El cambio de vías y la nueva 'dialéctica armada' entre PP y Vox

Desde que en España coger un tren, un hecho cotidiano al que casi nadie vinculaba con un peligro cierto, y mucho menos con la tragedia de una muerte masiva y en cadena, es sinónimo de catástrofe potencial algo ha cambiado, y quizás para siempre, en la política española, reducida en los últimos ocho años a la articulación de embustes sucesivos –narrativas, según el lenguaje de los politólogos– y alejada tanto de la gestión de lo trascendente como de la idea de la ejemplaridad. 

Tenemos suerte: estamos viendo cosas que jamás imaginamos. Al mismo tiempo habitamos en una época calamitosa y generosa en desgracias. Lo primero se comprueba, por ejemplo, al escuchar a Felipe González, el último socialdemócrata que queda en el PSOE, anunciar su voto en blanco en unos hipotéticos comicios generales que igual pueden adelantarse a finales de este mismo año o dilatarse hasta mediados del próximo. 

Su mensaje es nítido: todo aquel que aspire a que los socialistas españoles vuelvan a ser lo que un día fueron y abandonen el populismo entronizado tras la victoria (cada día más dudosa) de Pedro Sánchez en las primarias del retorno a Ferraz debe quedarse en su casa y abstenerse de apoyar al César menguante.

Hay quienes dicen sentir lástima –otros, en cambio, muestran un desprecio equivalente a odiar a su familia– al ver al expresidente del Gobierno, que no coincide con el Insomne desde la celebración en Sevilla del cuarenta aniversario de su victoria electoral en 1982, hace cuatro años, abstenerse de votar al partido que refundase en el congreso de Suresnes. 

No hay motivo: la postura de González es coherente con su posición crítica frente al procés, su negativa a la amnistía y su combate contra la espiral de indignidad que define esta legislatura, en la que el Gobierno no puede hacer política –porque carece de mayoría positiva–, pero sí destrozar las instituciones y enfrentar a los españoles. Al manifestar su libertad de criterio, González únicamente evidencia lo atados que están a sus propios intereses (fenicios) los actuales dirigentes del PSOE. 

Sobre los quebrantos cotidianos no es preciso explicar demasiado: desde la calamidad de la gota fría en Valencia, pasando por el deterioro de todos los servicios públicos esenciales –especialmente la asistencia sanitaria y la red ferroviaria– hasta llegar a las infames muertes de Adamuz, que eran perfectamente evitables, los síntomas del hundimiento español son expresos, cuando no mayúsculos. 

Todos los asuntos básicos –trabajo, vivienda, atención social– han ido a peor mientras la presión fiscal no deja de aumentar, revelando, salvo para los fanáticos, que el sanchismo, como cualquier otro populismo, y la corrupción tienen consecuencias concretas: destroza la moral pública, empobrece a un país (en el sentido material, pero también espiritual) y lo conduce al conflicto interno. 

España está detenida dentro de un túnel. Y la única vía de salida –un adelanto electoral– está obstruida por el capricho del maquinista, incapaz de poner el tren en marcha y que, al tiempo, se niega a dejar salir a los pasajeros, que mantiene encerrados bajo llave. El Insomne tiene secuestrada a la democracia española, por mucho escándalo que esto provoque entre quienes creen que una cruzada escénica contra Trump y los tecno-oligarcas digitales salvará al sanchismo de la ley de la gravedad. 

El carrusel electoral, que empezó en Extremadura, prosiguió este fin de semana en Aragón y cuyo siguiente episodio es Castilla y León, hasta la estación término de Andalucía, revela tanto la decadencia electoral de los socialistas como la dependencia del PP de Vox. Génova hace hincapié sin cesar en lo primero; Ferraz insiste en bucle en lo segundo. 

Lo que nadie enuncia es lo que ya se vislumbra en el horizonte: un cambio en el eje histórico de la política española de consecuencias imprevisibles. Estamos a las puertas de un escenario inédito. La lógica de la Santa Transición, que nunca fue otra cosa distinta a una mímesis de la Restauración borbónica, se basó en el juego entre dos grandes partidos –los integrados– y una constelación más o menos variable de sellos políticos secundarios –los apocalípticos–, bajo el arbitrio de la Corona. 

Este sistema se agotó hace más de una década, tras la crisis política que sucedió a la debacle económica de 2008, y feneció con la pandemia. Desde entonces estamos ya en otra pantalla: una Casa Real reducida a su mínima expresión representativa, un PSOE convertido en el principal factor de desestabilización del sistema político y unos nacionalismos abiertamente separatistas que, a pesar de haber sido integrados en su día dentro de la España democrática, persisten en un desafío totalitario. 

Los socialistas ya no tienen a nadie a su izquierda –Podemos es una secta y Sumar una absoluta broma–, pero tampoco son capaces, como muestran los resultados de las elecciones territoriales, de retener el voto de izquierdas. El PP también ha perdido la brújula: cada cita electoral muestra cómo crece su dependencia de Vox, convertido en determinadas provincias en segunda fuerza política (por encima del PSOE). 

Los ultramontanos agitan el fantasma de la inmigración –exactamente igual que Aliança Catalana– y prometen ley y orden. Sus mensajes son tan demagógicos como los que fabrican los socialistas, pero, al contrario que estos, su avance se ha acelerado gracias a la ayuda de la Moncloa, donde consideran que el incendio de Roma es un espectáculo prodigioso que, tras el mar de cenizas, les permitirá retornar al monte Palatino. 

Es un espejismo, por supuesto. El fuego no purifica: mata. La política española, tras la calamidad de Adamuz, ha entrado en un cambio de vías. Si los socialistas se hunden dentro de cinco meses en Andalucía dejarán de ser uno de los pilares del sistema turnista, inoperante estos últimos ocho años debido al sanchismo, y la dialéctica política se trasladará a la cohabitación (tormentosa) entre PP y Vox. Una derecha (presuntamente moderada) en retroceso y una ultraderecha (radical) en plena ebullición.