Cuando llueve, hay que pensar en la sequía

El pasado lunes 15 de diciembre, en plena borrasca Emilia, con clases suspendidas y en estado de alerta en diversas zonas de la costa mediterránea valenciana y andaluza, recibí varias preciosas fotografías del pantano de Oliana. Venían acompañadas de un comentario tan espontáneo como revelador: “Por suerte hay mucha agua y seguirá lloviendo”.

La imagen y, sobre todo, la frase me llevaron a recordar que hace apenas tres años vivíamos una situación radicalmente opuesta. Una sequía extrema que, meses después, derivó en restricciones severas al consumo humano, a la agricultura y a numerosas actividades productivas.

Hoy, afortunadamente, el escenario es otro. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las reservas de agua en España superan el 54% de la capacidad total de los embalses, y en el caso de las cuencas internas de Cataluña alcanzan cerca del 70%. Sin embargo, esta mejora coyuntural no debería inducirnos a una peligrosa amnesia colectiva.

La sequía no es una anomalía en el área mediterránea, forma parte estructural del funcionamiento del clima mediterráneo. Lo que sí ha cambiado es su intensidad y su frecuencia, amplificadas por el cambio climático, que convierte los episodios de escasez en fenómenos más largos, más recurrentes y mucho más difíciles de gestionar.

La fotografía del pantano de Oliana, lleno en más del 65,48%, me recordó algo que se sigue sin integrar del todo en las políticas públicas: la escasez de agua no debería abordarse como un problema circunstancial, sino como un reto estructural.

El agua cubre cerca del 80% de la superficie del planeta, aunque solo alrededor del 2% es directamente apta para usos domésticos, agrícolas o industriales, y disponemos desde hace décadas de tecnología para desalinizar agua marina a costes cada vez más competitivos. Como ya afirmaba hace más de veinte años el Cercle per al Coneixement, hoy integrado en Amics del País, al planeta no le falta agua; en todo caso, le sobra sal.

La falta de agua en países marítimos se convierte en un problema crítico cuando no han aplicado las políticas, prioridades e inversiones necesarias para potabilizar el agua de mar y transportarla allí donde se necesita. Y esta no es una discusión para el futuro, sino para el presente.

Precisamente ahora, cuando las lluvias llenan los pantanos y nos proporcionan un respiro, es cuando se deberían acelerar la planificación y construcción de infraestructuras hídricas estratégicas. Otros países lo están haciendo, no solo aplicando tecnologías existentes, sino mejorándolas, adaptándolas y desarrollando soluciones propias que refuerzan su soberanía tecnológica e industrial.

En este contexto resulta especialmente ilustrativo un ejemplo reciente que conocí, de la mano del profesor Esteve Almirall, relacionado con una nueva planta desalinizadora instalada en la provincia china de Shandong. Se trata de una instalación de nueva generación que introduce mejoras sustanciales tanto en costes como en eficiencia y aprovechamiento de subproductos.

Esta planta es capaz de producir agua potable a un coste aproximado de 0,28 dólares por metro cúbico, casi un 50% inferior al de muchas instalaciones actuales basadas en ósmosis inversa convencional. Pero su interés no se limita al precio. El diseño integra el proceso de desalinización con la producción de hidrógeno verde y la valorización de la salmuera residual.

Según los datos disponibles, a partir de 800 toneladas de agua de mar se obtienen aproximadamente 450 metros cúbicos de agua potable, junto con unos 192.000 metros cúbicos de hidrógeno y alrededor de 350 toneladas de salmuera, que no se vierte como residuo, sino que se destina a la producción de compuestos químicos de valor añadido.

Estamos, por tanto, ante una instalación que no solo reduce el impacto ambiental del proceso, sino que lo transforma en una plataforma industrial integrada de agua, energía y materias primas.

Este enfoque cambia radicalmente el paradigma de la desalinización: deja de ser un sistema intensivo en energía y residuos para convertirse en una infraestructura estratégica, alineada con la transición energética y la economía circular. Un modelo que demuestra que la tecnología ya no es el cuello de botella; lo son, en muchos casos, la falta de visión a largo plazo y la inercia política.

Mirado desde Cataluña, el debate es aún más inaplazable. Somos un territorio con una fuerte concentración industrial, agrícola y turística en un espacio reducido, y estructuralmente deficitario en recursos hídricos. Dependemos de unas cuencas internas altamente vulnerables a la irregularidad climática y de un régimen de lluvias cada vez más errático.

Las sequías de los últimos años no ha sido una excepción, sino un aviso. Un aviso de que el modelo actual, basado en gran parte en esperar que llueva, es frágil y cada vez menos viable.

Cataluña dispone de conocimiento científico, capacidad tecnológica, tejido industrial y potencial en energías renovables suficientes para liderar un nuevo modelo de gestión del agua en el sur de Europa. La desalinización avanzada, integrada con producción energética y valorización de subproductos, y la interconexión de las cuencas, no debería verse como un recurso de emergencia, sino como una infraestructura estratégica de país, al mismo nivel que las redes eléctricas o las de telecomunicaciones.

Cada euro invertido en garantizar agua es una inversión en competitividad, cohesión social y resiliencia económica.

Hay que asumir que las intensas lluvias pasarán, que los pantanos volverán a vaciarse. Lo que está en juego es si, cuando llegue la próxima sequía, Cataluña habrá decidido dejar de depender del cielo y empezar a confiar en la ciencia, la tecnología y la planificación a largo plazo. No hacerlo no será una fatalidad climática, sino una decisión política.