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Jordi Mercader, junto a una fotografía de Salvador Illa y Oriol Junqueras

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Pensamiento

El riesgo de una negociación temeraria

"La cesión de la totalidad del IRPF a una comunidad, aunque sea Cataluña, es materia de ley orgánica, y la vigente ley de financiación autonómica fija el tope de cesión en el 50%"

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Los presupuestos de la Generalitat están pendientes de una exigencia de ERC planteada en verano de 2024 para investir a Salvador Illa. Casi dos años después, la cesión integral del 100% del IRPF sigue encallada. Desde el primer día, los republicanos lo quieren para ya y el Gobierno español responde que se puede estudiar, pero que ya veremos. El presidente Illa dice que cumplirá sus compromisos, sin embargo, poco puede hacer en este caso, salvo pedírselo a diario a Pedro Sánchez.

La cesión de la totalidad del IRPF a una comunidad autónoma, aunque sea Cataluña, es materia de ley orgánica, y la vigente ley de financiación autonómica fija el tope de cesión en el 50%.

Aceptando que esta cesión sería buena para la Generalitat, y confiando en que la Agencia Tributaria Catalana estuviera en condiciones de asumirlo a corto plazo, las preguntas a responder son cristalinas. ¿Está dispuesto realmente el PSOE a hacerlo como un ultimátum para salvar los Presupuestos de la Generalitat? ¿Tiene una mayoría absoluta en el Congreso para aprobarla?

Negociar una investidura con compromisos que exceden las competencias de los implicados directamente no parece la mejor idea del mundo. Las posibilidades de fracaso son altas. Es una maniobra que tiene un punto de temeridad poco adecuado en un clima general de alarmante desprestigio de la política y de falta de credibilidad de los políticos. Pero así lo decidieron PSC y ERC, con el beneplácito del PSOE, y ahora deben asumir los riesgos de aquella insensatez.

El Gobierno central no está dispuesto a ceder el impuesto por excelencia de la Hacienda española a todas las comunidades. Ni quiere ni seguramente puede, sin poner en peligro la viabilidad del Estado.

Lo advirtió desde el primer día María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Así que la primera cuestión puede formularse de manera más precisa: ¿puede permitirse la ministra-candidata la aprobación de una ley que delegue la totalidad del IRPF solamente a Cataluña? 

El contexto no es propicio para apuestas parlamentarias arriesgadas, y no puede sorprender que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera ganar tiempo. Un tiempo que no tiene el presidente Illa para poder gobernar con mayúsculas, a menos que ERC retroceda como lo ha hecho con la propuesta de financiación y acepte la progresividad de la cesión, con cogestión incluida, como le vienen ofreciendo la Generalitat y el Gobierno central.

El margen de maniobra ante un objetivo tan concreto y contundente como obtener la cesión del 100% del IRPF es mínimo. No admite la creatividad literaria utilizada en la formulación de la singularidad financiera. La totalidad de la gestión o es o no es. Para ERC, la negativa a su reclamación solo podría salvarse con un calendario de entrada en vigor, a partir de una iniciativa legislativa a la que el PSOE se resiste.

La situación es comprometida para todos. ERC se sitúa por voluntad propia ante un ultimátum manifiestamente innecesario para ellos y para el país, asumiendo una posición delicada que puede beneficiar a sus competidores soberanistas. Casi tan crítica como la del PSC, que puede verse condenado a gobernar en minoría y sin presupuestos, después de comprobar por enésima vez que el PSOE le apoya sólo cuando le conviene.