La cuestión catalana, anclada en 2010

Hace unos años, cuando Pedro Sánchez fue investido presidente por primera vez, pregunté a un amigo con muchos años de experiencia en las salas de máquinas de la política socialista, qué pensaba el nuevo presidente sobre Cataluña y su interminable contencioso con el Estado español. Su respuesta fue concisa: “Cree que lo puede arreglar”. “Y cómo”, le repliqué, emocionado. “No lo sé, ya veremos”, dijo.

Después de casi ocho años, nueve indultos, una amnistía en el limbo, una financiación singular pendiente de aprobar, una promesa de cesión del IRPF a la Generalitat que depende del Congreso, y de una ofensiva diplomática (todavía sin premio) para conseguir que el catalán sea lengua oficial en las instituciones europeas, ya nos podemos hacer una idea de lo que el joven presidente entendía por “arreglar” la cuestión catalana.

Sánchez ha buscado rebajar la tensión entre catalanes y entre la Generalitat y la Administración central. Y, de paso, dar satisfacción a las exigencias de sus aliados soberanistas en el Congreso. La victoria electoral del PSC y la investidura de Salvador Illa le facilitaron enormemente las cosas.

La normalidad política en Cataluña, realmente maltrecha tras la temeridad independentista de 2017 y la posterior reacción extremista de los jueces, se ha venido proclamando a menudo por el Gobierno central y el de la Generalitat como un objetivo conseguido.

Ahí estamos, tranquilos, disfrutando de una mejora innegable de la convivencia, gracias a la política de diálogo de Sánchez y de Illa y, también, como resultado de la desorientación de los dirigentes independentistas.

¿Y eso es todo?

El Estatuto enmendado por el Tribunal Constitucional en 2010 no fue avalado por ningún referéndum y las medidas para deshacer los recortes parlamentarios y judiciales imaginadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (utilizar la vía de las leyes orgánicas para recuperar los contenidos perdidos) no prosperaron con 169 diputados del PSOE, y menos lo harían ahora con los 120 escaños que le quedan.

Más allá de la aritmética parlamentaria, la incógnita de fondo persiste. ¿Cuál es el proyecto de Sánchez para dar una respuesta institucional satisfactoria a las reclamaciones históricas del catalanismo en el marco de la España plurinacional?

Salvador Illa ganó las elecciones proclamando que venía a “unir y servir”, lo que podía entenderse como la voluntad de ejercer plenamente todas las competencias disponibles por parte de la Generalitat y recuperar un mínimo consenso político y social para elaborar una propuesta para profundizar en el autogobierno.

Ciertamente, lo de gobernar lo tiene muy ocupado, tras tantos años de desidia y desprecio por la gobernación por parte de sus predecesores. Lo de unir o crear consensos de carácter nacional es más complicado, especialmente desde la minoría parlamentaria.

El presidente Illa quizás esté al tanto del proyecto de Sánchez, y de ahí su prudencia en concretar su propia apuesta para ilusionar de nuevo al país. Sin embargo, debería ir afinando los papeles, porque no tardará en llegar el independentismo radical e intolerante. Y entonces, todo serán prisas.