Bruselas pisa el freno verde: las normas que la Comisión Europea está retrasando y por qué importa

La Comisión Europea ha empezado a modular su ambición climática. Sin grandes anuncios ni rectificaciones formales, Bruselas está introduciendo retrasos, flexibilidades y matices en algunas de las normas más emblemáticas del Green Deal.

El caso del coche de combustión es el más visible, pero no es el único. El mensaje que se desprende es claro: la transición verde sigue siendo un objetivo estratégico, pero su ritmo ya no es innegociable.

Este giro no afecta solo a Alemania o Italia. España, con un sector automovilístico de gran peso —especialmente en Cataluña y otras regiones industriales— y con una apuesta creciente por las energías renovables, también se ve directamente condicionada por la nueva velocidad de Bruselas.

Lo que se decide en la Comisión repercute de forma directa en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo de miles de personas. La revisión del calendario para el fin de los motores de gasolina y diésel es el símbolo más evidente de este cambio.

Aunque el horizonte de 2035 se mantiene oficialmente, la Comisión ha abierto la puerta a excepciones que permitirían la venta de vehículos de combustión más allá de esa fecha si se compensan emisiones o se utilizan combustibles alternativos.

El veto total se convierte así en una prohibición condicionada. La presión del sector automovilístico y de países con un fuerte peso industrial ha sido determinante. Pero el automóvil no es un caso aislado. En paralelo, Bruselas está ralentizando o revisando otros pilares del marco regulatorio verde.

Los objetivos intermedios de reducción de emisiones para 2030 se reinterpretan para dar más margen a sectores intensivos en energía. Las exigencias de reporting en sostenibilidad se suavizan ante el reconocimiento de que una parte relevante del tejido empresarial no está preparada para cumplirlas en plazo. Las normas sobre cadenas de suministro y debida diligencia avanzan con mayor cautela por el temor a un impacto directo en costes y competitividad.

Incluso en el despliegue tecnológico y de inteligencia artificial se relajan criterios ambientales para no frenar inversiones consideradas estratégicas.

El patrón es consistente: no se abandona el objetivo final, pero se reduce la velocidad. Bruselas busca ganar tiempo en un contexto marcado por la desaceleración económica, la competencia global y la presión social sobre el empleo industrial.

A corto plazo, esta estrategia ofrece alivio a sectores clave y reduce tensiones políticas. A medio plazo, sin embargo, introduce un riesgo difícil de gestionar: la incertidumbre. Cuando los calendarios se mueven y los objetivos se vuelven interpretables, las decisiones de inversión se retrasan.

Las empresas que habían apostado de forma decidida por la transformación sostenible ven cómo el marco pierde previsibilidad. Europa corre así el riesgo de penalizar a quienes se adelantaron y de diluir su liderazgo en ámbitos donde aspiraba a marcar la diferencia frente a otras potencias.

Desde el punto de vista político, el coste tampoco es menor. La sostenibilidad deja de presentarse como una estrategia estructural de país y pasa a percibirse como una variable negociable en función del ciclo económico. Este mensaje alimenta el discurso de quienes cuestionan el Green Deal y dificulta la construcción de consensos sociales estables en torno a la transición ecológica.

El dilema de fondo no es si Europa debe avanzar hacia un modelo más sostenible, sino cómo gestionar el ritmo sin perder coherencia. Retrasar normas puede ser una decisión pragmática si responde a una estrategia clara y creíble. Pero cuando la flexibilidad se convierte en ambigüedad, el resultado suele ser parálisis.

Europa se enfrenta así a una disyuntiva incómoda: utilizar esta pausa para diseñar una transición más ordenada, justa y competitiva, o convertir el Green Deal en una suma de objetivos aplazados. La diferencia entre liderazgo y pérdida de relevancia se decidirá en cómo se gestione este tiempo ganado.