En su discurso del pasado 26 de diciembre, haciendo balance de la situación política en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, subrayó la importancia de que en este año que acabamos de estrenar –en fin, lo acabamos de “estrenar” si no se confirman los temores, más que plausibles, de Ramón de España, y nos hayan colado de matute un año ya usado— Puigdemont pueda regresar a Cataluña y Oriol Junqueras deje de estar inhabilitado y pueda concurrir a las próximas elecciones. Es lo que él llama “amnistía plena”.
Entiendo que Illa no habla a humo de pajas, antes de decirlo lo habrá consultado con su jefe y colega, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El cual le habrá dado unas garantías, aunque tratándose de él serán solo más o menos fiables.
No podemos no recordar que antes de las elecciones generales que perdió, pero tras las cuales pudo formar gobierno con el apoyo de posetarras, comunistas y separatistas vascos y catalanes, Sánchez dijo en televisión que no concedería la amnistía, “porque además es ilegal, aquí y en toda Europa”, reprochó al PP que se les hubiera escapado Puigdemont y se comprometió a traerlo a España para que rindiera cuentas de sus hechos del año 2017 ante la justicia.
El regreso efectivo de Puigdemont y el levantamiento de la inhabilitación de Oriol Junqueras, para que pueda concurrir a las elecciones, servirán para varias cosas: en primer lugar servirán para perfilar con nitidez diáfana la silueta del presidente del Gobierno, o sea para que se vea clara la clase de relación… digamos “especial” o “muy creativa” que mantiene con el valor de la palabra dada.
En segundo lugar, el regreso de Puigdemont facilitará extraordinariamente la gobernabilidad de España, hará más fluidas las comunicaciones entre los dirigentes, pues el verdadero presidente, el que da el visto bueno a las iniciativas políticas del Gobierno o las cancela no es otro que Puchi.
Sí, tiene guasa la cosa, pero si te cabe alguna duda sobre ello ahí tienes al ministro de Asuntos Exteriores, que en estos momentos de tremenda preocupación europea por diversas cuestiones de vida o muerte –entre ellas Ucrania y Rusia, o los planes de Mr. Trump para apoderarse de Groenlandia, con la “legitimidad” que le da al atropello su naturaleza de “asunto de seguridad nacional”— peregrina en Bruselas de despacho en despacho implorando la oficialidad del catalán, el vascuence y el gallego para apaciguar a Puchi. Con el imaginable fastidio de los altos funcionarios.
Cuando Puigdemont esté totalmente legalizado y de vuelta en Barcelona, será mucho más fácil que el señor Sánchez acuerde directamente con él las políticas a seguir, y saber qué se le ofrece, y seguir sus instrucciones, ya sin necesidad de recurrir, como ha hecho hasta ahora, a intermediarios Cerdanes, ni Zapateros, ni visitantes embozados de medianoche, ni a llamadas telefónicas a larga distancia, que siempre corren el peligro de ser interceptadas y publicadas –el Mossad le tiene enfilado--.
Cercanía y proximidad entre los que en España cortan el bacalao, o sea Sánchez y Puigdemont. El AVE salva la distancia entre Madrid y Barcelona en tres horas y media. Será mejor que sea el presidente del Gobierno el que venga a Barcelona, pues lo peor que puede pasarle es que alguien le vea en la calle y le insulte, pero es que si Puigdemont se deja ver en Madrid se arriesga a quebrantos más graves.
Finalmente, la amnistía plena en la que Illa confía, y la consiguiente reincorporación de Puigdemont y Junqueras a la liza política y al concurso a las próximas elecciones autonómicas, presenta otra ventaja: podría ser que en alianza con la señora Orriols las ganasen. En tal caso, sería sensacional la cara que se le quedaría al señor Illa. Le tengo mucho respeto y hasta simpatía al presidente de la Generalitat, pero preveo que ese día yo no podría resistirlo: me partiría de la risa.