El mantenimiento, la obligación incómoda de los gobiernos

Las lluvias que han llenado los pantanos han agudizado también los efectos de una conservación deficiente durante décadas de la infraestructura ferroviaria, especialmente la de proximidad.

Ni el primer beneficio es mérito de ningún Gobierno, ni el desastre propiciado por la desidia estructural del Estado y sus empresas debería atribuirse en exclusiva a los políticos en el cargo.

Todos los partidos que han participado de la gobernación del Estado y de Cataluña en los últimos tiempos deben asumir su cuota de responsabilidad en la dejadez. Lo menos que se puede esperar de los que ahora están en la oposición o actúan de socios de los que gobiernan es que modulen su discurso atendiendo a la incompetencia demostrada en su turno.

La evidencia de esta responsabilidad compartida no es una eximente para justificar que los gestores de la crisis de seguridad del servicio de cercanías de Renfe no hayan actuado con la contundencia necesaria en las decisiones ni con la diligencia y coherencia en su comunicación que podría haber paliado la indignación de los usuarios.

Para cuando el caótico episodio se supere y los dos Gobiernos implicados hagan balance de su actuación, manifiestamente mejorable, y exijan las responsabilidades debidas, deberían aprovechar para analizar el grado de cumplimiento de la misión de servicio de los medios públicos ante tales crisis.

El ruido político del episodio y el espejismo de una solución mágica para el deficiente servicio de Renfe en forma de traspaso inmediato a la Generalitat no debería desviarnos del problema de fondo.

Este no es otro que el estrés que padecen las infraestructuras de transporte y movilidad y los servicios públicos en general, lastrados por un mantenimiento insuficiente durante años, expuestos al desgaste de la climatología, superados por un crecimiento demográfico acelerado y por unas inéditas exigencias de movilidad de la economía y la vida social.

El mantenimiento es el patito feo de la gestión pública. No da a sus responsables el brillo político de unas solemnes inauguraciones. Sin embargo, esta inversión consume buena parte de los presupuestos ordinarios y alimenta un pujante negocio de concesionarios privados de obligaciones públicas.

Ahora nos ocupan los trenes, pero acecha el colapso permanente de la AP-7 y se intuye el de la sanidad, la educación o el de la limpieza de las ciudades.

El panorama es crítico, responde a déficits viejos entre los que destaca una planificación discutible vistos los resultados, pero además la implosión se produce en un contexto de debilidad política de las instituciones.

Los Gobiernos de minoría absoluta reinan por doquier, con un voluntarismo a prueba de desastres cotidianos, pero sin presupuestos actualizados y, en el mejor de los casos, a merced de unos socios ventajistas que muchas veces cuesta de diferenciar de la desleal oposición.

En el caso de la Generalitat, la incertidumbre del hoy viene precedida por un largo ayer de gobiernos inoperantes concentrados en la frustrada aventura independentista. Mañana, tal vez ya lleguen los bárbaros.