Alta irresolución

El ser humano está en constante movimiento. Así lo relata nuestra huella genética. Somos supervivientes de bisnietos, padres e hijos de personas migradas.

Hoy, la inmigración se ha convertido en una herramienta punzante del discurso político utilizada para generar dolor y confrontación social. Se recurre al enfrentamiento de unos contra otros para desviar la atención de quienes toman las decisiones. Se reduce a una sola palabra realidades muy distintas, orígenes, historias, motivos y trayectorias vitales de personas que, por razones diversas, se han movido, eligiendo España como su lugar de residencia en este mundo cada vez más interconectado a través de vías físicas y virtuales.

Me pregunto hasta cuándo los programas de inmigración de los partidos políticos más representativos de España nos seguirán proponiendo una migración legal, clasificada y organizada, como si estuviéramos huérfanos de leyes.

En España, desde 2022, se han aprobado dos modificaciones casi integrales del Reglamento de Extranjería. La primera de estas reformas se materializó a través del Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, mediante el cual se introdujeron modificaciones orientadas a facilitar la incorporación de personas extranjeras al mercado laboral y flexibilizar determinadas vías de regularización administrativa.

La segunda reforma fue aprobada mediante el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, enfocada en la modernización del sistema de extranjería, supuestamente con la intención de simplificar diversos procedimientos administrativos; pero de simple, nada.

De hecho, en el periodo más reciente, y especialmente tras la entrada en vigor del Real Decreto 1155/2024, se han dictado al menos cinco Instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), incluida una instrucción conjunta con otros órganos administrativos, y 10 Criterios de Gestión de la Dirección General de Gestión Migratoria, muchos de ellos con posteriores ampliaciones o matizaciones, lo que evidencia la dificultad de su aplicación homogénea y la inseguridad jurídica generada tanto para las personas migrantes como para los profesionales que las asesoran. Se han redistribuido competencias (y con ellas criterios) creando un caos difícil de asimilar que se asemeja a una imagen borrosa, de poca resolución.

El origen de este despropósito legislativo radica, en gran medida, en un asesoramiento incompleto por parte de los operadores jurídicos especializados en la materia y, especialmente, en la exclusión de los propios representantes de la migración de los procesos de elaboración normativa. Esta omisión resulta particularmente incomprensible si se tiene en cuenta la existencia de cientos de asociaciones civiles integradas por personas migradas, así como de entidades especializadas en el análisis y acompañamiento de los procesos migratorios.

Existen registros oficiales de asociaciones por comunidades autónomas, mapeos sectoriales, redes de trabajo consolidadas y convocatorias públicas de subvenciones; y, sin embargo, se continúa legislando sin un conocimiento suficientemente preciso y actualizado de la realidad migratoria. La regulación de un fenómeno de esta complejidad no puede abordarse desde una perspectiva ensimismada ni al margen de quienes lo experimentan y lo conocen de primera mano.

Nací en Venezuela y resido en Barcelona desde hace 20 años. Tengo vecindad civil catalana, por elección, así lo hice cuando me nacionalicé española. Nadie pone en duda que Cataluña es hoy una sociedad profundamente diversa. Los datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona en junio de 2025 revelan que 613.000 personas residentes en el municipio han nacido en el extranjero (siendo Argentina el principal país de nacimiento, seguido de Colombia, Perú, Venezuela, Pakistán y Marruecos), sobre una población total de 1.732.066 habitantes, una cifra que, según el Idescat, ascendía a 554.897 personas en 2024 y que no ha dejado de aumentar desde 2023.

Resulta especialmente llamativo que, mientras el discurso político se construye en términos abiertamente contrarios a la migración, sea precisamente este colectivo el que sostiene, en gran parte, el elevado coste de vida en la ciudad de Barcelona. Pese a ello, en el debate público se presenta a la migración de forma indiscriminada como responsable de los problemas de convivencia urbana, obviando la diversidad de realidades y aportaciones que conforman el fenómeno migratorio.

En el Parlamento, en los ayuntamientos, en los órganos consultivos, en las direcciones de empresas públicas o en los debates mediáticos, las voces migrantes siguen siendo la excepción. Se nos convoca para trabajar, pero no para decidir; para ejecutar, pero no para gobernar a pesar de representar estadísticamente, según cifras del propio Ayuntamiento de Barcelona, el 35,4% del total de los habitantes de la ciudad, algo más que una tercera parte de la población, pero ese porcentaje no se traduce en derechos políticos, ni en acceso a la estabilidad institucional.

El mercado laboral en Cataluña ilustra con claridad esta paradoja. Las personas migrantes sostienen los cuidados, la restauración, la agricultura, la logística, las pequeñas empresas que generan impuestos y empleos, todos ellos imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la economía, sin embargo, el empleo público catalán continúa siendo un espacio mayoritariamente homogéneo, blindado por requisitos administrativos que excluyen a buena parte de la población extranjera, incluso a aquella con años de residencia, formación y experiencia.

Esta exclusión no es accidental, responde a un modelo que concibe la migración como fuerza de trabajo con identidades recortadas antes que como ciudadanía. Un modelo que teme a la pluralidad cuando se expresa en forma de opinión, voto o liderazgo. Por eso los debates sobre extranjería, empleo o convivencia se formulan casi siempre sin la presencia de quienes viven en primera persona sus consecuencias. Se habla sobre migrantes, rara vez con migrantes. Un sistema ineficiente, de alta irresolución.