El TSJC ha tenido que recordar lo que el Govern parece haber olvidado: que la legalidad no es opcional. La orden de ejecutar la sentencia contra el decreto lingüístico evidencia hasta qué punto la política educativa catalana ha derivado en una vulneración sistemática de derechos.

El decreto de 2024 pretendía consolidar el catalán como lengua prácticamente exclusiva en la enseñanza: vehicular, administrativa y de relación con las familias. En la práctica, relegaba el castellano —lengua oficial y materna de casi la mitad de la población— a una presencia marginal. Los tribunales han anulado once artículos clave precisamente por generar un desequilibrio incompatible con el principio de cooficialidad recogido en la Constitución y en el Estatut.

No se trata de identidad, sino de derechos: el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en ambas lenguas oficiales, el de las familias a no ver relegada su lengua materna y el de los docentes a no verse empujados a actuar al margen de la legalidad.

Lo más revelador, sin embargo, no es la sentencia, sino la reacción. El presidente Salvador Illa, al frente de un Govern que se presenta como el “Govern de tothom”, ha reafirmado su “compromiso total” con la inmersión y ha anunciado que utilizará “todos los recursos políticos y jurídicos” para defenderla.

Lejos de asumir el correctivo judicial, el Govern ha optado por denunciar una supuesta “intromisión” en un sistema que califica de “éxito”. Con esta actitud, no solo calca el discurso victimista del nacionalismo, sino que desprecia, en la práctica, a una amplia mayoría de catalanes que, según diversas encuestas, reclaman una mayor presencia del castellano en la enseñanza obligatoria.

En paralelo, partidos como ERC han preferido descalificar a la recurrente, la heroica, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en lugar de rebatir sus argumentos jurídicos. Los Comuns han ido más allá al sugerir “explorar vías” para eludir la aplicación. Una vez más, se impone el mismo reflejo: si la ley incomoda, se desacredita; si la justicia corrige, se victimiza.

Conviene insistir: la sentencia no prohíbe ni margina el catalán. Lo que impide es su conversión en lengua única vehicular y la expulsión de facto del castellano del sistema educativo. En una sociedad bilingüe, ninguna lengua oficial puede ser tratada como un estorbo.

Pero el problema va más allá del plano jurídico. La inmersión ha dejado de ser un modelo pedagógico discutible para convertirse en un dogma político: un tabú cuya mera crítica se interpreta como una agresión al catalán. Así, el debate ha abandonado la razón para instalarse en la fe, ignorando evidencias incómodas como los peores resultados de los alumnos castellanohablantes en estudios como PISA 2022 —con brechas significativas en lectura y ciencias— o el retroceso general de Cataluña frente a comunidades con modelos más flexibles.

No es casual. El modelo responde, en buena medida, a una visión que percibe el castellano como una amenaza a contener. Y, entre los nacionalistas más recalcitrantes, a pura hispanofobia. De ahí su deriva: una política que, en la práctica, ha acabado situándose contra el castellano y, llegado el caso, también contra la ley.

Pero hay una consecuencia adicional: estas políticas están perjudicando al propio catalán. Al convertirlo en lengua de imposición, lo vuelven antipático para una parte creciente de la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes y la población de origen inmigrante. Ninguna lengua se fortalece cuando se percibe como una obligación.

Además, se elude el verdadero problema. Los retos del catalán —su retroceso como lengua habitual, ya limitada a algo más de un tercio de la población— no se afrontan con un cierre identitario en la escuela, sino fomentando su uso en entornos abiertos, atractivos y voluntarios.

Esa lógica de imposición tampoco es socialmente neutra. Se ejerce con mayor intensidad sobre los sectores más humildes, por ejemplo, en el acceso al empleo público, donde se exigen niveles lingüísticos a menudo desproporcionados para determinadas profesiones, incluyendo a barrenderos y enterradores, actuando como barrera de entrada y reproduciendo desigualdades.

Cataluña no necesita menos catalán, sino más libertad y equilibrio. Un modelo flexible, adaptado a la realidad social de cada centro, con presencia vehicular significativa de ambas lenguas oficiales y evaluación transparente de resultados.

Porque el problema ya no es solo educativo ni lingüístico: es democrático. No se puede construir un sistema público contra una de sus lenguas oficiales ni al margen de la ley. Cataluña merece una escuela basada en el equilibrio lingüístico y el respeto a la legalidad. Todo lo demás, por mucho que se disfrace de defensa de la lengua, es solo imposición.