2025: inflexión en España, transición en Cataluña

En la política española, 2025 ha marcado un punto de inflexión en el agotamiento del sanchismo; en la catalana, en cambio, ha sido un año de transición contenida, de baja intensidad institucional, aunque con algunas novedades relevantes.

En el ámbito nacional, el año ha confirmado que el proyecto político de Pedro Sánchez ha entrado en una fase terminal. El desgaste no es puntual, sino acumulativo. Los escándalos de corrupción en el entorno socialista, las denuncias de acoso sexual contra dirigentes del PSOE, la pérdida de una mayoría parlamentaria operativa y la prórroga por tercer año consecutivo de los Presupuestos Generales del Estado dibujan un escenario inequívoco de fin de ciclo. No se gobierna: se sobrevive.

La acción política se ha reducido a una gestión defensiva. Cada votación es agónica; cada decreto, un parche. La imposibilidad de aprobar nuevas cuentas no es coyuntural, sino la prueba de que la coalición de investidura ha dejado de funcionar como mayoría real.

Las elecciones en Extremadura, celebradas en diciembre, actuaron como síntoma: anticiparon la erosión territorial del PSOE y un cambio de clima político que trasciende lo local. En paralelo, Vox ha consolidado su posición como tercera fuerza nacional, intensificando la polarización.

El PSOE acusa al PP de “blanquear” a la extrema derecha; el PP replica que la estrategia de confrontación del sanchismo y sus alianzas con la izquierda radical y el independentismo han alimentado ese voto. El resultado es un clima cada vez más enrarecido. A ello se suma una degradación institucional evidente. La condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha evidenciado hasta qué punto la neutralidad institucional ha dejado de ser un valor compartido.

Cataluña ofrece un contraste claro. 2025 no ha sido de inflexión gubernamental, sino otro tiempo de espera. Se ha impuesto una política de baja intensidad, sin grandes conflictos ni decisiones de fondo, aunque con indicadores económicos bastante positivos. El Govern administra el tiempo.

La clave de la parálisis es conocida: Cataluña cierra 2025 con presupuestos prorrogados —los de 2023— porque ERC condiciona su apoyo a avances en la financiación singular, aplazados a 2026. Mientras tanto, la principal herramienta política de cualquier Ejecutivo sigue bloqueada por puro cálculo estratégico.

Aun así, conviene reconocer un mérito al Govern de Salvador Illa. Tras los años del procés, la Generalitat ha recuperado la cultura de gestión: menos ruido identitario y una relación funcional con el Estado. Así mismo, la máxima del president es la prudencia, no molestar a nadie, ni incomodar en Madrid ni contravenir a los independentistas.

La gran novedad política del año ha sido la irrupción de Aliança Catalana. Su crecimiento apunta a un posible sorpaso sobre ERC y Junts en el espacio separatista y confirma un giro a la derecha que conecta Cataluña con una tendencia más amplia. El independentismo ya no se recompone mirando hacia el centro-izquierda, sino que se desplaza hacia posiciones más duras en sintonía con lo que está pasando en el resto de Occidente.

La nota más positiva del año se encuentra en Barcelona. Tras la etapa polarizadora de la alcaldesa Ada Colau, Jaume Collboni se ha asentado como alcalde pese a gobernar en clara minoría. Sin grandes gestos ni retórica, ha devuelto a la ciudad una gestión previsible, institucional y alejada de la agitación ideológica. En el contexto actual, esa normalidad es ya un activo político.

Así, mientras en España 2025 apunta al final de una etapa, en Cataluña ha sido un año de tránsito institucional y de reordenación ideológica. En ambos casos, el denominador común es el mismo: una política que ha sustituido la ambición por la supervivencia y la claridad por el cálculo. Y eso, antes o después, pasa factura.