Joaquim Coll y la presentación del 'Informe Fènix'
‘Informe Fènix’: tarde y cojeando
"Ninguna economía avanzada puede sostener niveles elevados de prosperidad apoyándose principalmente en actividades de bajo valor añadido"
El reciente Informe Fènix, elaborado por economistas como Xavier Cuadras, Modest Guinjoan y Miquel Puig, con el asesoramiento de figuras como Jordi Galí o Jaume Ventura, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la economía catalana crece en términos agregados, pero pierde prosperidad relativa por habitante.
El diagnóstico resulta difícilmente refutable. A comienzos de los años 2000, el PIB per cápita catalán superaba claramente la media europea; hoy se sitúa por debajo.
El crecimiento demográfico ha sostenido las cifras macroeconómicas, pero no ha mejorado proporcionalmente el bienestar del ciudadano medio. El modelo productivo se ha desplazado hacia sectores de baja productividad —turismo masivo, hostelería o determinadas ramas agroindustriales— sustentados en mano de obra barata y escasa cualificación.
El resultado es un crecimiento extensivo que presiona la vivienda, congestiona los servicios públicos y mantiene salarios estancados.
En este punto, el informe acierta de lleno. Ninguna economía avanzada puede sostener niveles elevados de prosperidad apoyándose principalmente en actividades de bajo valor añadido. Cataluña corre el riesgo de instalarse en una mediocridad competitiva incompatible con su tradición económica.
Ahora bien, el documento incurre a menudo en un tono pesimista, cercano al alarmismo característico de cierta tradición nacionalista. La diferencia es que esta vez el relato no se apoya en el viejo argumento del “expolio” fiscal ni en una Cataluña supuestamente frenada por Madrid. El foco se desplaza hacia las debilidades internas del propio modelo productivo, lo que supone un avance analítico evidente.
Sin embargo, el riesgo de construir un relato excesivamente declinista persiste. Cataluña sigue siendo una de las economías más dinámicas del sur de Europa, con capacidad exportadora, tejido industrial y una ciudad global como Barcelona. El problema no es el colapso, sino la erosión gradual de ventajas competitivas históricas.
La principal limitación del informe es política. Analiza muchas de estas debilidades como inercias impersonales, cuando obedecen en buena medida a decisiones concretas de las últimas dos décadas, cuya responsabilidad recae en gran parte sobre la Generalitat.
El procés no fue solo una crisis institucional; fue también una gigantesca distracción colectiva. Mientras otras regiones europeas competían por atraer inversión, talento y tecnología, buena parte de la política catalana quedó absorbida por la confrontación identitaria y la cultura del agravio.
El nacionalismo gobernante priorizó la épica simbólica sobre la gestión eficaz. Los costes han sido visibles: deterioro institucional, inseguridad jurídica, fuga de sedes empresariales y pérdida de confianza inversora.
El caso de las renovables resulta especialmente ilustrativo. Durante años, la Generalitat combinó una retórica grandilocuente sobre la transición energética con una práctica marcada por la parálisis administrativa, la inseguridad regulatoria y la presión localista contra nuevos proyectos.
Mientras otras comunidades avanzaban en eólica y fotovoltaica, Cataluña acumulaba retrasos y dependencia energética, comprometiendo parte de su competitividad futura.
Tiene mérito, eso sí, que el Informe Fènix no caiga del todo en el automatismo del “déficit fiscal” como explicación universal. Sus autores, todos soberanistas, evitan convertir la relación con el Estado en una coartada totalizadora. Cataluña necesita menos excusas y más capacidad de autocrítica.
La regeneración económica catalana no vendrá de nuevos relatos épicos ni de fénix simbólicos. Exigirá recuperar una cultura política basada en el mérito, la estabilidad institucional, la apertura y la competitividad real. Menos identitarismo y más buen gobierno.
En este sentido, el dispendio previsto en los nuevos presupuestos de la Generalitat para recaudar algún día el IRPF, cuando la AEAT ya lo hace de forma excelente, va en la dirección contraria. Es un esfuerzo inútil que solo contenta el imaginario soberanista. Más valdría dedicar esos más de 500 millones de euros a mejorar, por ejemplo, el sueldo de los médicos y enfermeras…
