Cuando ya no hay suelo moral

Por más que hayan corrido ríos de tinta sobre el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts que permitió la investidura de Pedro Sánchez, creo que no existe una clara conciencia colectiva sobre lo que aquello supuso en términos morales para nuestra vida política.

Negociado en el extranjero por un prófugo de la justicia, que lideró un golpe a la democracia en toda regla, y el entonces secretario de organización del PSOE, ahora investigado por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, el acuerdo implicó nada menos que la aprobación de una ley de amnistía, hasta entonces considerada claramente inconstitucional por los propios socialistas, redactada al dictado de quienes se han beneficiado de ella, tras haber sido condenados por gravísimos delitos.

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Cuando sucede algo así, por más que se pueda sintetizar en unas pocas líneas, es evidente que salta por los aires cualquier suelo moral. Para alguien que, con tal de gobernar, decide justificar semejante “cambio de opinión” ya todo da igual. Y buena prueba de ello es la actitud que el Ejecutivo ha ido consolidando durante estos años frente a los otros dos poderes del Estado: Legislativo y Judicial.

Sobre el primero, dijo Sánchez en el Comité Federal de septiembre de 2024 que su intención era “avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del Poder Legislativo”. Y, efectivamente, así es. Las sesiones de control de los miércoles en el Congreso se traducen con frecuencia en preguntas del Gobierno a la oposición. El presidente raras veces acude al Senado, y no se ha convocado el Debate sobre el Estado de la Nación, uno de los compromisos del tan cacareado Plan de Acción por la Democracia.

El abuso del real decreto ley “ómnibus”, minando el papel del Parlamento y tratando de presentar sistemáticamente a la oposición como contraria a cualquier política social (por negarse a aprobar en bloque un alud de temas muy diversos), es sangrante.

¡Por no hablar de la sistemática prórroga de los Presupuestos, manifiestamente inconstitucional si no se presentan!

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No hay forma de llevar unos Presupuestos Generales del Estado a las Cortes, pero se negocia por la puerta de atrás (con uno de los amnistiados y ninguneando también a las comunidades autónomas) una financiación singular para Cataluña, imprescindible para la investidura de Salvador Illa, que ahora retira los presupuestos autonómicos para evitar un cataclismo de la ministra Montero en las elecciones andaluzas.

Sobre el Poder Judicial, el Ejecutivo se resiste (aunque en su momento Pedro Sánchez lo defendía con contundencia, y lo reclaman el Consejo de Europa y la Comisión Europea) a modificar el sistema de elección de los 12 vocales jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que no sean nombrados por cuotas de partido sino por sus pares.

Con el apoyo de los socios de la moción de censura (vía proposición de ley), el Gobierno, ya en la anterior Legislatura, logró retirar al CGPJ las competencias para realizar nombramientos de altos magistrados mientras está en funciones (pretendía presionar al PP, que no se avenía a un acuerdo para renovarlo). Más adelante (por la misma vía), le devolvió la capacidad de escoger solo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde designar, porque, de lo contrario, el propio Gobierno no podría nombrar a otros dos (los magistrados del TC se renuevan en bloques de cuatro). De este modo, el tribunal de garantías pasó a contar con una “mayoría progresista” al proponer el Gobierno a un exministro (Juan Carlos Campo) y a la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de Presidencia (Laura Díez). Con esta nueva composición, el TC avaló la ley de amnistía, con el voto en contra de los magistrados de la órbita conservadora.

Junto a esta inaceptable manipulación del órgano de gobierno del Poder Judicial para colocar piezas afines en el TC, el Ejecutivo de Sánchez ha contribuido a generar una irresponsable sombra de duda sobre la independencia de los jueces. Ha cuestionado su labor de forma totalmente improcedente en numerosas ocasiones, empezando por la introducción de la idea de lawfare en el mencionado acuerdo con Junts para la investidura.

El pasado septiembre, en una entrevista en RTVE, Sánchez afirmó que “hay jueces haciendo política”, lo que generó un gran malestar en las asociaciones judiciales. En noviembre, el propio presidente declaraba en entrevista a El País, y antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que “el Fiscal General es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”.

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Todo ello sin olvidar que el máximo responsable de la Fiscalía es nombrado por el propio Gobierno y para el periodo de su mandato (“¿la Fiscalía de quién depende?”), en contra también de las recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Así las cosas, para tratar de acallar tantos excesos, a los que se suman los gravísimos casos de corrupción que acechan al PSOE, de los que su secretario general dice no tener conocimiento, el grueso de la energía se pone en el relato, recurriendo para ello a la política internacional.

Hay que dejar claro que España (patriotas cuando conviene) debe estar siempre en “el lado correcto de la Historia” (tremenda cursilería), así que hay que insistir en el “no a la guerra” (sin preocuparse mucho, eso no, por otros temas de política internacional no precisamente lejanos como el Sáhara), hay que reforzar “el escudo social” (aunque esto no encaje ni a martillazos con las continuas cesiones a los nacionalistas) y hay que combatir a “los pseudomedios” (mientras se toma el control de RTVE, por más  que la fórmula contravenga de manera flagrante las exigencias del Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación).

¡Claro que hay que oponerse a los atropellos del trumpismo! ¡Y a tantos otros! El problema es que la utilización de esa pose para presentarse como un mirlo blanco de la moralidad tras todo el daño causado a nuestro Estado de Derecho (la captura del sistema de contrapesos es especialmente grave) ya solo es creíble para los muy cafeteros.

Sucede que, pese a los ímprobos esfuerzos del coro de opinión sincronizada, y aunque no nos entusiasme la alternativa que se vislumbra, muchos no hemos renunciado a ese suelo moral que este Gobierno dinamitó definitivamente antes de nacer.