Regular los pisos turísticos, no eliminarlos: 200.000 trabajadores en juego

Barcelona ha acogido una nueva edición del Mobile World Congress, una feria de referencia internacional que hace más de 20 años que apuesta por nuestra ciudad.

Desde los Juegos Olímpicos de 1992 hasta cientos de congresos y festivales, Barcelona se ha consolidado como un polo de atracción mundial.

La ciudad tiene muchos puntos fuertes para acoger grandes eventos: buenas infraestructuras, una oferta de ocio y negocio excelente, una actitud acogedora y un clima envidiable.

Pero nada de eso sirve si no tenemos la capacidad de recibir a los visitantes como Dios manda y, a la vez, garantizar que la ciudadanía salga ganando.

En este debate, a menudo se presentan los pisos turísticos como los culpable de la subida de los alquileres y de la expulsión del vecindario.

Pero la experiencia de ciudades que siguieron el camino de la prohibición radical, como Nueva York, nos muestra que estas medidas a menudo acaban beneficiando solo a los grandes operadores hoteleros y no resuelven el problema de acceso a la vivienda.

Los estudios sobre la materia son concluyentes: los pisos turísticos de Barcelona no contribuyen al aumento de los precios de los alquileres convencionales.

Pese a ello, el debate político acostumbra a simplificar la realidad y, a menudo, se utiliza un relato que busca culpables fáciles en lugar de afrontar el reto desde la complejidad que merece.

Las viviendas de uso turístico (VUT) solo representan, aproximadamente, el 1% del parque de vivienda de Barcelona, con unas 10.000 unidades registradas.

En cambio, la ciudad cuenta con más de 157.000 plazas hoteleras, muchas de las cuales ocupan edificios que también podrían destinarse a vivienda habitual.

Desde 2014, Barcelona no concede nuevas licencias de vivienda de uso turístico, de modo que su número se mantiene estable desde hace más de una década. Aun así, en este mismo periodo el precio del alquiler en la ciudad ha aumentado cerca de un 60%.

Es, pues, difícil sostener que las VUT sean las responsable del encarecimiento del alquiler cuando su cifra no ha crecido mientras los precios sí lo han hecho de manera sostenida.

Por otra parte, no podemos olvidar que la gran mayoría de estas viviendas están en manos de pequeños propietarios, que contribuyen a redistribuir la riqueza del turismo y a mantener vivos los barrios.

Las viviendas de uso turístico impulsan la economía local y generan ocupación estable y de calidad para una amplia red de profesionales y proveedores.

No hablamos solo de personal de limpieza y mantenimiento, sino también de desarrolladores de software de plataformas de reserva, interioristas, profesionales de la atención al viajero, gestores, así como trabajadores de la restauración, el ocio y la cultura que ofrecen servicios a los visitantes de la ciudad.

Se calcula que, en Barcelona, este ecosistema da trabajo para cerca de 40.000 personas y, en Cataluña, a unas 200.000.

La eliminación de las VUT pone en peligro todo este tejido económico y, si se consuma, podría suponer el mayor ERE de la historia de Cataluña, promovido, paradójicamente, por las principales instituciones públicas del país: la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Como todos los sectores, la vivienda de uso turístico debe estar sujeta a una regulación equilibrada y proporcionada, pero no puede desaparecer por decreto.

No se puede afrontar un reto complejo suprimiendo de repente toda una actividad que da trabajo y oportunidades a miles de familias.

Aún estamos a tiempo de que las instituciones se posicionen al lado de los trabajadores y de las familias, y de que el Parlament derogue el decreto-ley que faculta a los ayuntamientos a extinguir las licencias de VUT.

Esta derogación permitiría abrir una mesa de negociación con todos los actores implicados para impulsar una regulación proporcionada, basada en datos y consenso, poniendo en el centro del debate a las personas que dependen de este sector para vivir.