su extravagancia y a algunos reveses de la Audiencia Nacional.
La insistencia en seguir pistas dudosas sobre presuntos delitos de los dirigentes de Podemos no merecieron comentarios. Ni siquiera cuando, pasado el tiempo, mostraron su falta de fundamento. Tampoco los vaivenes de los jueces en el caso que afecta a Mònica Oltra.
Tras años de marear la perdiz y a los acusados en vano, la cosa queda en nada, pero el daño ya está hecho.
Hay más. Estos mismos días se está viendo en sala el caso Púnica que afecta al PP. Arrancó en 2014. Los acusados viven en su casa, tan ricamente. Igual que lo hace Eduardo Zaplana, excarcelado porque se supone que se estaba muriendo. Desde hace ocho años. Si no llega a estar grave igual se apunta a una maratón.
Por cierto, los jueces asumieron sin problemas que Esperanza Aguirre, jefa de Granados, no tenía nada que ver con éste. También fue absuelta de darse a la fuga cuando la Guardia Urbana quiso multarla por aparcar en un carril bus para sacar dinero de un cajero automático.
Menos mal que se abstuvieron de sancionar a los agentes.
Es más llamativo, si cabe, lo ocurrido con el Fiscal General del Estado condenado con gran celeridad por hacer público un documento relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso y que tenía media humanidad, sin la certeza de que él fuera quien lo distribuyó.
El juicio al novio por fraude fiscal, en cambio, va para muy largo. El juzgado ni siquiera tiene todos los informes necesarios para proceder.
Los de los familiares de Pedro Sánchez, sin embargo, van a ritmo de Fórmula 1.
Lo mismo ocurre con el juicio a José Luis Ábalos. Se ha visto antes que el que debe celebrarse contra su acusador, Víctor de Aldama, al que la acusación particular (PP) y el fiscal han tratado con una deferencia absoluta pese a que reconoció haber delinquido todo lo que pudo.
La última fantasmada ha sido la decisión del Supremo de negar la autonomía moral a los ciudadanos que opten por la eutanasia, otorgando la autoridad a personas allegadas. Una clara restricción a la libertad individual del sujeto que tomó la decisión. Sin contar que, al judicializar el asunto, se dilata inevitablemente porque los tribunales, sobre todo si quieren, pueden tardar años en dictar sentencia.
En ninguno de estos casos las asociaciones de jueces consideraron oportuno expresar su preocupación.
Hay una impresión generalizada de que los jueces que ascienden en el escalafón son los capaces de encontrar vericuetos legales que sirvan para salvar a políticos de derechas o perseguir a políticos de izquierdas.
Seguro que hay jueces independientes. Lo que resulta dudoso es que éstos acaben con facilidad en las Audiencias, en el Supremo o en el Constitucional.
Para acceder a estos tribunales cuenta el servicio prestado a los partidos que los promueven. O la disposición a hacerlo.
Luego está el Consejo General del Poder Judicial, en cuya objetividad no creen ni sus miembros.
El resultado es que hoy el prestigio de los jueces está por los suelos. Cuando un tribunal procede contra alguien lo primero que se trata de averiguar es la filiación ideológica del magistrado.
Una tarea sencilla, porque la mayoría es de derechas y algunos de ellos, de extrema derecha.
Se trata de un sector que ha perdido los modales y que ya no cree necesario que la mujer del César, además de ser honrada, lo parezca. Por si no queda claro: no creen necesario ni ser ni mostrarse imparciales. Y a algunos les va de maravilla.
