Conflicto educativo: ni chantaje ni parálisis

Vuelvo al conflicto educativo en Cataluña con la sensación de que entramos en una fase especialmente delicada. Un pulso sindical legítimo en sus reivindicaciones amenaza con derivar en un bloqueo estructural del sistema. Conviene decirlo con claridad: ni el chantaje puede marcar la agenda del Govern, ni la parálisis puede convertirse en una respuesta aceptable.

Es fácil simpatizar con las demandas del profesorado. Los docentes acumulan años de pérdida de poder adquisitivo, especialmente en el complemento autonómico, que lleva más de dos décadas sin actualizarse. A ello se suma la sobrecarga real que genera la inclusión educativa sin recursos suficientes, ratios elevadas en aulas complejas y una burocracia creciente que resta tiempo a la docencia.

El problema no reside en estas quejas, sino en la deriva del conflicto hacia posiciones de máximos, donde la presión sustituye al acuerdo y el éxito de la movilización se interpreta como carta blanca para endurecer posturas.

No es la primera vez. USTEC, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública, junto a ASPEPC, CGT e Intersindical, que juntos representan alrededor de tres de cada cuatro delegados, ya ha llevado en ocasiones anteriores el sector a callejones sin salida, sobre todo cuando gobierna la izquierda no independentista. Existe una lógica reiterada de escalada que acaba perjudicando aquello que se dice defender: el buen funcionamiento de las aulas.

A esta dinámica se suma un ajuste de cuentas interno. La pugna por la hegemonía sindical —entre quienes firmaron el acuerdo y quienes no— ha contaminado el ambiente y empujado las posiciones hacia la rigidez.

El Govern de Salvador Illa firmó hace semanas un pacto con CCOO y UGT, sindicatos que rondan el 20-23% de representatividad en el sector, que incluye unos 3.000 euros brutos adicionales por docente en cuatro años, una ligera bajada de ratios en centros de complejidad y más recursos para inclusión, con un coste estimado de unos 2.000 millones a largo plazo. Illa lo presentó como el acuerdo “más ambicioso posible”.

El Govern cierra con CCOO y UGT un pacto educativo "histórico" sin el apoyo del mayoritario Ustec

Sin embargo, una consulta impulsada por los sindicatos críticos reunió aproximadamente la mitad de la plantilla estructural, y arrojó un rechazo masivo del 95%. A ello siguió una semana de huelgas y protestas en toda Cataluña. El viernes pasado, unas 35.000 personas se manifestaron en Barcelona, según la Guardia Urbana. Cientos de centros han suspendido o alterado salidas escolares y colonias. El malestar es evidente y no puede despacharse como mero corporativismo.

El Govern tiene ahora un problema de gestión complejo. Los sindicatos no firmantes han demostrado capacidad de movilización y buscan consolidar su posición de fuerza. Aquí radica el riesgo principal: que el conflicto se cronifique en una sucesión de pulsos que no resuelven nada y desgastan el sistema.

Illa actuó correctamente al no acudir al encuentro unilateral convocado ayer martes en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona. Aquella convocatoria tenía un claro componente de escenificación tras la huelga y planteaba el diálogo en términos cercanos al ultimátum. Un Govern democrático no puede legitimar ese tipo de dinámicas.

Pero rechazar esa escenificación no basta. El Ejecutivo no puede quedar prisionero de posiciones maximalistas, pero tampoco puede renunciar a ordenar el conflicto. La vía sensata pasa por sostener el acuerdo con CCOO y UGT como base mínima de estabilidad —imperfecta, pero ya firmada— y abrir al mismo tiempo un espacio real de interlocución con los sindicatos mayoritarios para rebajar la tensión y abordar puntos pendientes: la actualización efectiva del complemento autonómico, reducciones de ratios más ambiciosas donde más se necesitan y medidas concretas para aliviar la burocracia.

En este contexto resulta oportuno recordar la intervención de Joan Coscubiela en X el mismo día de la huelga. El exdirigente de CCOO criticó duramente el “sindicalismo corporativo” de USTEC, al que acusó de “estar siempre a la contra, sin asumir nunca responsabilidad, dejando que otros firmen acuerdos para ganar derechos y luego criticarlos y exigir su cumplimiento”. Más allá del tono, su mensaje subraya un riesgo real: cuando un conflicto se convierte en un pulso de máximos en el que nadie cede, lo que acaba imponiéndose no es la victoria de nadie, sino el bloqueo de todos.

El Govern defenderá ante los profesores que el acuerdo "es bueno para todo el sistema"

Ni chantaje ni parálisis. El Govern debe resistir la presión que busca imponerle la agenda, pero también evitar atrincherarse. Los sindicatos, por su parte, deben calibrar si una estrategia de tensión permanente no acabará erosionando el apoyo social y perjudicando al propio sistema que dicen defender.

Porque lo que está realmente en juego no es solo una negociación laboral, sino la capacidad de Cataluña para romper este bucle y recuperar la normalidad en su educación pública. Ese objetivo exige pragmatismo, transparencia en las cifras presupuestarias y, sobre todo, responsabilidad compartida. Sin ella, el coste lo pagarán, una vez más, los alumnos.