Ayuso, la sanidad como negocio

La sanidad pública necesita de importantes recursos económicos. Si se produjera una reducción de las aportaciones de las administraciones públicas y del Estado, se produciría un deterioro en la prestación de los servicios. Las organizaciones políticas más depredadoras y conservadoras consideran que la privatización de la sanidad es la alternativa y, sobre todo, una excelente oportunidad de negocio.

Hay que buscar alternativas y, como siempre, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid considera que las residencias de ancianos, donde se atiende al que paga, son un buen ejemplo de eficiencia económica.

Los más de 7.000 ancianos/as fallecidos/as en las residencias durante el Covid-19 al no ser derivados a centros donde pudieran ser atendidos no dejan de ser los efectos colaterales derivados de una población cada vez más envejecida. Para la presidenta de la autonomía, la solución es la privatización concertada, gestionada por el grupo Quirón Salud, “buque insignia” de un gran negocio.

El grupo Quirón es el actor dominante de la sanidad privada española y el mayor grupo hospitalario privado. Con unos ingresos procedentes de la sanidad pública madrileña de 1.000 millones de euros al año. Para el grupo, España es sin duda uno de sus mercados más rentables.

Este negocio desarrollado especialmente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha generado numerosas polémicas y controversias, que han llegado a provocar investigaciones del Tribunal de Cuentas. Se han denunciado por posibles irregularidades en contratos y acusaciones políticas de condonaciones de deuda, trato de favor, y se han producido también denuncias de que pacientes públicos son derivados a centros privados: hasta un 60% de derivaciones a grupos como Quirón.

Lo anterior nos conduce a analizar de forma rigurosa, y al mismo tiempo crítica, el modelo de privatización sanitaria implantado en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Madrid. Este modelo ha supuesto en muchos casos la transferencia de fondos públicos a empresas privadas, lo que podría haber priorizado los incentivos económicos sobre criterios médicos.

El modelo de concesión hospitalaria en la Comunidad de Madrid es una fórmula de colaboración público-privada: la Administración mantiene la titularidad, financiación y control del hospital, pero la empresa privada se encarga de construirlo y/o gestionarlo durante décadas. A cambio, recibe un canon anual o pago por población asignada. El objetivo es ganar eficiencia y rapidez inversora, aunque implica compromisos de pago a largo plazo y requiere fuerte supervisión pública.

El sistema concertado tiene algunas ventajas, como serían la ampliación de la capacidad asistencial, la reducción de tiempos de espera e incluso la posibilidad de aprovechar recursos ya existentes. Por otra parte, presenta inconvenientes, algunos de especial relevancia, como sería el riesgo de fragmentación del sistema, así como posibles incentivos perversos si no se regula adecuadamente. En ocasiones, las mutuas se niegan a pagar determinados gastos extras (marcapasos, prótesis…), que intentan trasladar al sector público.

La preocupación por un posible deterioro de la sanidad pública en España ha ido creciendo en los últimos años, en un contexto marcado por tensiones presupuestarias, aumento de la demanda asistencial y cambios en los modelos de gestión. La percepción de una reducción de recursos —ya sea en forma de menor inversión, falta de personal o precarización laboral— alimenta la idea de que el sistema público podría estar entrando en una fase de debilitamiento progresivo.

Uno de los elementos clave de este debate es la situación de los profesionales sanitarios. La sobrecarga asistencial, las listas de espera y la temporalidad laboral han generado malestar en el colectivo. En este contexto, el papel de los sindicatos resulta fundamental como garantes de los derechos laborales, denunciando condiciones que consideran incompatibles con una atención de calidad y, al mismo tiempo, evitando actuaciones de carácter corporativo que puedan dañar al sistema.

Paralelamente, emerge con fuerza el debate sobre la privatización. Surgen dudas de que la atención sanitaria puede quedar en manos de operadores cuyo objetivo principal es el beneficio económico. Esto plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto puede compatibilizarse la lógica del mercado con los principios del Estado del bienestar?

La sanidad pública se basa en la universalidad, la equidad y la atención según necesidad, no según capacidad de pago. Cuando los intereses económicos condicionan la gestión, existe el riesgo de priorizar servicios rentables frente a aquellos más costosos, pero socialmente necesarios. La expansión y crecimiento de grandes grupos hospitalarios privados , especialmente en la Comunidad de Madrid, refleja una tendencia preocupante: la progresiva “mercantilización” de ciertos segmentos de la sanidad.

En definitiva, el riesgo de degradación de la sanidad pública no es un hecho inevitable, pero sí una posibilidad real si no se corrigen determinadas tendencias. La clave está en reforzar la inversión pública, garantizar condiciones dignas para los profesionales, mejorar la gestión y asegurar que cualquier colaboración con el sector privado esté subordinada al interés general. La sanidad, como pilar fundamental del Estado del bienestar, difícilmente puede concebirse únicamente como un negocio sin poner en riesgo su propia esencia.

Hay algunas señales preocupantes de deterioro en algunos sectores del sistema sanitario público en España: listas de espera más largas (especialmente en consultas y cirugías no urgentes), saturación en atención primaria, falta de profesionales en ciertas especialidades, un personal sanitario sometido en ocasiones a un agotamiento extremo.

No estamos ante el colapso del sistema, pero sí ante un sistema más frágil que hace 10 ó 15 años. Hay factores que han intervenido en ese proceso: envejecimiento de la población, falta de personal sanitario, así como decisiones políticas sobre financiación y modelo

La sanidad pública necesita más recursos, la otra alternativa es dejarla en manos de los que la consideran como un lucrativo negocio. La sanidad pública española sigue siendo de calidad, pero si no se refuerza, puede perderla progresivamente.