Lo que nadie te cuenta sobre cómo se gasta el dinero público

Hay una pregunta que me han hecho decenas de veces a lo largo de mis veintiséis años como interventor en la administración pública ¿y tú qué haces exactamente? Aunque me siento como Chandler de la serie Friends, ¿se acuerdan de que nadie sabía en lo  que trabajaba?, la respuesta corta es que, en principio, controlo que el dinero público se gaste bien. La respuesta larga es otra. Existe una creencia extendida, casi inocente,  de que el presupuesto aprobado equivale a dinero gastado. Como si la votación en el  parlamento o en el pleno fuera el pistoletazo de salida y el dinero llegara al destino previsto en cuestión de días. Ojalá. 

La realidad es bastante más tortuosa.  

Entre la aprobación de un presupuesto y el momento en que ese dinero llega efectivamente a quien debía llegar, existe un laberinto administrativo que tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propios guardianes o desatascadoras, a veces. Yo era uno de ellos. 

Cualquier gasto público pasa, antes de materializarse, por una serie de fases que en la jerga llamamos el ciclo del gasto que comprende la autorización del gasto, la disposición del crédito, el reconocimiento de la obligación y, finalmente, el pago. Cuatro pasos que sobre el papel parecen sencillos y que en la práctica pueden extenderse durante meses. A veces, años. 

Creo que se entiende mejor con un ejemplo. Pongamos un ejemplo cotidiano. Una consejería o ministerio aprueba en enero una partida para renovar equipos informáticos en escuelas. Se abre el expediente, se redactan los pliegos, se publica la licitación, se adjudica el contrato. Estamos en mayo. Luego viene la entrega, la recepción, la factura, la conformidad del servicio. El pago efectivo puede producirse en octubre, con suerte. Y si hay alguna incidencia —un recurso, un error en la  documentación, un cambio de gobierno— el reloj vuelve a cero. Y además los gastos y la complejidad cada vez son mayores y el personal es menor y menos formado. 

No lo digo como crítica. Lo digo como descripción. Este sistema existe por razones que tienen toda la lógica. Hay que garantizar que el dinero público se gasta en lo que se dijo, por quien tenía autorización para hacerlo, con las garantías procedimentales que exige una democracia. El control previo que ejercemos los interventores no es  burocracia caprichosa. Es el seguro que evita que el dinero de todos acabe donde no  debe. Podría escribir un libro de sugerencias random que he oído y que van más allá  de la lógica y que, por suerte, se han conseguido parar.

Pero no nos engañemos. El control tiene un coste que pocas veces se reconoce públicamente. La lentitud. Y esa lentitud genera frustración, tanto dentro como fuera de la administración. Los gestores se desesperan con los plazos. Los proveedores se desesperan esperando cobrar. Los ciudadanos se desesperan viendo obras sin empezar o servicios anunciados que tardan en llegar.

Aunque mis casi 30 años de experiencia en muchas administraciones europeas —que poca gente tiene y nadie me puede discutir— es que el control rara vez tiene la culpa de la lentitud. Y que me expliquen primero qué se puede hacer en una empresa privada donde no se mueve un boli sin que el CFO lo apruebe. No se puede exigir menos en la administración. Y esto no se entiende, pero es así. 

Lo que nadie explica es que esa lentitud no es pereza ni ineficiencia, aunque a veces también lo sea. Es, sobre todo, el precio de la transparencia y la rendición de cuentas. Cada papel que se firma, cada informe que se emite, cada reparación que se formula es un eslabón de la cadena que permite que mañana, si alguien pregunta dónde fue ese  dinero, haya una respuesta documentada y trazable. 

Llevamos décadas discutiendo cómo modernizar la administración, agilizar los procedimientos, reducir los tiempos. Es una conversación necesaria y urgente. Pero hay que tenerla sabiendo lo que se juega en cada simplificación. Cuando se elimina un trámite sin reemplazarlo por otro mecanismo de control equivalente, no se gana eficiencia; se abre una grieta. 

El dinero público no es de nadie y por eso es de todos. Eso, que suena a frase hecha, tiene consecuencias muy concretas en el día a día de quienes lo gestionamos. Significa  que no hay propietario que lo cuide con el instinto de quien protege lo suyo. Significa  que las tentaciones —no siempre maliciosas, a veces simplemente cómodas— de saltarse un paso son mayores. Y significa que el sistema tiene que ser más robusto, no menos, para compensar esa ausencia de propiedad. 

Así que la próxima vez que escuchen que tal partida presupuestaria está aprobada, no den la obra por inaugurada ni el servicio por prestado. Queda lo más difícil. Y es gastarlo bien.